La doble farsa del referéndum catalán

Desde mi punto de vista, el hecho políticamente más relevante de los relacionados con el “asunto catalán” en este mes de agosto ha sido el frontal rechazo por parte de la mayoría nacionalista del Parlament a crear una comisión que investigue a fondo cuáles fueron las causas, silencios y complicidades políticas que hicieron posible el atesoramiento de la ingente fortuna que parece ocultar la familia Pujol. Y es políticamente muy relevante por varios motivos, el primero de los cuales tiene que ver con la indecencia de quienes han impedido la puesta en marcha de esa comisión, como si el caso Pujol solo fuera un asunto privado o penal que deben sustanciar en exclusiva los tribunales y no un reflejo de prácticas políticas inaceptables, mantenidas en el tiempo, e inasumibles por una sociedad que se dice moderna.

Que el partido de Pujol y Mas, incluso el de Duran, hayan bloqueado su propio haraquiri es una muestra más de que las alcantarillas están a rebosar, pero entra dentro de la lógica. Lo que de ninguna manera se entiende es la hipocresía de Esquerra Republicana (ERC) y la fatua indignación de su líder, Oriol Junqueras, que aceptan la carta marcada de la comparecencia de Jordi Pujol en el Parlament en lugar de exigir examen y recuento de toda la baraja. Junqueras tampoco quiere saber la verdad. Porque la verdad puede ser demoledora. ERC también gobernó. Tuvo información de lo que pasaba en los Gobiernos de Pujol. Una comisión de investigación es lo último que quieren los partidarios de la independencia. Y es, sin embargo, lo único democráticamente aceptable. Pero no, nunca la veremos -o veremos en todo caso un remedo de tal cosa-, porque la citada comisión, si llegara a constituirse y pretendiera de veras hacer honor a su apellido, y de paso servir a los ciudadanos, lo que debería componer es el relato exhaustivo de una clase política que ha convivido durante 34 años con la corrupción con pasmosa naturalidad, condenando al ostracismo al que osaba levantar apenas la voz y, entre tanto, alardeaba de superioridad moral y modernidad.

“Paraíso terrestre”.

A pesar de su estudiada puesta en escena, Junqueras nunca permitirá que salga adelante una comisión de investigación que limpie la política catalana porque podría llegar a explicitarse con excesiva nitidez que solo gracias a los instrumentos del Estado, distantes y distintos de los controlados por el poder “local”, hemos llegado a saber que aquel 3% que denunció con la boca pequeña Pasqual Maragall no era una excepción; que durante años, la política catalana ha sido convenientemente generosa con algunos de los miembros del Poder Judicial en aquella tierra destinados; que Cataluña, lejos de esa imagen otrora cierta de vanguardia y libre pensamiento, acabó por convertirse en un lugar triste en el que la crítica no era bienvenida.

Si algo han ratificado los acontecimientos de las últimas semanas, es que cuanto más pequeña es una sociedad menos contrapesos es capaz de generar. Que, al igual que ocurre en Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Madrid, etcétera, sin jueces, fiscales, policías o periodistas alejados del núcleo central de poder, el nivel de suciedad acabaría siendo insoportable.

En los primeros días de este mes de agosto que inexorablemente nos vuelve a dejar, y tras conocer la confesión de Jordi Pujol, la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, dijo algo que ahora, con más perspectiva, suena casi naif: “Una Cataluña independiente no será el paraíso terrestre, pero será un lugar donde habrá herramientas para evitar que pasen cosas negativas o castigar y hacer públicas aquellas que ocurran”.

Urgente aclaración.

Casals tiene aire de mujer tolerante, aunque no siempre lo haya sido, y hasta yo estaría dispuesto a comprarle el cuento si no fuera por el cruel y categórico desmentido al que los hechos han sometido a sus palabras. En Cataluña, señora Casals, han pasado más cosas negativas de lo que podría considerarse estadísticamente razonable precisamente porque se construyó un poder casi paralelo, independiente, que robó, señora Casals, robó, de forma metódica y sistemática; y hubo jueces, y policías, señora Casals, allí radicados, que también miraron durante mucho tiempo para otro lado. Porque, de un modo u otro, también eran beneficiarios de esa situación.

Pero la constatación de lo intuido por tantos y nunca denunciado, más allá de sus repercusiones penales, debiera tener como consecuencia primera y esencial la exigencia social de una urgente y profunda aclaración de lo sucedido. El anestésico inoculado durante tanto tiempo a la sociedad catalana no debiera ser eximente para que esta entendiera, cuestiones legales al margen, que la celebración de un referéndum sobre la independencia sería una farsa si antes no se aclara en profundidad lo ocurrido en Cataluña en las últimas décadas. Porque sin el previo conocimiento de la verdad, cualquier resultado sería un fraude.