Un juicio aberrante

Situemos los hechos en su contexto: el 22 de marzo de 2006 ETA anuncia un alto el fuego permanente. Se pone en marcha el último intento de diálogo con la banda terrorista que la propia ETA frustrará en diciembre de ese mismo año explosionando un coche bomba en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Dos muertos de nacionalidad ecuatoriana. 4 de mayo de 2006: la policía de San Sebastián tiene preparado el dispositivo para detener a varios componentes de la red de financiación de ETA. Alguien, supuestamente los policías que se acaban de sentar en el banquillo de los acusados, avisa al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, de que la operación policial está en marcha. Supongamos que es cierto, que Enrique Pamiés y José María Ballesteros alertaron a Elosua y este, a su vez, hizo lo propio con José Luis Cau Aldaur, supuesto recaudador de la banda, quien se disponía a entrar en España. ¿Por qué lo hicieron?

¿Por qué un policía experimentado, con 25 años de servicio en el País Vasco, que ha participado en la detención de 23 comandos y unos 500 etarras, haría algo así? Sigamos suponiendo, ahora que ya lo único que está en riesgo es la honorabilidad (y la libertad) de estos profesionales: 1) pudo recibir órdenes políticas destinadas a no entorpecer la negociación con ETA; 2) actuó así porque estaba protegiendo a un importante confidente cuya detención hubiera supuesto un serio revés para la lucha antiterrorista. En clave de inocencia y de defensa del interés general, me vale cualquiera de los dos eximentes. Se actuó como se actuó porque se quería acabar con ETA, y cualquier otra conclusión nos introduce en una variable exclusivamente relacionada con intereses partidistas y/o inconfesables. Regresemos al contexto: el 11 de abril de 2006, 20 días después del alto el fuego de ETA, Alfredo Pérez Rubalcaba es nombrado ministro del Interior tras pasar dos años como portavoz socialista en el Congreso de los Diputados. No hay que ser una lumbrera para colegir de qué modo el caso Faisán se convierte en una extraordinaria herramienta de desgaste del nuevo hombre fuerte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin el menor pudor se utilizan asociaciones de víctimas para hacer el trabajo sucio, para conducir al banquillo a policías que lo han dado todo por defender el Estado de Derecho y poner fin a los atentados. Todo vale. Una vez más.

El procesamiento y juicio de dos acreditados profesionales por el caso Faisán es un disparate político y jurídico. Político porque de nuevo se utilizó el terrorismo para desgastar al adversario; jurídico porque no puede haber colaboración con banda armada cuando lo que se pretende es precisamente lo contrario: acabar con su actividad y encarcelar a sus componentes. Que la Fiscalía haya mantenido esta acusación contra los dos policías –la de colaboración con banda terrorista– solo puede calificarse de aberración, cuando a quienes se señala tienen suficientemente acreditado que sus acciones siempre han perseguido el fin de ETA. Solo puede existir “colaboración”, según la doctrina del Tribunal Supremo, cuando el servicio que se presta a los terroristas les ayuda a conseguir sus fines, y este, desde luego, no es en absoluto el caso. Ni siquiera una colaboración puntual acreditada, siempre según la doctrina del TS, puede considerarse ilegal si forma parte de una estrategia política o policial para acabar con el terrorismo, que sí parece ser el caso.

Pero tenemos el país que tenemos, y pudiera darse el bochornoso espectáculo de que, en aplicación de determinados tecnicismos legales, se llegara al extremo de encarcelar a dos profesionales del Cuerpo Nacional de Policía por cumplir con su obligación. Estemos atentos; es una hipótesis no descartable.