Tres años sin malos humos

El panorama de las ciudades ha cambiado en estos últimos años como consecuencia de la Ley antitabaco; terrazas con mantas y estufas en las calles, gente fumando en los portales, y bares y restaurantes en cuyo interior no se percibe olor a tabaco. Proteger a los ciudadanos del humo ambiental ha sido el objetivo de la Ley antitabaco en España, que, tras su reforma en enero de 2011, es una de las más restrictivas del mundo. Ahora, cuando se cumplen tres años desde su entrada en vigor, todos los males que sus detractores auguraban que se derivarían del cumplimiento de la norma –hundimiento del sector hostelero, pérdida de puestos de trabajo e importante merma de ingresos–, finalmente no se han materializado.

En el tiempo transcurrido desde su implantación, esta ley ha conseguido un cambio importante en los comportamientos de los ciudadanos e incluso ahora los propios fumadores están contentos de frecuentar lugares libres de humo, aunque tengan que hacer un esfuerzo y salir a fumarse el cigarrito fuera. Eso, los que siguen con el vicio, porque desde que se implantó la norma y según la última Encuesta Nacional de Salud, publicada por el Ministerio de Sanidad en marzo de 2013, el número de fumadores ha descendido hasta el 24%, desde el 26,4% del año 2006, la cifra más baja en 25 años. No fumar en lugares públicos ha reducido en un 40% las cardiopatías, un 18% los infartos y un 20% el asma. A pesar de ello, el tabaquismo sigue siendo un grave problema sanitario en España, donde cada año provoca la muerte de unas 60.000 personas, de las que 1.500 son fumadores pasivos, según datos del Ministerio de Sanidad. El tabaco sigue siendo la primera causa de muerte evitable en España.

Lo cierto es que lo que realmente ha cambiado desde 2011 es que existe una mayor concienciación ciudadana. El grado de aceptación y cumplimiento de la Ley antitabaco ronda entre un 95% y un 99%, ante lo cual la Administración ha relajado el control. Aunque, como la ley es de aplicación autonómica, esto varía considerablemente de unas comunidades a otras. Andalucía, Cataluña ,Valencia o Asturias son las zonas de España donde más controles se realizan, mientras que Madrid es una de las que cuenta con menos inspectores.

Las sanciones que se han impuesto desde que se aplica la ley, unas 3.000 en total, se deben principalmente a fumar en lugares donde está prohibido; permitir a menores de edad usar la máquina de tabaco; a que la expendedora no dispone del mecanismo adecuado de activación o puesta en marcha; y otras denuncias dirigidas contra bares y terrazas.

Esquivar la prohibición.

Aunque pocas, a los fumadores les quedan algunas alternativas si quieren fumar en establecimientos públicos sin infringir la ley. Una de ellas son los clubs de fumadores, que han crecido exponencialmente en los últimos tres años. En ellos no está permitido dar servicio de hostelería ni tener trabajadores. No pueden tener ánimo de lucro y hay que ser socio. Aunque algunos de estos establecimientos recurren a la triquiñuela de combinar una zona de hostelería, donde sí hay trabajadores, bebida y comida, que suele estar situada junto al club de fumadores. La venta de los productos se realiza en la zona de hostelería, y posteriormente el socio los consume en el interior del club. Basta que el establecimiento disponga de una sala independiente con una puerta que se pueda cerrar para que no incumpla la normativa.

Aunque también hay otros establecimientos que han encontrado maneras de saltarse la normativa y que a determinadas horas del día echan un discreto cierre y permiten que los clientes que se  quedan en su interior puedan prolongar la sobremesa y consumir una copa mientras disfrutan de un cigarrillo. Algo totalmente prohibido. Pero quien quiere jugársela, se la juega, claro.

Polémica nueva prohibición.

El Ministerio de Sanidad tiene ahora un nuevo afán en su lucha por la salud y prepara una nueva norma estatal para prohibir también el cigarrillo electrónico. Estos dispositivos contienen una pequeña resistencia eléctrica en su interior que calienta un líquido que genera vapor. En ese líquido hay cantidades variables de nicotina, aromas y otras sustancias. Pretenden dar la sensación de que son una alternativa inofensiva al tabaco, aunque algunos estudios científicos aseguran que contienen productos tóxicos y también perjudican la salud y crean dependencia. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, alcanzó el pasado 13 de diciembre un acuerdo con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas para regular los cigarrillos electrónicos.

A la espera de que el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea avancen en la regulación de estos productos, los responsables de Sanidad han acordado una postura común para limitar su consumo hasta que no se conozcan los efectos para la salud, priorizando la protección a los menores, para los que ya se encuentra prohibida la publicidad y el consumo. Con esta propuesta queda prohibido su uso en centros educativos y zonas infantiles, centros sanitarios, centros de las administraciones públicas, servicios de atención al ciudadano y transporte público. “El objetivo es proteger la salud de los ciudadanos y evitar posibles efectos perjudiciales”, ha explicado la ministra, habida cuenta de que, en la actualidad, y según ha manifestado la Organización Mundial de la Salud, no se pueden excluir los riesgos para la salud de la exposición al vapor de estos productos.

Las ventas de cigarrillos electrónicos se ha triplicado en los últimos dos años y han servido de ayuda a aquellos que tenían dificultades para dejar el tabaco sin ayuda. La polémica está servida, los fumadores que han conseguido dejar el tabaco por este sustituto electrónico, verán ahora cómo tampoco se pueden apoyar en este pitillo de pega para superar su adicción.