La corrupción sale muy cara

Transparencia denunció hace unos días que el nivel de corrupción en España es inadmisible, propuso una serie de medidas urgentes para atajar la indignación social y pidió un pacto integral para combatirla. Es evidente que existe cierta distancia entre la realidad y la percepción de la misma. Si hablas con los indirectamente implicados aseguran que no es para tanto, que los casos recién aparecidos se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, que la Justicia es demasiado lenta y que no se respeta la presunción de inocencia. Su argumento más potente es que España no es un país corrupto, en el sentido más riguroso del término, porque aquí no hay sobornos a policías, a jueces o a determinadas instituciones, como sucede en otros países, sino individuos aislados que se corrompen. Cierto es que la gran corrupción afecta a las elites político-económicas, pero no ha calado en la ciudadanía. Sin embargo, como consta en los últimos sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la mayoría de los españoles tienen una percepción muy parecida a la de Transparencia Internacional y a la de otros denunciantes, que nos sitúan en un ranking deshonroso, el peor en años; muy alejados de los países nórdicos, de los Estados Unidos o de los Emiratos Árabes y bastante cerca de Ruanda, Namibia o Arabia Saudí. Y peor aún si se incluyeran los escándalos recientes que afectan al ministro de Justicia, reprobado por mayoría en el Congreso, las presuntas interferencias de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Lezo, y los últimos nombramientos judiciales sospechosos de parcialidad.

Pagamos un precio tan alto por la repercusión internacional que tienen todas estas tropelías, que muchos afectados culpan a los jueces de retrasar indefinidamente los procesos, o al mensajero de ampliar el efecto dañino, no solo informando de manera pormenorizada de cada caso, sino otorgando un protagonismo peligroso a los protagonistas de los escándalos, sin respetar siquiera su presunción de inocencia. Respecto a lo último, me han desautorizado indebidamente por afirmar que cuando cualquier persona se ve afectada por una investigación judicial es porque hay indicios de delito. Eso no quiere decir que exista la presunción de culpabilidad, pues la de inocencia se mantiene hasta que el tribunal acredita que los indicios son hechos probados y condena al acusado. No obstante, cuando hay indicios de corrupción política, aunque en muchas circunstancias sea imposible demostrarlo y los corruptos queden impunes, la imagen del país sufre un grave deterioro que afecta a la reactivación económica, como acaba de denunciar la Comisión Europea en su informe semestral. Los miles de millones de dinero público robados han sido desviados de los sistemas de salud, educación, vivienda o pensiones. Difícil calcular el coste de la corrupción en nuestro país, pero moviliza ingentes cantidades de recursos y es uno de los factores que más ha contribuido a la desigualdad y a la pobreza. De poco valen los proyectos legales que existen para luchar contra la corrupción si, elección tras elección, los ciudadanos no purgan a los corruptos.