Pobreza en España

Históricamente españa ha sido un país en el que la existencia de una considerable población afectada por la pobreza no era una anomalía, sino más bien una ley. Desde los remotos tiempos del Imperio la nación padeció una situación de pobreza relativa respecto a otros países. Los recursos destinados a la creación y el mantenimiento de las colonias y la mala gestión de las riquezas extraídas de ellas, que acabaron en manos de los banqueros europeos, desplomaron a España en una sima de atraso y pobreza. La pérdida de las últimas colonias, a finales del siglo XIX, precipitó un espíritu pesimista pero también espoleó la conciencia intelectual de la necesidad de una regeneración que acabase con los “males que aquejaban a la patria”.

En los primeros años del siglo XX una extraordinaria Edad de Plata de la cultura y el hundimiento de una monarquía que no aceptaba el juego democrático, que no permitía el ascenso de las nuevas clases sociales emergentes organizadas en partidos progresistas y sindicatos, propició la llegada de la II República, y con ella una mirada hacia Europa como referente para acercarnos al progreso y el bienestar de sus países.

La guerra cortó de raíz el ilusionado plan modernizador y España se hundió en una pobreza dramática. Tres años de guerra dedicando los escasos recursos a la contienda dejaron los campos yermos y la escasa industria abandonada. El pueblo español regresó a una escasez dolorosa.

Durante la larga dictadura, especialmente desde el plan de estabilización de 1959, la economía española fue recuperándose hasta la crisis de los precios del crudo de 1972, que colocó de nuevo a la nación ante una peligrosa situación.

La recuperación de la democracia, los Pactos de La Moncloa y el consenso constitucional favorecieron la idea de que las cosas podrían cambiar. La llegada de los socialistas al Gobierno alentó una política de modernización y de nivelación social de tal magnitud que el Informe Mundial de Desarrollo Humano de 1995 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) situaba a España como uno de los países con menos desigualdad del mundo. Pocos años después, nuestro país es uno de los que padece mayor desigualdad de Europa.

¿Qué ha ocurrido para que en tan poco tiempo la evolución social de España haya desembocado en la situación presente, con graves desigualdades, carencia material, desempleo masivo (casi seis millones de parados) y pobreza en muchas familias?

Es importante conocer las causas para poner el remedio, pero la vida pública española –política y periodística– parece más interesada en la búsqueda de responsables que en atender con urgencia a la emergencia social que supone que millones de españoles estén soportando unas condiciones de vida tan infrahumanas que les hacen pasar hambre.

La crisis financiera que estalló en EEUU ha afectado gravemente a la economía europea. Las autoridades de la UE y de los gobiernos de los países europeos, entre ellos España, dictaminaron que el único camino de redención está en el recorte de gastos, lo que ha generado un ejército de parados y de familias sin los mínimos recursos para garantizar una vida austera pero digna. La ceguera de los responsables económicos llega a límites absurdos. Valga un ejemplo: el impacto que ha tenido la subida del IVA (en algunos casos del 8% al 21%) ha sido tan dramático para el consumo que una medida (la subida del IVA) tomada con el objetivo de aumentar la recaudación ha tropezado con la realidad, la recaudación ha descendido, a pesar del aumento de los tipos, porque ha descendido la base sobre la que aplicar los tipos, es decir que los ciudadanos han dejado de consumir por una subida que tampoco ha representado un aumento de recaudación. Conclusión: el Estado no recauda más pero las familias viven peor. ¿Cómo pueden alcanzar puestos de tanta responsabilidad personas sin el mínimo sentido común?

La crisis no solo ha provocado pérdidas masivas de empleos, también está arrastrando los salarios hacia abajo, que junto a la extinción para muchos del subsidio de desempleo está generando situaciones de necesidad. Según datos del Instituto Nacional de Empleo (INE), a finales de 2012 el número de hogares con niños en los que todos sus miembros están en paro era de 781.700, lo que supone que 1.064.300 niños padecen esta situación.

Esta realidad ha motivado que algunas comunidades autónomas (Canarias y Andalucía) arbitraran unas ayudas para la alimentación de los niños de familias en estado carencial. El partido político del Gobierno de España ha hecho chanzas con estas medidas que pretenden paliar una situación cruel y dramática para las familias afectadas.

Mientras que las rentas de las familias más humildes se desploman, las de los sectores más ricos se disparan. Si la brecha continua abriéndose, la situación podría volverse socialmente muy conflictiva.

Una situación como la descrita exige una política de compensación del desplome de las rentas por la pérdida de empleo y la reducción de salarios y subsidios. Sin embargo las políticas públicas, lejos de efectuar una compensación de gastos en los servicios públicos y con ayudas directas, se ha dirigido a la reducción de gastos, agravando la situación al eliminar becas, ayudas para libros de texto, servicios de comedor y ayudas a la dependencia.

La estructura social está, poco a poco, sufriendo un vuelco total. Nuestro sistema de pensiones, basado en la solidaridad entre generaciones, garantizaba que los adultos (mediante su trabajo y sus cotizaciones) sufragaban las pensiones de los jubilados. Hoy existe un número importante de familias en las que es el pensionista el que mantiene el hogar. Son ya 420.000 hogares en los que un pensionista sostiene a la familia en paro.

La pobreza severa está amenazando a muchas familias que hasta hace muy poco tiempo se encontraban integradas en la sociedad y que están hoy en riesgo de ser excluidas de ella. Y la amenaza se extiende a una parte de la clase media que no está psicológicamente preparada para asumir el tránsito hacia la marginación social. En términos claros, que es incapaz de aceptar psicológicamente ponerse en la cola de una institución social para recibir un plato de comida. Algunas instituciones sociales están pensando ya en armar como si fuesen un escenario teatral supermercados ficticios a los que puedan acudir estas personas que han pasado en muy poco tiempo de pertenecer a una familia integrada, con trabajo, salario y vivienda, a engrosar las filas de nuevos pobres.

Soy consciente de que la solución a esta grave crisis está en políticas económicas de choque, de las que he hablado reiteradamente en estos artículos, pero en lo inmediato se necesitan políticas públicas que acudan a resolver los problemas de hambre que padecen hoy muchos españoles. Estamos ante una emergencia social que exige una fuerte determinación de los gobernantes para subvenir a las necesidades de los ciudadanos en grave riesgo de marginación total. Se precisa una revisión profunda de las políticas sociales, que hoy no son eficaces en la solución de unos problemas que ponen en riesgo la convivencia con consecuencias imprevisibles, además de representar una situación injusta que repugna a la conciencia de los seres humanos.