Las barras bravas se alían con la política

En octubre de 2010 un grupo de sindicalistas ferroviarios argentinos que se manifestaba en Buenos Aires contra la precarización laboral fue atacado por un sindicato rival en un incidente que acabó con un muerto, Mariano Ferreyra, y tres heridos, uno de ellos grave, por disparos de bala. Diez personas están detenidas por esos hechos. Entre ellos, como presunto autor de algunos disparos, un miembro de una barra brava (como se denominan en Argentina a los grupos de hinchas violentos del fútbol) sin relación aparente con el sector ferroviario.

En cualquier otro país la presencia de un personaje así en un enfrentamiento sindical causaría extrañeza. En Argentina, no. Los barrabravas no solo se han enseñoreado de los estadios, extorsionando a dirigentes, entrenadores, futbolistas, agentes deportivos, público y hasta vendedores de refrescos. Hace mucho tiempo que, además, han extendido sus tentáculos para establecer unos turbios nexos con fuerzas políticas y sindicatos. Estos peligrosos hinchas han encontrado una forma de sacar partido a su agresividad fuera de los campos de fútbol vendiéndose como auténticos mercenarios.

Mónica Nizzardo, presidenta de Salvemos al Fútbol, una organización nacida en 2008 para denunciar la impunidad de los barrabravas y la corrupción en los clubes que los amparan, denuncia que los sindicatos usan a los hinchas para “sus movilizaciones, para que haya más gente”. Y no solo más gente, sino “gente peligrosa”, en el caso de que haga falta recurrir a métodos expeditivos para resolver divergencias entre distintas fuerzas sindicales, como quedó en evidencia en el caso de la muerte de Ferreyra.

También algunos líderes políticos se han servido de ellos como escoltas, como servicio seguridad en manifestaciones o directamente como grupos de choque, patotas los denominan en Argentina, para agredir a sus rivales o a ciudadanos opuestos a sus planes. Incluso, durante la última dictadura militar (1976-1983), algunos barrabravas colaboraron con las Fuerzas Armadas para reprimir a opositores participando en los grupos que los detenían ilegalmente para luego hacerlos desaparecer.

El periodista Gustavo Veiga, que ya en 1998 publicó sus investigaciones sobre esta turbia connivencia en el libro Donde manda la patota. Barras bravas, poder y política, explica que políticos y sindicalistas, sobre todo aquellos relacionados con el omnipresente justicialismo (el movimiento impulsado a mediados de siglo por Juan Domingo Perón), usan a estos hinchas como “mano de obra para ir a romper cabezas en un acto si es necesario o enfrentarse a un grupo antagónico en el marco de un congreso sindical”.

Veiga pone como ejemplo otro incidente en 1995, cuando el peronista Juan Carlos Rousselot, alcalde de Morón, un municipio de la zona metropolitana de Buenos Aires, recurrió a barrabravas para atacar a un grupo de opositores políticos y vecinos que protestaban frente al ayuntamiento contra un millonario plan de infraestructura de la red de cloacas. Lo más curioso del caso, recuerda el reportero, es que en esa agresión actuaron conjuntamente miembros de las barras de los equipos Morón y Chacarita, rivales irreconciliables en los estadios. “Lo que en el marco del fútbol es imposible, lo puede la política”, ironiza.

Dinero e impunidad.

Los barrabravas prestan este tipo de servicios a los políticos fundamentalmente a cambio de dinero. Pero también obtienen otras ventajas, como la impunidad, denuncia Liliana Suárez, presidenta de la asociación Familiares de Víctimas por la Violencia en el Fútbol Argentino (Favifa). Suárez impulsó la formación de esta agrupación después de que su hijo, Daniel García, muriera en 1995 apuñalado por barrabravas a la salida de un partido entre las selecciones argentina y chilena en la ciudad uruguaya de Paysandú, pegada a la frontera con Argentina. Algunos de los sospechosos apuntados por testigos, denuncia, formaban parte, precisamente, del grupo de choque de Juan Carlos Rousselot y actuaban como guardias de seguridad en sus actos. Además, agrega, trabajaban como funcionarios municipales en Morón e incluso viajaron hasta Paysandú para ver el partido en una ambulancia municipal.

La mujer batalló durante 15 años para que la causa avanzara en la Justicia uruguaya, pero las dilaciones y la falta de cualquier tipo de apoyo por parte de las autoridades y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hicieron que el crimen prescribiera el año pasado. “Siempre se dijo que la causa por la muerte de mi hijo no se investigó porque se desparramaron miles de dólares para eso. No por los asesinos, sino por sus mentores políticos”, se lamenta la presidenta de Favifa.

Según Salvemos al Fútbol, en las tres últimas décadas 130 personas han muerto en Argentina en hechos de violencia relacionados con este deporte. Una mínima parte de estos fallecimientos han sido resueltos por la Justicia.

Las barras bravas han tenido un crecimiento considerable desde los años 80. Y no solo gracias al amparo de esos “mentores políticos” de los que habla Suárez. Los propios clubes y la AFA, que desde hace 32 años está dirigida por el incombustible y controvertido Julio Grondona, son señalados como los principales responsables de haberlos potenciado con prebendas y con una actitud complaciente hacia sus desmanes. “Los dirigentes del fútbol argentino fuimos culpables”, reconoce Raúl Gámez, expresidente del equipo Vélez Sarslfield, de Buenos Aires. Gámez admite que, como los demás responsables de los clubes argentinos, intentó apaciguar a los violentos barrabravas concediéndoles entradas a cambio de que se portasen bien. Pero se dio cuenta de que esta estrategia es contraproducente, porque tenerlos contentos se vuelve poco a poco más complicado: “Cada vez les dábamos más cosas, para tenerlos ahí, pactantes. Cuando quisimos luchar contra esto de la violencia, nos dimos cuenta de que estábamos devorados, de que estaban instalados”.

Otros clubes intentaron incluirlos en la institución contratándoles para tareas como la seguridad o el control de las entradas. Pero los desmanes y los incidentes continuaron y la voracidad de las barras bravas aumentó. Ahora es habitual que cobren por el estacionamiento en los alrededores del estadio, que exijan un canon a los vendedores de refrescos o hamburguesas, que manejen la venta de mercadotecnia del equipo... Peor aún, sostiene Nizzardo: extorsionan a futbolistas y técnicos a cambio de su apoyo, e incluso se llevan un porcentaje en los traspasos de algunos jugadores.

En definitiva, se han convertido en una mafia que ha buscado expandir sus negocios fuera del fútbol y ha encontrado en el sistema clientelar de la política y el sindicalismo argentinos el campo propicio. Además de utilizarlos como servicios de seguridad o como simples matones, los políticos “se valen de estos personajes para conseguir votos”, indica Veiga. “Cada voto se cotiza en pesos. Un barra maneja una hinchada en un determinado barrio. Va allí y dice: ‘Tenemos que votar a fulano en la próxima elección”, explica. Otra fuente de ingresos, añade, es el alquiler de sus pancartas en los estadios: “Como este año es electoral, en los partidos de fútbol van a aparecer banderas de los políticos, y eso se paga”.

En relación a esta práctica, se desató un escándalo el año pasado que salpicó al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que no ha quedado todavía aclarado. Más de 200 miembros de una coalición de barras bravas, amparada por un personaje de nombre Marcelo Mallo, compañero de militancia del jefe del Gabinete de ministros, Aníbal Fernández, viajó al mundial de Sudáfrica a animar a su selección y se vio implicado en la muerte de otro aficionado argentino. Once barras de la primera y la segunda división argentina habían creado meses antes de la cita mundialista Hinchadas Unidas Argentinas (HUA) con el supuesto propósito de “trabajar como ONG” y bajo un “compromiso de no violencia”. Además, se declararon abiertamente seguidores de Néstor Kirchner y en las pancartas que exhibían en los estadios aparecían un pingüino (símbolo del político) y las letras “KV”, siglas de “Kirchner Vuelve”. Antes de su repentina muerte en octubre pasado, el expresidente era un probable candidato para regresar a la presidencia argentina en las elecciones que tendrán lugar este mismo año.

Muerte en Sudáfrica.

Aunque al formarse HUA aseguró que no iba a buscar prebendas ni dádivas, la oposición acusó al Gobierno de financiar el viaje de 235 de sus miembros al último mundial. Salvemos al Fútbol denunció antes del evento que el Ejecutivo, a través de Mallo, “los ayudó a juntar plata para ir a Sudáfrica” y pidió que se investigasen estos nexos, pero desde entonces la querella no ha registrado avances. Además, la asociación advirtió de que algunos tenían causas pendientes con la Justicia y tenían prohibido salir del país. Pero las autoridades argentinas no lograron detenerles. Algunos fueron rechazados por la aduana sudafricana, pero muchos lograron entrar. El resultado fue un hincha, Luis Forlenza, muerto tras el partido en el que Argentina fue eliminada por Alemania, en cuartos de final. La víctima, de 58 años y seguidor del Boca Juniors, murió de un infarto. Oficialmente fue causado por un intento de robo, pero la prensa argentina aireó que fue agredido por barrabravas de HUA. El Gobierno se desentendió entonces de esta agrupación y durante un tiempo pareció que se había desintegrado. Pero el pasado 24 de mayo HUA reapareció cuando unos 300 de sus integrantes se manifestaron frente a la sede de la AFA exigiendo entradas para la Copa de América que se celebra en julio en este país.

Cuantos más favores (voluntarios o bajo extorsión) reciben las barras, más fuertes se hacen y más complicado es controlarlas, sostiene Veiga, que advierte: “Esos mismos políticos que los financian, esos mismos sindicalistas que los prohijan y los usan como grupos de choque, difícilmente van a terminar con esto, porque ya son rehenes de esos grupos”.