El maná de luchar contra el fraude fiscal

Solo es cuestión de echar cuentas. En España hay 50.366 y 3.333 millones de euros en billetes de 500 y 200, respectivamente, según la última información estadística del Banco de España a finales de noviembre de 2011. Si estas cifras las dividimos por el censo de habitantes, resulta que cada pareja con dos hijos tendría que mantener permanentemente, al menos, ocho billetes de 500 en su casa, algo más de 4.000 euros en metálico, además de los billetes de cincuenta, veinte, diez y cinco euros que normalmente utilice para realizar sus compras y pagar sus gastos.

La verdad es que parecen muchos billetes de 500 euros y así lo han puesto de manifiesto desde la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), cuyo secretario general, José María Mollinedo, señala en declaraciones a Tiempo que “estas abultadas cifras contrastan con la práctica empresarial de nuestro país que nos indica claramente que la mayoría de las empresas prefieren dejar constancia de sus pagos a través de transferencias bancarias, cheques, letras u otros efectos, de forma que los extractos bancarios a menudo constituyen una contabilidad auxiliar, así como se demuestra que estos billetes no son utilizados habitualmente en el tráfico comercial”.

¿Para qué se usan entonces tantos billetes de alto valor? Según Mollinedo, “en las investigaciones experimentales realizadas sobre billetes de 500 euros, se ha podido acreditar que la retirada o entrega de estos billetes coincidía en un 90% de los casos con una compraventa inmobiliaria realizada por grandes empresas. Esto ha permitido recaudar hasta 1.100 millones de euros por declaraciones voluntarias extemporáneas de los implicados al requerirles información para evitar que se iniciase una inspección”.

Pero los técnicos de Hacienda dan otra razón para sospechar de este dinero. Según este colectivo profesional, una parte importante de esos 53.699 millones de euros en billetes de 500 y 200 están en metálico y fuera del circuito bancario. Son improductivos desde un punto de vista financiero y sus propietarios los tienen en casa, con el consiguiente riesgo de robo o destrucción. “Todo esto –señalan en Gestha– indica claramente que existe un interés defraudatorio en mantener esos abultados saldos en dinero líquido, lo que nos permite afirmar que la práctica totalidad de esos 53.699 millones en billetes de 500 y 200 euros tienen un origen fraudulento o delictivo”.

El Gobierno, al ataque.

Una de las medidas anunciadas por el nuevo Gobierno para su plan de lucha contra el fraude y aumento de la recaudación fiscal es, precisamente, limitar la cantidad que se puede pagar en metálico por una compra o la prestación de un servicio, de manera que al dificultar el movimiento de esos billetes en el circuito negro comiencen a entrar en la economía productiva y dejen su correspondiente porcentaje de impuestos en la caja de Hacienda. Casi inmediatamente después de ser anunciada la medida, los técnicos de Hacienda señalaron como límite ideal los 1.000 euros. Con ello, según explican, se consigue que al poner el máximo de pago en metálico de una factura en esa cantidad, implicará que las empresas no podrán deducir el IVA ni el gasto en el Impuesto de Sociedades o en el IRPF por la parte pagada en metálico que exceda de esos 1.000 euros.

Y, ¿de cuánto estamos hablando? José María Mollinedo afirma: “Podemos estimar que el impacto anual sobre estas operaciones que se realizan con dinero negro será el equivalente de aplicar el tipo marginal del IRPF de los socios implicados o el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades, así como el tipo general del IVA. De acuerdo con los datos de las investigaciones que manejamos, podemos estimar en 26.200 millones de euros la recaudación adicional que se podría obtener con esta medida”.

Fuera ya se hace.

En España (ver cuadros), los billetes de 500 euros suponen algo más del 73% del dinero efectivo en circulación. Según datos del Banco Central Europeo, la economía española dispone de más del doble de billetes de 500 que la media de países de la Eurozona, donde estos billetes suponen únicamente el 33,54% del total. A eso hay que sumar el hecho de que España tiene dentro de sus fronteras el 17% de los billetes de 500 emitidos para toda la Eurozona.

Según diversas estimaciones, España ocupa el tercer lugar por tamaño de economía sumergida de la clasificación dentro de los 15 países de la Unión Europea previos a la última ampliación, solo por detrás de Grecia e Italia. Estos dos países ya han reducido recientemente a 1.000 euros el límite máximo de pago en metálico de una factura. Francia, por su parte, con una tasa de economía sumergida estimada en el 11,7% de su PIB en 2010 ha limitado a 3.000 euros el pago en metálico de las facturas.

Además, Francia incluyó la petición de la desaparición de los billetes de 500 euros como una de las 30 medidas para cercar a los paraísos fiscales. La comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, compuesta por diputados de todo el arco político, abogó por promover, a escala francesa primero y europea después, el fin de este billete. “Salta a la vista –dicen en Gestha– la correlación entre el abuso del dinero en metálico y el crecimiento de la economía sumergida, que en nuestro país ronda el 23,3% del PIB, frente a la media del 15,1% entre los países de nuestro entorno que desciende, por ejemplo, al 14,7% en Alemania”.

“Los técnicos del Ministerio de Hacienda –señala su secretario general– proponemos situar el listón español en los 1.000 euros, porque nuestra tasa de economía sumergida está más cerca de Italia y de Grecia que de Francia, y 1.000 euros es una cantidad lo suficientemente reducida como para desincentivar la utilización de dinero en metálico como instrumento idóneo en las operaciones de cierta envergadura que escapan del control del Fisco”.

Este colectivo profesional justifica la medida con dos argumentos: “Gracias a ella –dicen– se obligaría a las empresas a optar por otros medios de pago, como transferencias, cheques o cargos en tarjetas de crédito, que sí dejarían una huella fácilmente trazable y verificable para investigar posibles irregularidades, y averiguar quiénes son los verdaderos destinatarios de las operaciones. Y por otro lado, la cifra de 1.000 euros es más que suficiente como para no interferir en las pequeñas transacciones más frecuentes en las empresas, que podrían continuar recurriendo al dinero en efectivo para agilizar los trámites del día a día y cubrir posibles pagos imprevistos”.

¿Sería suficiente?

La pregunta entonces es obligada. ¿Sería suficiente con la lucha decidida contra el fraude fiscal para no necesitar subidas adicionales de impuestos y cumplir los objetivos de déficit público comprometidos por España con sus socios europeos? “Si el déficit final de 2011 fuera del 8%, como vaticinan algunos analistas, sería necesario ajustar 36.600 millones de euros. Como el Gobierno ha aprobado ya un primer plan de ajuste de 16.500 millones, harían falta ajustar otros 20.000 millones”, señalan en Gestha, desde donde añaden que “es fácil que la lucha contra el fraude pudiera aportar a corto plazo la mayor parte de ese diferencial si se adoptan medidas realmente ambiciosas, porque el margen es muy grande, actualmente cerca del 23,3% del PIB español corresponde a la economía sumergida, lo que supone en torno a 245.000 millones de euros anuales”. José María Mollinedo lo tiene bastante claro: “En un plazo de dos o tres años –asegura–, si implantáramos las medidas adecuadas para reducir la economía sumergida en unos diez puntos porcentuales, hasta situarnos al nivel de los países más avanzados de nuestro entorno, obtendríamos una recaudación anual adicional superior a los 38.500 millones de euros, lo que supondría cubrir sobradamente el bache que nos separa del cumplimiento del déficit sin tener que recurrir a recortes o medidas que pudieran afectar al Estado del bienestar”.

Otras medidas.

Pero no todo es dinero en metálico ni persecución de delitos. Los técnicos agrupados en Gestha señalan caminos adicionales para aumentar la recaudación del Estado sin necesidad de aumentos generales de impuestos. Hablan de dos caminos paralelos: la mejora en la gestión recaudatoria de algunos tributos y la aplicación de tasas selectivas para algunos grupos de contribuyentes. Recuerdan, por ejemplo, que algo está fallando en el Impuesto sobre Sociedades, el que grava los beneficios de las empresas, cuando se da la paradoja de que las pequeñas compañías pagan casi cinco puntos más que las grandes, cuyo tipo efectivo de tributación se sitúa en el 9,9% de sus ganancias.

Para este grupo de grandes empresas, Mollinedo propone una medida más: “Si para las que facturan por encima de los 45 millones de euros al año –señala– se aplicara un nuevo tipo impositivo de cinco puntos a partir del millón de euros de beneficios, se lograrían 13.943 millones de euros adicionales, reduciendo las diferencias con el tipo efectivo con las microempresas y pymes”.

Con respecto al IVA, los técnicos de Hacienda señalan que “es otra de las tasas que pueden aportar una mayor recaudación mejorando el control del fraude para extraer unos mayores ingresos, sin necesidad de un incremento de los tipos que pueda contraer el consumo perjudicando la capacidad de compra de pensionistas y personas con bajos ingresos”.

Y en cuanto al mayor control en la gestión de los ingresos, José María Mollinedo añade que “otra prioridad en la lucha contra el fraude pasa por estrechar la colaboración con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones para compartir las bases de datos”.