El PP mira hacia Londres
La esperanza de los populares es que el voto en España evolucione como lo ha hecho en el Reino Unido.
El resultado de las elecciones en el Reino Unido ha provocado una indisimulada alegría en el Gobierno español. La satisfacción no la provocaba tanto la inesperada mayoría absoluta del partido hermano de Cameron como otras dos variables que de algún modo venían a sostener el discurso del PP y el Ejecutivo de Rajoy. Una de ellas es la escasa fiabilidad de las encuestas en coyunturas tan versátiles como las actuales. Los sondeos en el Reino Unido pronosticaban un empate técnico entre conservadores y laboristas y un Parlamento mucho más cuarteado del que finalmente han dibujado las urnas. La esperanza de los populares es que en España suceda algo parecido, que la opinión pública, tras utilizar las municipales y autonómicas para dar un toque de atención a los grandes partidos, se incline por ejercitar el voto de forma más “sensata” en las generales.
La segunda conclusión está relacionada con la casi unánime interpretación que han hecho los medios nacionales e internacionales de la victoria del Partido Conservador: “El Reino Unido respalda las reformas económicas de Cameron”. Los asesores de Rajoy opinan que en nuestro país se está infravalorando el peso que tiene la economía en unas generales, en las que el voto es mucho más conservador, de conservar, que en el resto de citas electorales. Según esta tesis, PP y PSOE recuperarán una buena parte de los apoyos perdidos cuando esté en juego el Gobierno de la nación. Para apoyar tal conclusión se alude a que el comportamiento histórico del votante español nunca ha sido rupturista, salvo en circunstancias excepcionales, como el desmoronamiento de la Unión de Centro Democrático (UCD) en el arranque de los 80 del siglo pasado y la pésima gestión que de los atentados del 11 de marzo de 2004 hizo el Gobierno de José María Aznar, propiciando la victoria del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.
Precisamente, al desmoronamiento de la UCD, en tanto arquetipo de las consecuencias que traen las guerras internas, han dedicado PP y Gobierno recursos divulgativos en estas últimas semanas. Y Rajoy, tiempo y esfuerzos para cauterizar las heridas abiertas. El presidente, consciente de que la conjunción astral de una fea crisis interna y la potente irrupción de una alternativa centrista (Ciudadanos) podía llevarse por delante a su partido, se ha empleado a fondo para evitar el desbordamiento de las aguas. La tregua está firmada, pero tiene fecha de caducidad. Tras el 24 de mayo se revisarán los términos del armisticio. La prioridad, aunque se pierda la mayoría absoluta, es conservar la mayor parte de Gobiernos autonómicos y grandes ayuntamientos allá donde el PP sea el partido más votado. Para ello se cuenta con que Albert Rivera, como ya ha dado a entender el líder de C’s (“No queda otra”), favorezca la estabilidad política, aun de forma asimétrica, a un precio “razonable”.
Rivera y sus apoyos. En los cuarteles generales de Rajoy y Pedro Sánchez se da por seguro que Rivera repartirá sus apoyos tras las elecciones de la semana que viene para así reforzar la imagen de centralidad de su formación política, y acabará facilitando la investidura de Susana Díaz en Andalucía o la de Javier Fernández en Asturias para compensar el soporte que pueda dar al PP en, por ejemplo, Madrid y alguna otra gran capital. Lo que no se le perdonaría a Ciudadanos, argumentan, es que, pudiendo, no colaborara a la gobernabilidad de las instituciones por mero cálculo partidista. Seis meses en política –los que van del 24-M a las generales–, dicen, es mucho tiempo para mantener como casi único activo electoral la “virginidad” de los nuevos contendientes.
No forma parte de los argumentarios oficiales, pero tanto PSOE como PP confían en que el contacto con la realidad inicie el proceso de oxidación de Ciudadanos y confirme el estancamiento de Podemos. Los ayuntamientos que a partir de junio gobiernen uno u otro partido van a ser objeto de estrecho seguimiento. Veremos titulares llamativos a poco que alcaldes y concejales naranjas, violetas o asimilados decidan, de acuerdo con las ordenanzas, el derribo de unas chabolas ilegales o nieguen la licencia de obras a un monasterio de carmelitas descalzas.
A partir del 24 de mayo todo será bueno para el convento del bipartidismo. También la lectura que en clave española de seguro se acabará haciendo en relación al rotundo éxito del independentismo escocés (56 de 59 escaños posibles), impulsado por el sistema mayoritario que se aplica en el Reino Unido. Los defensores de la elección directa de alcaldes, de que gobierne la lista más votada sin tener en cuenta la suma de los demás, o de las dobles vueltas, debieran meditar lo que supondría una reforma “a la británica” en territorios como el País Vasco o Cataluña. Que España necesita cambios en la ley electoral está fuera de toda duda. Pero estos debieran centrarse en corregir el enorme déficit de representatividad que los ciudadanos sufren en algunas circunscripciones en favor de los territorios. Sin demasiados experimentos.



