Pedagogía fiscal

19 / 01 / 2017 Nativel Preciado
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Cada contribuyente debe pagar en función de su capacidad económica.

Mientras recopilo facturas y otros documentos para mi primera declaración fiscal del año aparecen en los informativos dos noticias inoportunas. La primera es que Sanidad quiere aumentar el copago farmacéutico a los jubilados, y la segunda, que Miguel Blesa, además del abuso de las tarjetas black y el presunto blanqueo de dinero, se duplicó el sueldo en plena crisis, cuando Caja Madrid empezó a hundirse, lo que le llevó a ganar la obscena cantidad de 20 millones de euros durante su etapa como presidente. A muchos les parecerá simplista relacionar ambos asuntos, pero forman parte de los agravios comparativos que más indignan. Es muy injusto que los que pagan sus impuestos hasta el último euro vean que su esfuerzo va destinado a costear el agujero de la crisis financiera. La Fiscalía Anticorrupción le pide a Blesa cuatro años de cárcel por este motivo, más lo que le pedirán por el resto de las causas penales en las que está imputado, pero hemos visto a tantos peces gordos escapar de la acción de la Justicia que ni siquiera es un consuelo. Y en caso de que fuera condenado con una pena proporcionada, siempre nos quedará el temor de que lo indulte el Gobierno.

Para contribuir satisfactoriamente al gasto público tendríamos que ver cumplido el principio constitucional según el cual cada contribuyente debe pagar en función de su capacidad económica. Es evidente que no sucede y, además, tenemos la desagradable sensación de que con nuestros impuestos el Gobierno hace de su capa un sayo y los destina a tapar los agujeros que políticamente más le convienen. El caso es que nadie ha hecho una campaña eficaz para que desarrollemos una verdadera conciencia fiscal. De poco vale un eslogan brillante, como aquel de “Hacienda somos todos”, si no se establecen incentivos para que los ciudadanos cumplan de buen grado con sus obligaciones tributarias. El primer aliciente sería impedir la proliferación de los Blesa de turno; el segundo, impedir la desigualdad contributiva; y en tercer lugar, establecer algunas recompensas, por ejemplo, rebajas de impuestos a quien cumpla con más diligencia y ni siquiera cometa el pequeño fraude. ¿Por qué no se llevan a cabo medidas tan elementales? Habré escrito un centenar de veces que las leyes fiscales facilitan la vida a las grandes fortunas porque, de lo contrario, se pueden fugar a paraísos fiscales o poner su dinero a buen recaudo en otros países donde obtienen generosas deducciones cumpliendo con la legalidad. No quiero dar ideas para que no me acusen de incitar a la insumisión, pero a la vapuleada clase media solo le queda soñar que algún día los diez o quince millones de contribuyentes afectados por el aumento de la presión fiscal, conscientes de su poder, se pusieran de acuerdo para realizar algún tipo de acción conjunta. A poco que piensen se les ocurrirá. 

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