La mala reputación

Cada vez que compro ropa miro la etiqueta para saber dónde ha sido elaborada y, a veces, la rechazo según el lugar de procedencia. Desde que varias ONG, hace ya muchos años, denunciaron las penosas condiciones laborales que viven los trabajadores del textil en los países del Sur, intento no contribuir a mantener la esclavitud. La Policía india ha rescatado recientemente en la ciudad de Hyderabad a 120 niños enfermos, malnutridos, aterrados, con llagas en la piel, algunos menores de 6 años, que vivían en habitaciones mugrientas, expuestas a gases tóxicos, donde trabajaban durante 16 horas diarias.

No quisiera contribuir un ápice a sostener semejante situación criminal. Ya sé que seleccionar las prendas de moda a través de las etiquetas es un gesto ineficaz, porque no existe un índice geográfico de talleres clandestinos. Lo inquietante es que podemos encontrarlos a la vuelta de la esquina, como nos enseñó el realizador mexicano Alejandro González Iñárritu a través de su película Biutiful, donde aparece una Barcelona suburbial y atormentada en la que malviven inmigrantes esclavizados. Ficción que deja de serlo cada vez que la Policía española desmantela talleres textiles ilegales o detecta alguna colonia de migrantes esclavos empleados en tareas agrícolas.

Difícil evitar el consumo de productos procedentes de la explotación laboral. Muchas empresas se abastecen de proveedores que consiguen ocultar el origen de las subcontratas delictivas instaladas en países terceros. Desde que en abril de 2013 se hundiesen las ocho plantas del edificio Rana Plaza en Daca, capital de Bangladés, varias multinacionales que hasta entonces miraban para otro lado firmaron un acuerdo de prevención de riesgos. Aquella tragedia causó más de 1.000 muertos y 2.000 heridos, hombres, mujeres y niños que trabajaban apilados en fábricas de ropa instaladas en el edificio. Surtían a marcas como Benetton, Mango, Primark o El Corte Inglés, que, sobrecogidas por la magnitud del accidente y su repercusión internacional, presionaron al Gobierno de Bangladés para mejorar las condiciones de sus trabajadores.

Las grandes firmas españolas no quieren correr el riesgo de ser acusadas de malas prácticas que les lleven a sufrir represalias o el boicot de los consumidores. Una denuncia en las redes sociales puede destruir en horas su reputación. Necesitan certificados de buena conducta que se traducen, entre otras cosas, en fomentar buenas relaciones laborales, practicar hábitos de transparencia hacia el exterior, comprometerse en políticas de sensibilidad medioambiental, cumplir sus obligaciones fiscales y garantizar la igualdad salarial. A pesar de asumir códigos éticos y programas de responsabilidad social corporativa, con frecuencia se quedan en una simple declaración de intenciones. La desigualdad salarial ente hombres y mujeres es un ejemplo más de la escasa voluntad que tienen algunos de aplicarse el cuento. Ellas tienen que trabajar 79 días más al año que ellos para cobrar lo mismo. Faltan controles y sanciones eficaces frente al incumplimiento de sus compromisos.