Rajoy castiga al enemigo interior

Hace algunos años, un testigo presencial me contó con bastante detalle una escena que más parecía sacada de La escopeta nacional de Berlanga que de la España de octubre de 2001, que es cuando se desarrolló ante los ojos y oídos atónitos de mi confidente. Elecciones autonómicas gallegas. Xosé Cuiña, hombre fuerte del PP pontevedrés y en aquel momento consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Xunta, era el encargado de coordinar la campaña de su partido. El día de las votaciones, domingo 21 de octubre, Cuiña recibe en el hotel donde se concentraban los dirigentes del partido para seguir la jornada una llamada en su móvil. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde. Escucha durante unos segundos y transmite una orden tajante: “¡Que no vote nadie más!”. Minutos después, otra llamada. Idéntica orden. Pero, ¿qué órdenes eran aquellas?

Horas después, con la mayoría absoluta del PP ya en el bolsillo, la persona que me contó aquel episodio, intrigada aún, no aguantó más y preguntó a un miembro del equipo de campaña a qué se refería Cuiña con ese “¡que no vote nadie más!”. Aquél, subido en el desbocado carro de la euforia provocada por unos espléndidos resultados, le contestó con toda naturalidad: “Muy sencillo. A esa hora [recuerden, las cuatro de la tarde] nosotros ya teníamos garantizada la mayoría absoluta, pero lo peor era que el Bloque iba por delante del PSOE. Como no queríamos a Beiras como líder de la oposición, si los nuestros dejaban de votar existía la posibilidad de que la Ley d’Hondt favoreciera a los socialistas. Y Cuiña mandó parar. Vamos, que no se mandaran más autocares ni taxis a recoger a los nuestros para acercarles a los colegios electorales. Ya sabes. Pero no ha podido ser”.

Efectivamente, no fue. El Bloque Nacionalista Galego y el PSdG-PSOE igualaron en número de escaños, pero los nacionalistas obtuvieron más votos. Un puñado, pero suficientes para que Xosé Manuel Beiras y su zapato se convirtieran a partir de ese momento en el principal dolor de cabeza de don Manuel Fraga Iribarne. En aquella ocasión, el caciquismo que trasegaba votos como si fueran grelos se tuvo que conformar con la mayoría absoluta. No consiguió poner de rodillas al adversario. Pobres.

Genética ancestral.

Han pasado más de catorce años. Se diría que una eternidad. Sin embargo, es conveniente no olvidar que lo que acabo de narrar ocurrió en el siglo XXI, no en la Galicia del XIX o del primer tercio del XX. Y es más que probable que también ocurriera en Extremadura, en Andalucía y en otros muchos lugares. Y lo peor es que uno tiene la certeza de que sigue ocurriendo. Hay hábitos que incorporan algo parecido a un mecanismo de autodefensa y se camuflan sin que opere ninguna instrucción procedente del cerebro. Mejor dicho, de la consciencia. Pero siguen ahí, incorporados a la genética resabiada de una élite que no entiende la vida sin el control absoluto del entorno, sin el poder.

Solo en esta clave ancestral pueden entenderse ciertos acontecimientos políticos. Como esa especie de castigo al que el presidente del Gobierno somete a determinados territorios. Cierto que Madrid y la Comunidad Valenciana se han convertido en el Sodoma y Gomorra de la política española. Pero la transfiguración ha ocurrido tras muchos años de Gobiernos municipales y autonómicos del PP. Algo de lo que valencianos y madrileños solo tenemos una parte de culpa. Que extremeños, murcianos, catalanes, andaluces, cántabros, asturianos, y demás familia, conozcan hace tiempo, señor Rajoy, los candidatos de su santa voluntad a ayuntamientos y comunidades, es algo que nos alegra en la misma medida que nos entristece no conocer aún –miércoles 4 de marzo de 2015– los que su buen tino sancionará para Valencia y Madrid.

Si no fuera grotesco, si no estuviéramos ante una injustificable falta de respeto hacia los ciudadanos, hasta podría ser emocionante. Porque no es desidia. No. Es un castigo minuciosamente aplicado a dirigentes no siempre afectos que colateralmente sufren militantes, simpatizantes, contrarios y mediopensionistas. Es cálculo político diseñado para vencer al enemigo (el de dentro) por agotamiento y que hurta a los ciudadanos la posibilidad de conocer mejor y contrastar con tiempo las opiniones de los que pueden ser nuestros alcaldes y presidentes de comunidad. Es legal; faltaría más. Pero bordea lo espurio. No hay un modelo de selección de candidatos que sea intachable. Como diría Alfonso Guerra, “las primarias las carga el diablo”. Pero en esta parcela, lo del PP es de aldea gala.

El dedazo.

El dedazo del líder decide quién, cómo y cuándo, con un ojo en las encuestas y otro en las inquinas, sin campo de visión para los buenos usos de democracia interna. Y como no le gustan los opositores declarados ni tampoco los posibles, la decisión es hacer una campaña corta, como en las europeas, sin excesiva exposición pública y con poco contraste de ideas.

Mariano Rajoy nunca ha querido a Esperanza Aguirre como candidata. La expresidenta formó parte del comando aznarista que quiso acabar con el gallego en el congreso de Valencia, y esas cosas no se perdonan. Hasta ahí todo normal. Pero Espe es la que mejor sale en las encuestas. Y llegados a este punto, con Finisterre a la vista, quien tiene un problema serio no es Aguirre –que todo lo más rumiará su frustración en la comodidad de sus cuarteles de invierno–, sino Rajoy. Porque si Esperanza Aguirre se queda fuera y se pierde el ayuntamiento la culpa será de Rajoy; y en el caso de que finalmente sea candidata, las dos únicas variables son: 1) que consiga mantener la embarcación a flote, y el éxito será de Esperanza; 2) que naufrague, y el fracaso se repartirá entre la una y el otro.

Valencia y sobre todo Madrid pueden ser el particular Cabo de Hornos de Mariano Rajoy. La nave puede atravesarlo con limpieza o quedar seriamente dañada. Y no habrá Cuiñas con salvavidas a mano. Ni autocares.