La pesadilla continúa en Ciudad Juárez

La localidad de Ciudad Juárez, separada de Estados Unidos por el Río Bravo, se hizo infaustamente famosa a finales de la década de 1990 e inicios de la siguiente por los asesinatos de cientos de mujeres cuyos cadáveres eran encontrados con signos de violencia sexual en crímenes que por lo general quedaban impunes. Sin embargo, las desapariciones y muertes de mujeres se han seguido produciendo en esta urbe de casi un millón y medio de habitantes con una frecuencia espeluznante.

Una prueba de ello es el caso del arroyo del Navajo, situado en una zona desértica a unos 60 kilómetros de Ciudad Juárez, donde fueron encontrados entre los años 2011 y 2013 los restos de 18 mujeres asesinadas.

Las autoridades han detenido a 11 miembros de una presunta red de trata de mujeres con fines de explotación sexual a la que acusa de estas muertes. Sin embargo, algunas familias plantean dudas sobre esta versión, mientras que una fuente anónima cercana a la investigación revela a Tiempo que en el lugar se encontraron indicios que apuntan que los responsables de las muertes tienen entrenamiento militar.

Los primeros cuerpos fueron hallados a finales de 2011 y los últimos en marzo de 2013. Aunque según los análisis forenses habían sido abandonados en distintos puntos y uno a uno, a principios de 2011, lo único que quedaba de ellos eran los huesos y algunas prendas.

Y es que los asesinos habían dejado los cuerpos a la intemperie en el cauce seco del arroyo. Las duras condiciones climáticas habían descompuesto rápidamente los cadáveres, mientras que los aluviones generados por las lluvias ocasionales y los animales carroñeros habían esparcido los restos óseos. De muchos esqueletos solo se recuperaron algunas partes. De una de las víctimas, por ejemplo, solo se hallaron dos huesos del cráneo. Los peritos criminalísticos determinaron que las víctimas habían sido privadas de la libertad mediante engaños, no a la fuerza, pero que las habían llevado hasta este cementerio clandestino atadas de pies y manos y habían sido asesinadas sin piedad de un golpe en la cabeza.

En junio del año pasado, la Fiscalía de Chihuahua (el Estado en el que se encuentra Ciudad Juárez) anunció la desarticulación de una red de trata a la que atribuye la muerte de las víctimas de este cementerio clandestino. Seis personas fueron arrestadas entonces y durante el proceso de investigación se han ido añadiendo a esa organización criminal otras seis personas que ya estaban detenidas por otros delitos. Según la investigación, sus integrantes atraían a jóvenes en pleno centro de Ciudad Juárez con falsas ofertas de trabajo y las privaban de la libertad para obligarlas a prostituirse y vender droga. Cuando ya no les resultaban de utilidad las asesinaban. Entre los detenidos están los dueños de una zapatería y el de una agencia de modelos y personal de un hotel donde supuestamente eran obligadas a prostituirse las víctimas. Ninguno de ellos posee ninguna experiencia militar.

Denuncias de los familiares.

Esta forma de actuar coincide con las denuncias que llevaban haciendo durante varios años las organizaciones de familiares de víctimas. Decenas de jóvenes, muchas de ellas con características físicas similares, han ido desapareciendo, en la mayor parte de los casos cuando acudían al centro de la ciudad en busca de empleo.

“Desde 2008 a la fecha se tiene reportes de por lo menos 60 mujeres desaparecidas”, asegura Malú García, de la asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa. García fundó esta organización junto con su madre, Norma Andrade, después de que su hermana, Lilia Alejandra, desapareciera en febrero de 2001, cuando contaba con solo 17 años, y una semana después encontraran su cuerpo en un descampado con huellas de haber sufrido violencia sexual.

Casos como este, unidos a la desidia policial, al desprecio de las autoridades hacia las familias y a la certeza de que no podía haber tantas mujeres asesinadas sin la connivencia o incluso complicidad de las altas esferas del poder, provocaron indignación en todo el mundo.

Una opinión pública anestesiada.

Ahora, sin embargo, pese el hallazgo de 18 jóvenes en El Navajo, la indignación parece haberse apagado. Y es que la opinión pública mexicana está anestesiada por la ola de violencia generalizada que vive el país. Particularmente desde que, en 2006, el Gobierno decidió combatir al crimen organizado con el despliegue por todo el país de miles de militares realizando  funciones de policía. México se sumió entonces en una espiral de muerte y sangre. Cuerpos colgando de los puentes, cabezas cortadas y exhibidas a la vista de todos para aterrorizar, fosas con decenas de cadáveres...

Los feminicidios y desapariciones de Ciudad Juárez son unos más de los miles que se producen a lo largo de todo el país. Desde 2012 el número de casos ha venido disminuyendo en esta urbe. El año pasado se cerró con diez desapariciones de mujeres sin resolver, según información proporcionada por la fiscalía a la organización Red Mesa de Mujeres, que asiste legalmente a las familias de tres de las víctimas. Cecilia Espinosa, abogada de esta ONG, considera que gracias a la presión de las familias se han activado mecanismos para la reacción inmediata ante una desaparición “que desde 2012 han sido efectivos”. No obstante, advierte que aunque “en Juárez ha disminuido el índice de mujeres desaparecidas, en otros municipios de la región se ha ido incrementando”, por lo que teme que las redes de trata podrían simplemente haber trasladado sus acciones a otras zonas donde no se implementan esos mecanismos.

Otras organizaciones de familiares, como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, recelan de las cifras oficiales y acusan al Gobierno local de falta de transparencia y de maquillar las cifras calificando como feminicidios solo algunos casos. Malú García pone como ejemplo que “el Gobierno dice que en 2011 solo hubo un feminicidio” en Ciudad Juárez, cuando en ese año fueron asesinadas más de 100 mujeres. Y es que lo que no se ha reducido es la desconfianza hacia la labor de las autoridades juarenses. Sobre la desarticulación de la red de trata de mujeres planea la sospecha de que algunos de los que fueron condenados por feminicidios en el pasado eran en realidad chivos expiatorios. El ejército se desplegó en la localidad en 2008 y se produjo entonces un repunte de la violencia y de las desapariciones de jóvenes. En 2010, los militares dejaron de nuevo la seguridad del núcleo urbano en manos de la policía y se encargaron de vigilar los alrededores. Entre otras medidas, instalaron un puesto de control permanente en la carretera que recorre el valle de Juárez por el que hay que pasar para llegar hasta el camino de tierra que lleva al arroyo El Navajo, algo que ha despertado las suspicacias de las familias de las víctimas.

No es esta la única sombra de sospecha sobre los soldados. Según una fuente cercana a la investigación a la que ha tenido acceso Tiempo, los golpes que provocaron la muerte de las jóvenes fueron secos y precisos, y en ellos los peritos reconocieron un estilo militar. “Eran golpes bien dados. Siempre en el mismo lado y todos desde la misma posición. Era algo muy bien preparado”, sostiene el informante. Y tampoco los nudos con los que las ataron eran unos nudos cualquiera. Para los miembros del equipo que realizó las investigaciones, eran típicos de los militares. “Los criminalistas y policías con experiencia lo aprecian a primera vista: los tipos de nudos de las ataduras eran muy característicos y los identificaban como de militares”, según la fuente.

Tráfico de órganos.

Malú García, que tuvo que dejar Ciudad Juárez junto con su madre después de que esta recibiera varios balazos frente a su casa en diciembre de 2011, añade más elementos que ponen en duda la versión oficial sobre la red de trata de mujeres. “Habría que confirmar si realmente se trata de una red de trata de personas”, agrega. “Pero a todas las mujeres que se encontraron en el arroyo El Navajo las mataron casi inmediatamente después de ser privadas de la libertad. No las tuvieron meses secuestradas. Fueron días y, en algunos casos, una semana o dos. No secuestras a una joven con fines de explotación sexual para matarla a los dos días”. La activista explica que la investigación se sustenta en las declaraciones de una superviviente de esa red, pero al ser testigo protegido, ni ellos ni otras organizaciones civiles han podido tener acceso a ella. “La autoridad no nos ha dado acceso a las pruebas, los expedientes y todo lo que tiene contra estas personas”, lamenta. Por otro lado, la fiscalía no pareció tener mucho interés en un principio por investigar a fondo el caso de El Navajo. El 5 de febrero de 2013, varias madres de las víctimas que fueron a El Navajo a depositar una ofrenda se tropezaron con los restos de otras dos mujeres .

A causa del escándalo, un mes después se llevó a cabo un exhaustivo operativo en el que, según la fiscalía, participaron 370 policías y madres de mujeres desaparecidas que encontraron todavía más huesos. Cecilia Espinosa reclama que “no se deben descartar otras líneas de investigación que se han seguido en otros momentos, como tráfico de órganos o que hayan sido sustraídas para realizar un acto salvaje”.

“No se debe seguir solamente una de las líneas, sino que se debe estudiar cada caso específicamente, ver cuáles se vinculan [con la red] según los indicios que salen en las investigaciones [oficiales] y en las que las madres realizan por sí mismas”, añade.