20 de febrero de 2009

30 / 01 / 2018
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El patrimonio oculto del cerebro de Gürtel.

Edificio Ribera del Arquero (Sotogrande), donde Correa tiene propiedades

Uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos años ha sido, sin duda, la trama Gürtel, llamada así por ser el nombre en alemán del cerebro de la misma, Francisco Correa, que conseguía importantes contratos con administraciones del Partido Popular. Javier Otero destapó en exclusiva el enorme patrimonio de Correa.

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Francisco Correa, el cerebro de la banda de El Escorial, encarcelado por el juez Baltasar Garzón en la operación Gürtel contra la trama que se ha beneficiado de sus contactos en el Partido Popular para hacer dinero, ha acumulado un patrimonio inmobiliario importantísimo como fruto de sus negocios. El grueso de este patrimonio lo forman una treintena de fincas de lujo en Sotogrande, Tarifa, Marbella, Las Rozas e Ibiza, que están a nombre de las empresas usadas por Correa a través de hombres de su confianza y que, según consta en los registros de la propiedad, han sido bloqueadas por un mandamiento del juez Baltasar Garzón.

Algunas de ellas son auténticos casoplones. Por ejemplo, entre las fincas de Correa en la urbanización Sotogrande, en Cádiz, se puede encontrar un dúplex de 622 metros cuadrados construidos. En el mercado, un dúplex de estas características en esta urbanización se vende por un mínimo de dos millones de euros. Correa tiene además atraques en la marina de la misma urbanización, que, como es sabido, es lugar de cita de los mayores patrimonios de España y cuenta con uno de los campos de golf de más prestigio del mundo, donde se celebró la Ryder’s Cup. El cabecilla de la trama mantuvo allí a buen recaudo
 su dinero.

Según los datos en poder de esta revista, no conocidos hasta ahora, a las 12.12 de la mañana del 6 de febrero, los registros de la propiedad recibieron un mandamiento judicial de la Audiencia Nacional en el que el juez Garzón establecía la prohibición de disponer de las propiedades de los principales implicados en la trama. Era el día en que el juez Garzón ordenó la detención de los principales protagonistas de la misma y los primeros registros. Al día siguiente, 7 de febrero, Correa tenía pensado poner pies en polvorosa, según relata Garzón una semana más tarde en el auto judicial que los manda a prisión.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal-Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía informó al juez el día 3 de febrero sobre el nerviosismo que mostraba Pablo Crespo, que comenzó a dar órdenes a los miembros de la trama para borrar en lo posible las pistas. Los últimos movimientos de Correa hacían temer que se fuera a Panamá o que su primo y testaferro, Antoine Sánchez, huyera a Senegal.

El propio Garzón, en el auto de prisión de Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, pone los calificativos al referir que el primero “ha llegado a reunir un patrimonio que tiene un valor muy elevado considerando el lugar donde están ubicados y las características intrínsecas de los bienes”.

El grueso de las propiedades de Correa se acumula en Sotogrande. Allí, las sociedades Kintamani, Caroki y Osiris Patrimonial son dueñas de numerosos bienes inmuebles. Además del dúplex antes citado, Correa tiene otra vivienda de 252 metros cuadrados con porche, patio con pérgola y solarium, además de aparcamiento cubierto para dos vehículos. También se encuentran en sus manos nueve parcelas de entre 2.200 y 3.000 metros cuadrados cada una. Alguna de estas parcelas goza de inmejorables vistas sobre el Estrecho de Gibraltar y el campo de golf adyacente. A todo esto hay que añadir seis garajes y un trastero y hasta cuatro atraques en los exclusivos muelles, con acceso directo a la puerta de estas mansiones de lujo, para embarcaciones de 8 y 16 metros.

Mientras, en la isla de Ibiza, Garzón solo da detalles en su auto de una finca de 4.000 metros cuadrados en Sant Joan de Labritja. Esta finca cuenta con una mansión de 506 metros cuadrados con tres plantas, una torre adosada, 93 metros cuadrados de terrazas cubiertas, 80 metros cuadrados de terrazas descubiertas y una piscina de 32 metros cuadrados. No obstante, Tiempo ha podido conocer que cerca de esta mansión Correa tiene otro terreno de 2.000 metros cuadrados y, en la misma isla pero en Sant Josep de Sa Talaia, otra de sus sociedades instrumentales es dueña de una finca, de nombre La Plana, de más de 10.000 metros cuadrados.

No podía faltar Marbella

Aparte de en Sotogrande y en Ibiza, Francisco Correa también tiene terrenos en Algeciras (Cádiz), junto al faro de Punta Carnero, en el lugar conocido como Hacienda La Conejera, en Las Rozas (Madrid) y en Tarifa (Cádiz). Cómo no, también tenía que haber propiedades en Marbella (Málaga), donde Correa tiene un piso de 211 metros cuadrados de superficie en la urbanización El Embrujo Playa, además de cuatro garajes.

Si se compara el precio de venta de propiedades similares en estos lugares, se puede hacer una estimación en la que el patrimonio oculto congelado por Garzón a Francisco Correa podría superar los veinte millones de euros. Hay que recordar que, además, el juez persigue la pista del dinero depositado en cuentas suizas, las operaciones inmobiliarias en otros países y que las propias sociedades implicadas cuentan con unos fondos importantes. Algunos medios hablan de que Correa cuenta con 10 millones de euros en un fondo de pensiones en Panamá, con lo que la suma de todo ello incrementaría de forma considerable la cifra que alcanzan sus inversiones en ladrillo dentro de España.

Todas estas propiedades se encuentran a nombre de las sociedades patrimoniales donde Correa se ocultaba. Su nombre no consta entre los dueños de estas empresas, pero había puesto allí a sus hombres de paja, como ha dejado al descubierto la investigación: “El diseño de la estrategia de ocultación, que le ha permitido llevar el control de este entramado societario sin que él figurara, consistió en la constitución de sociedades por medio de testaferros a través de los despachos de asesoramiento jurídico y fiscal, especializados en la creación de estructuras fiduciarias opacas y con relaciones con territorios no cooperantes en materia de transparencia financiera, con actuación sistemática de personas interpuestas tanto para la gestión empresarial como para la gestión de
 su patrimonio personal”, dice Baltasar Garzón.

Según el juez, Correa puso al frente de estas empresas a su hombre de confianza, Pablo Crespo Sabaris, exresponsable de Organización del PP gallego. También colocó ahí a su primo Antoine Sánchez. Crespo, considerado por Garzón como el número dos de la trama, ejecutaba las órdenes de Correa para desvincular a este del entramado empresarial mediante el blanqueo a través de transferencias desde Suiza. Crespo y Sánchez aparecen al frente de las sociedades patrimoniales de Correa, en los cargos que antes ocupó Ramón Blanco, el exdirectivo de Repsol también imputado por el juez. 

Otros implicados

Los testaferros también se llevaban su parte. El juez señala que Pablo Crespo posee una sociedad patrimonial personal denominada Cresva, que es titular de diferentes bienes inmobiliarios en Sotogrande y una embarcación deportiva. Pero esta sociedad también es dueña de tres garajes en la urbanización El Embrujo Playa, en Marbella, y de un ático de 235 metros cuadrados en la misma, según consta en los registros de la propiedad, además de una pequeña oficina en Pontevedra.

A otros miembros de la trama, contra los que Garzón también envió un mandamiento con la orden de no disponer de los bienes que se conocieran de ellos, se les han congelado fincas. En el caso de Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de la empresa Orange Market, el juez le ha congelado dos garajes a su nombre en Barcelona y una vivienda de 53 metros cuadrados en la calle Servet número 102. El escándalo que ha llevado a la cárcel a Francisco Correa, quien fuera organizador de actos electorales del Partido Popular, se amplía a medida que salen a la luz nuevos detalles y se dibuja una extensa red de relaciones.

Tras descubrirse que el juez Garzón había coincidido en dos monterías con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, un día después de destaparse el escándalo, el PP recusó al magistrado por animadversión y solicitó personarse en la causa al considerarse parte perjudicada. Sin embargo, el juez rechazó el personamiento aduciendo que podría haber cargos del Partido Popular directamente implicados. La polémica se ha acrecentado tras conocerse que la Fiscalía Anticorrupción ha enviado un escrito al juez Garzón en el que le insta a abandonar el caso, al considerar que hay suficientes indicios contra personas aforadas, en este caso cargos públicos del PP, por lo que la investigación debería recaer ahora en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana. Además, y para enredar todavía más el asunto, se ha producido recientemente la renuncia del presidente de la comisión de investigación que se ha constituido en la Comunidad de Madrid para investigar los casos de espionaje dentro del Gobierno regional. Benjamín Martín Vasco, del PP, ha decidido querellarse contra una de las imputadas en la operación Gürtel, Isabel Jordán, que le acusó de haber recibido dinero a cambio de silenciar esta trama. 

Una tupida malla

Mientras, las investigaciones de Garzón van descubriendo cómo las relaciones entre los implicados forman una tupida malla. El juez lleva a prisión a Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con un auto judicial en el que relata cómo estos y otros imputados formaban parte de un grupo que operó principalmente en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia a través de un conglomerado empresarial.

Según el juez, Correa se sirvió de sociedades patrimoniales para acumular un patrimonio inmobiliario de valor muy elevado. La más llamativa es la finca de Ibiza, con una superficie de 4.000 metros cuadrados y 506 construidos en manos de la sociedad Osiris Patrimonial, aunque esta y otras de la trama son las dueñas de otros inmuebles, por ejemplo en la selecta urbanización de Sotogrande, en Cádiz. Osiris había sido administrada anteriormente por Ramón Blanco, el exdirectivo de Repsol también imputado en el caso y que en la actualidad ejercía de administrador de sociedades implicadas en la trama, como Orange Market.

Escríbanos: tiempo@grupozeta.es

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