Cataluña: puede perder el independentismo

Si los catalanes no tenían suficiente con unas elecciones municipales en mayo y unas generales en noviembre, tendrán, también, unas elecciones autonómicas en septiembre, que serán mucho más que unas simples elecciones autonómicas como las que se celebrarán en el resto de España coincidiendo con las municipales.

Las de septiembre, convocadas la semana pasada por el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, tras un prolongado tira y afloja con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y su líder, Oriol Junqueras, que defendía elecciones para marzo temiendo un enfriamiento del independentismo y a la espera de unas municipales en las que piensa barrer a CiU, serán las elecciones de la independencia, las definitivas. Las elecciones con las que los soberanistas, conducidos, otra vez, por Mas, pretenden, con una amplia mayoría en el Parlamento catalán, declarar la independencia de Cataluña, algo por lo que vienen luchando desde las elecciones de 2012, en las que no consiguieron el suficiente apoyo para llevar a cabo ese proceso.

Un proceso que tiene cansada a una sociedad como la catalana, cada vez más preocupada por el deterioro económico y social que está produciendo la crisis; por el aumento de la pobreza; por una tasa de paro que no se corresponde con el grado de desarrollo de la comunidad; por un empeoramiento del Estado del bienestar; por la falta de sensibilidad en la imposición de unos recortes que no han servido para controlar un déficit público desbordado; por la huida a Madrid de la inversión extranjera, y, sobre todo, por la sustitución de lo que significa gobernar para todos por la política de gobernar solo para una parte de la población, la más mentalizada con el derecho a decidir y con la separación de España. En fin, una situación en la que no se descarta que en septiembre quienes pierdan sean precisamente los independentistas.

Después de un primer adelanto electoral en 2012 en el que Mas perdió 12 diputados y de poco más de dos años de desgobierno en los que la obsesión ha sido preparar a la ciudadanía para romper con España e incorporar Cataluña a Europa como un nuevo Estado, estamos donde estábamos: con los mismos objetivos, con una falta absoluta de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central, con un presidente de la Generalitat que puede ser procesado por desobediencia al Tribunal Constitucional por el simulacro de referéndum que montó el pasado 9 de noviembre, con un presidente del Gobierno cuya política es dejar que las cosas se pudran y con una ciudadanía cada vez más cansada de esa movilización permanente.

Es decir, que tendremos, los catalanes y el resto del país, otro año más de lo mismo, con las mismas banderas, los mismos símbolos, los mismos gritos, las mismas reivindicaciones, e, incluso, la misma Diada “histórica” del 11 de septiembre, con la que este año se iniciará la campaña de unas elecciones que, por primera vez, no han sido convocadas con la autonomía que tiene todo presidente. En esta ocasión Artur Mas ha tenido que negociar la fecha no solo con su socio de Gobierno Oriol Junqueras, que le ha garantizado la aprobación de los presupuestos, sino también con Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), decisiva en cualquier hoja de ruta por su capacidad para movilizar a la ciudadanía; con Muriel Casals, responsable de Ómnium Cultural; y con Josep María Vila d´Abadall, presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia.

Por lo pronto, Mas gana tiempo para recomponer sus relaciones con Josep Antoni Duran i Lleida y evitar que se rompa CiU y para regenerar el partido después de los numerosos casos de corrupción y del escándalo de Pujol y su familia, que va a condicionar todo lo que le queda de mandato. Eso sí, no habrá lista única como quería Mas en estas elecciones plebiscitarias, pero será ERC la que, probablemente, más réditos saque del programa común que se tiene que elaborar. La clave está, sobre todo, en la hoja de ruta que hay que aprobar y que Junqueras ya se ha saltado a la torera fijando para el próximo año la fecha de la independencia. La realidad es que el proceso independentista que se ponga en marcha después de las elecciones duraría un año, con lo que en el otoño de 2016 se debería celebrar un referéndum para aprobar la Constitución catalana y otras elecciones para elegir un nuevo Parlamento. La hoja de ruta podría cambiar si gana ERC, según ha avanzado Junqueras a El País: “El pacto con CiU será de mínimos. Si Esquerra gana iremos más allá (...) el referéndum posterior será de ratificación de la Constitución, no de ratificación del Estado catalán, que ya estará hecho si hay mayoría parlamentaria. La independencia se decidirá este 27 de septiembre”.

La última encuesta realizada por NC Report para La Razón pronostica un Parlamento más fragmentado y una Cataluña cada vez más ingobernable en la que el voto independentista de CiU y ERC solo conseguiría 67 escaños de los 135 que están en juego: cuatro menos de lo que tienen hoy, una derrota del independentismo. Habría un empate técnico entre Esquerra (21,7%) y CiU (21,5%), Ciudadanos se colocaría en cuarto lugar y Podemos en el quinto, los dos por delante del PP. El PSC ocuparía el tercer lugar. En cierto modo esa encuesta hay que leerla a la luz de la última del Centro de Estudios de Opinión (CEO), dependiente de la Generalitat, realizada tras el llamado “proceso participativo” del pasado 9 de noviembre (en el que solo 3 de cada 10 catalanes votaron el “doble sí”: a la escisión de España y a la independencia), que revela que el 45,3% de los catalanes rechaza la secesión, una opción que defiende el 44,5%, mientras que el 10,3% no sabe o no contesta. La encuesta recoge la aversión al riesgo de una eventual independencia y un repunte del federalismo. Los indecisos se sitúan en el 7,5% y el porcentaje de votantes que ha preferido no contestar a la pregunta es el 2,8%.