Cisma en la nobleza

El día 31, cuando nos reunamos, no se sabe lo que puede pasar. ¿Un cisma en la nobleza española? Pues es muy posible. Vamos, yo creo que el cisma ya está ahí, es un hecho. Estas cosas suceden cuando se cometen inmoralidades. Porque estamos hablando de inmoralidad, que quede eso claro”.

Ignacio María del Castillo y Allende, quinto conde de Bilbao, conde de la Torre de Cossío y Grande de España, no da una voz más alta que otra, pero dice cosas tremendas. Lo que se va a reunir el día 31, con los más negros augurios, es la Asamblea anual de la Diputación de la Grandeza, que en teoría reúne a las aproximadamente 2.300 personas que tienen, en España, alguno de los casi 3.000 títulos nobiliarios vigentes. Desde hace algo más de una década, la Diputación agrupa a todos los nobles y no sólo a los 190 Grandes de España (unos 380 títulos) que son, por voluntad del Rey, “los más nobles de entre los nobles”. El decano de su Consejo es Enrique Falcó y Carrión, conde de Elda. El más discutido de todos los decanos que ha tenido la institución en muchas décadas. El hombre sobre quien se ciernen hoy muchas críticas. Muchos aristócratas le acusan de haber “tirado la toalla”, de no defenderles, de no haber plantado cara a quienes, por razones que van desde el interés personal al desconocimiento, pretenden convertir los títulos de nobleza en algo sin el menor contenido. Eso dicen los críticos de Enrique Falcó.

¿Qué pasa? Pues que a la Diputación de la Grandeza le ha salido una alternativa que está a punto de romper la uni- dad del estamento nobiliario, algo que no ha sucedido jamás, ni en España ni en ninguna otra monarquía europea. Se trata de la Asociación Nobiliaria Española, fundada el 1 de julio de 2008. La preside el conde de Bilbao y en su junta directiva están algunos de los pesos pesados de la aristocracia española, como los duques del Infantado, de Luna y de Nájera; los marqueses de Villatorres, de Cerverales y de Alella; y el conde de Rodríguez de San Pedro. La Asociación Nobiliaria Española tiene, ahora mismo, 240 miembros, 138 de ellos con título. El resto son familiares de éstos que pueden verse directamente afectados por la crisis interna más seria que vive la aristocracia española desde los tiempos de Alfonso X el Sabio. Como dice su presidente, “el fin de esta asociación es actuar de forma corporativa ante organismos oficiales, ya que la Diputa ción de la Grandeza dice que no puede hacerlo en lo que se refiere a esta ley”. ¿Qué ley? La de la discordia. La 33/2006 que publicó el Boletín Oficial del Estado el 31 de octubre de ese año y que habla “sobre la igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios”. Pero todos los nobles la conocen como ley Ágatha, porque, como ellos dicen, está hecha “sólo para favorecer a Ágatha Ruiz de la Prada”.

El asunto viene de siglos atrás. Desde las famosas Partidas de Alfonso X, la sucesión en la nobleza se hace de dos modos. Uno es el de la sucesión irregular, en el que la Carta de Concesión del título –algo que ha otorgado siempre, y otorga hoy, el Rey– establece una serie de condiciones muy variables: que sólo puedan heredar varones, por ejemplo, o sólo mujeres, o el primer nacido en el momento de la muerte del titular... las posibilidades son muy diversas.

El otro, el que está ahora mismo en cuestión, es el de la sucesión regular. Funciona exactamente igual que siempre funcionó la sucesión a la Corona. Esto es, que, a la hora de suceder, el varón tenía preferencia sobre la mujer “en igualdad de línea y grado”. Pongamos el caso de tres hermanos, las dos mayores mujeres y sólo el pequeño varón. Pues, a la muerte del poseedor del título, éste lo heredaría el hermano pequeño, del mismo modo que el próximo rey de España será Felipe VI y no Elena I.

Eso empezó a discutirse casi desde la promulgación de la actual Constitución. Al llegar la democracia comenzaron a aparecer mujeres, por lo general hijas de nobles con hermanos varones que nacieron después de ellas, que reclamaban el título de su padre porque se daban cuenta de que en la Carta Magna había un artículo –el 14– que establecía la igualdad entre los ciudadanos sin que fuese posible discriminar a nadie por razón de sexo. Eso chocaba frontalmente con la “preferencia del varón sobre la mujer en igualdad de línea y grado”. Y comenzaron los pleitos.

Batalla en los tribunales

La batalla judicial está lejos de terminar. Al principio iban ganando ellas; el Tribunal Supremo les daba la razón al considerar que en las normas sucesorias de los títulos se daba una “inconstitucionalidad sobrevenida”, ya que lo que ahora está en vigor es la Constitución y no las Partidas de Alfonso X. Luego llegó el famoso pleito De la Cierva-Moscoso, en el que el ilustre jurista García de Enterría dijo que, si había o no inconstitucionalidad quien tenía que determinarlo era el Tribunal Constitucional, que estaba precisamente para eso, y no el Supremo.

Y el Constitucional, en una decisión que dejó helados a muchos –la sentencia del 3 de julio de 1997– le quitó la razón al Supremo. Dijo que la prevalencia del varón sobre la mujer no tenía, en este caso, nada de inconstitucional. ¿Por qué? Pues porque la propia esencia de los títulos de nobleza es discriminatoria. El Rey se los da a quien quiere, a unos sí y a otros no. Y sería una paradoja tratar de corregir la discriminación en una norma que es discriminatoria por naturaleza.

Muchas mujeres que aspiraban a título dieron la batalla por perdida. Otras (Pilar de La Cierva, Consuelo Fernández de Córdoba, Carmen O’Neill y algunas más) siguieron peleando y llegaron hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Allí también perdieron.

Pero luego, llegó (hace tres años) la llamada ley Agatha, la 33/2006. Fue algo muy curioso. En uno de los momentos más duros del enfrentamiento político entre PP y PSOE, los diputados y senadores de ambos partidos se pusieron de acuerdo para aprobar aquella norma que terminaba con siete siglos de preferencia del varón. A partir de la promulgación del nuevo texto legal (que firmaba el Rey, como todos), el título lo heredaría quien naciese primero, fuese hombre o mujer. Una ley, por lo tanto, igualitaria.

O eso parecía hasta que se llega a la famosa disposición transitoria que establece efectos retroactivos del texto legal a fecha del 27 de julio de 2005. Es decir, ¿qué mujeres heredarían los títulos por delante de sus hermanos menores? Pues todas, a partir de la promulgación de la ley... y, además, aquellas que hubiesen planteado su demanda después del 27 de julio de 2005. ¿Quiénes eran éstas? Nada más que cuatro. Pero entre ellas estaba Ágatha Ruiz de la Prada y Sentmenat, diseñadora de moda y esposa del director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez. Ágatha pretendía quitarle a su tío Santiago el marquesado de Castelldosrius y la baronía de Sant Pau.

Aquello cantaba tanto que algunos parlamentarios (los que no pertenecían al PP ni al PSOE) dijeron cosas muy duras en los debates y en la votación. Algunos aristócratas, como el marqués de Villapuente de la Peña, no se callaron y aseguraron que se trataba de una ley “política, mediática, arbitraria y prevaricadora” hecha para favorecer nada más que a la señora de un hombre muy poderoso y muy temido. Que los efectos retroactivos en una ley están para casos de clarísimo interés general. Sólo para eso. Y que a ver qué interés general tiene un asunto que afecta a 2.300 personas... y, en este caso, casi nada más que a una. Y el conde de Bilbao añade: “La ley se adaptó hipócrita e inmoralmente a la situación personal del señor Ramírez, que quiere hacerse marqués por la puerta falsa”.

El efecto Ágatha

La pelea en los tribunales continuó. El 12 de marzo de 2008, la sala de lo civil del Supremo otorgaba definitivamente el condado de Humanes a María Teresa Gómez Sáenz-Messía, y no a Joaquín José Messía, basándose en la ley Ágatha y en su efecto retroactivo. Y en diciembre de 2008 el Tribunal Constitucional no admitía a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la famosa disposición transitoria de esa ley. El marqués de Villapuente (el abogado Javier Timermans de Palma, uno de los mejores especialistas en Derecho Nobiliario que hay en España) asegura hoy, sin embargo, que ese auto del Constitucional no cierra del todo la cuestión; que no admite a trámite el recurso más que nada por defectos de forma y que no entra en el fondo, no lo argumenta.

Así que la batalla no ha terminado. Aunque está claro que, después de las victorias iniciales, ahora parece que van perdiendo los que defienden la prevalencia del varón sobre la mujer. Así están las cosas cuando se llega al conflicto abierto en la Diputación de la Grandeza. Puede decirse que, en términos generales, hay tres actitudes sobre este asunto entre los aristócratas. Una es la historicista, que defienden el conde de Bilbao, el duque del Infantado y el resto de la Asociación Nobiliaria Española (ANE). Es la que mantiene que las Cartas de Concesión de los títulos no se pueden tocar, porque pertenecen a la historia de España. Pretenden que la sucesión de los títulos ya creados (es decir, prácticamente todos desde la Edad Media) se quede como estaba; esto es, que se mantenga la preferencia del varón sobre la mujer si así lo establecía la Carta otorgada por el rey que creó el título. Y que la norma constitucional, que deja en pie de igualdad a hombres y a mujeres, valga nada más que para los títulos nuevos que puedan crearse a partir de ahora. Ignacio María del Castillo, que preside la ANE, lo dice con toda claridad: “Holanda, Dinamarca, Bélgica y Gran Bretaña, que son monarquías, podrían darnos a los españoles muchas lecciones de feminismo y de respeto a la mujer, pero no se les ha ocurrido tocar la sucesión a los títulos. Aquí sí. Eso no se ha visto nunca”.

La segunda posición la defienden otros nobles que no están en la ANE, como los marqueses de Villapuente o Cazaza. “Es la que podríamos llamar civilizada si viviésemos en un país civilizado –dice Villapuente–; se trata de respetar las expectativas de derecho, esto es, hacer con los nobles lo mismo que se va a hacer con el príncipe Felipe. Aquellos que ya hayan nacido y que lledo ven el tiempo que sea, años en muchos casos, esperando para heredar un título, pues que lo hereden tal y como estaba previsto. Y después, en la siguiente generación, que valga ya el cambio igualitarista de la ley. Si el mecanismo sucesorio que establecieron las Partidas de Alfonso X ha valido siempre lo mismo para la Corona que para los nobles, ¿por qué no han de seguir haciéndose las cosas igual?”.

La tercera opción, que también tiene muchos partidarios (sobre todo entre los títulos que van a ser heredados por mujeres) es la de sacar la ley tal y como está, cambiando las Cartas de Concesión, pero eliminando ese denostado efecto retroactivo específico de la disposición transitoria que, como dicen casi todos, está pensado para favorecer a una persona concreta, aunque luego se hayan apuntado sobre la marcha unas cuantas más.

Aunque podría hablarse de una cuarta actitud: la de no hacer nada. Dejarlo todo como está. Esa es la opción que, según los nobles de la ANE (y según muchos que no lo son), ha tomado el actual consejo de la Diputación de la Grandeza, que preside el conde de Elda. Ignacio María del Castillo no tiene pelos en la lengua: “Han tira- lledo la toalla. Se han rendido sin pelear. No puedo saber por qué. Hace muy poco tiempo el grupo de personas al que yo represento pedimos que incluyese, en el orden del día de la Asamblea de la Diputación que se va a celebrar el 31 de marzo, una pregunta, nada más que eso. Que los reunidos dijesen si están de acuerdo o no con la ley Ágatha y con los efectos que ya empieza a causar. Bien, pues el Consejo dijo que no, que no se iba a hacer esa pregunta en la Asamblea, ¡que no había tiempo! ¿No le parece sospechoso que ni siquiera nos dejen hablar?”.

El marqués de Villapuente ironiza: “Es para preguntarse para qué sirve la Diputación, aparte de para ser recibidos por el Rey en Navidad junto... con el servicio”.

Todo es empezar

El famoso efecto retroactivo de la ley Ágatha está ya, como dice el conde de Bilbao, dando lugar a movimientos muy curiosos. En los despachos de abogados especialistas –Timermans y Silvela, por ejemplo– ya hay pleitos abiertos por mujeres que dicen que el efecto retroactivo de la sucesión no tiene por qué llegar sólo hasta 2005, que puede llegar a principios de siglo o hasta los Trastámara, por qué no. Y que, según una complejísima genealogía, hoy podría ser duquesa de Tal o Cual alguien que ni lo soñaba. Eso, en palabras del marqués de Villapuente, significaría “la destrucción de la nobleza española”.

Con el cisma ya abierto, ¿podría darse el caso de que hubiese, de aquí a poco, dos duques del Infantado, por ejemplo? Uno, el reconocido por la Diputación y por el Ministerio de Justicia; y el otro, el saludado como tal por numerosos y muy importantes nobles que no aceptan la nueva ley. “Eso sería una tragedia pero es muy posible –advierte el conde de Bilbao–. Tenga en cuenta que nosotros defendemos la doctrina que siempre hizo suya la Diputación de la Grandeza, el Constitucional (la sentencia 126/1997), el dictamen del Consejo de Estado. No podemos admitir una ley que cambia la historia para que el señor Ramírez sea muy feliz y se haga marqués por la puerta falsa, por más poderoso que sea. Porque otro día a lo mejor llega otro director de periódico interesado que trate de imponer que la sucesión se haga por sorteo o por el cupón de los ciegos. Y de eso nada. Si ha de haber dos noblezas, pues las habrá”.

Y el Rey, ¿qué piensa de esto? Él es la cabeza de la aristocracia. Unos dicen que está muy preocupado por este caos. Otros, que le da igual. Los más, que no puede hacer nada, que no le es posible oponerse al Gobierno. Pero, con él o sin él, el cisma está servido.