Holanda pierde su identidad

Holanda es un referente mundial de libertad. Los coffee shops, el Barrio Rojo de Ámsterdam, el multiculturalismo, el matrimonio homosexual y la eutanasia han forjado esa imagen de tolerancia, que en la actualidad se está resquebrajando. Mientras se prohíbe la entrada a los turistas a los coffee shops del sur del país, el Ayuntamiento de Ámsterdam cierra escaparates para la prostitución en el Barrio Rojo y un partido xenófobo, el Partido de la Libertad (PVV, pos sus siglas en holandés), marca la agenda política con vistas a la convocatoria de elecciones anticipadas el próximo 12 de septiembre, tras hacer caer al Gobierno al retirarle su apoyo parlamentario como tercera fuerza política.

Con su melena rubia platino y apodado Mozart, Geert Wilders, el xenófobo líder político holandés, ha vuelto a condicionar la vida política de cara a las próximas elecciones. Si antes el objeto de su ira fueron los inmigrantes musulmanes, ahora le toca el turno a los países del ajo, como la prensa populista denomina a las naciones del sur de Europa, por abusar de la economía holandesa. El político de extrema derecha ha centrado su programa político en la salida de Holanda del euro.

El Gobierno de coalición entre liberales y democristianos cayó el pasado abril por la retirada del apoyo parlamentario de la agrupación política que Wilders lidera, el Partido de la Libertad, la tercera fuerza política del país, que mantiene un discurso plenamente racista. El motivo fue la negativa del PVV a apoyar una reducción del déficit público.

Las encuestas anticipan una ardua competición entre el Partido Socialista, dirigido por el antiguo profesor de instituto Emile Roemer, y la agrupación de centro-derecha Partido Popular por la Democracia y la Libertad, liderada por el hasta ahora primer ministro Mark Rutte. Pero existe la posibilidad de que el partido de Geert Wilders se haga con el segundo puesto, o incluso con el primero, en la carrera electoral.

En Bruselas, los Países Bajos ha sido el único país en pedir una política de inmigración más estricta y en oponerse a la entrada de Rumanía y Bulgaria en la zona Schengen, que garantiza la libertad de movimientos dentro de la Unión Europea. El partido de Wilders ha establecido recientemente una línea telefónica a través de la cual los holandeses se pueden quejar de los inmigrantes polacos en el país, lo que ha causado un enorme revuelo en Polonia. Para ser el país europeo que más depende del comercio exterior, no parece que esta sea la mejor forma de proyectar una buena imagen para los negocios.

Fracaso del multiculturalismo.

Wilders, con una retórica incendiaria, recogió la antorcha del ataque al islam de manos del político católico gay y antinmigración Pim Fortuyn y del cineasta Theo Van Gogh, que fueron los primeros que se atrevieron a romper dicho tabú y, por ello, fueron asesinados en 2002 y 2004, respectivamente. Sus muertes, junto con el 11-S y los atentados yihadistas de Madrid, en 2004, y Londres, en 2005, acentuaron los cada vez mayores prejuicios de los neerlandeses frente a los inmigrantes musulmanes, la mayoría procedentes de Turquía y Marruecos, que llegaron al país europeo en la década de los sesenta del pasado siglo.

El multiculturalismo holandés se denunció entonces como un fracaso. El millón y medio de inmigrantes y sus descendientes que habitan entre los 16 millones de holandeses no han encontrado en el país una integración sencilla. Los jóvenes de origen extranjero sufren el doble de paro que los nativos y también duplican la tasa de abandono de los estudios.

Mientras, parte de la sociedad holandesa –y particularmente Wilders- culpa a los inmigrantes musulmanes de perjudicar valores nacionales como el respeto a los gays y las mujeres y no ser civilizados. Por ello, sostienen muchos holandeses, hay que derribar las mezquitas, prohibir los burkas y negar la entrada a más inmigrantes musulmanes. “A raíz de que empezara a fallar el Estado del bienestar, la rabia y el miedo se han canalizado contra los musulmanes, y ahora también contra los países del ajo”, señala René Gabriels, profesor de Filosofía de la Universidad de Maastricht.

Cerrado por huelga.

“Cerrado indefinidamente por huelga”, dice el cartel colgado en la puerta del coffee shop Easy Going de la histórica ciudad holandesa de Maastricht. No es necesario esperar más de diez minutos frente al local hasta que uno de los jóvenes camellos que recorre de arriba abajo la orilla del río Mossa se acerque y pregunte: “¿Necesitas algo?”. Ese algo puede ser marihuana, pero también cocaína o éxtasis.

La mitad de los 14 coffee shops de Maastricht, atrapada en una pequeña península al sur del país entre Bélgica y Holanda, permanecen cerrados por huelga debido a la nueva regulación que entró en vigor el pasado 1 de mayo en las tres provincias más meridionales. La nueva normativa solo permite consumir cannabis en estos cafés a residentes locales en posesión del documento conocido como el pase de marihuana.

De este modo se están esfumando los dos millones de turistas –la mayoría belgas y alemanes- que se acercaban anualmente a la bucólica Maastricht atraídos por el denso humo de sus coffee shops así como los 250 millones de euros generados por estos establecimientos. Está previsto que la nueva política se aplique en todo el país a principios de 2013.

“Esta medida es completamente discriminatoria frente a otros ciudadanos de la Unión Europea”, reclama Marc Josemans, presidente de la Asociación de Coffee Shops Oficiales de Maastricht, quien ha denunciado esta política en los tribunales neerlandeses. “Los turistas de los coffee shops nunca han ocasionado problemas. Además de entrar en los cafés también van a los restaurantes, las tiendas y pernoctan en los hoteles. Se trata de una política puramente populista basada en símbolos”, afirma Josemans indignado y enérgico.

Después de 36 años de despenalización de la posesión individual de cinco gramos de marihuana y del cultivo y la venta de drogas blandas a través de los coffee shops en el país europeo, un tribunal de La Haya ratificó el pasado mes de abril la prohibición del consumo de drogas blandas a los visitantes extranjeros en dichos cafés. Los partidos conservadores no quieren que su país atraiga al llamado turismo de drogas y a criminales de otros países que compran en Holanda dichas sustancias para revenderlas después de forma ilegal. Pero la guerra todavía no está ganada y los dueños de los 700 coffee shops del país de los canales ya han amenazado con llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También es un asunto controvertido en la actual campaña electoral.

“Ningún otro país del mundo tiene una cifra tan baja de muertes por abuso de drogas. Ya dijo Bill Clinton en su visita a Holanda que aquí habíamos encontrado la solución para tratar el tema de las drogas haciéndolas aburridas”, apunta Josemans. Las cifras del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías le dan la razón. Mientras que un 5,4% de holandeses consume cannabis, en países como Francia el consumo asciende al 8,6% de la población, y en España al 10,6%, más del doble que en los Países Bajos.

Limpiar el Barrio Rojo.

Pero si la desaparición de muchos de los coffee shops del paisaje urbano de Ámsterdam supondría un duro golpe a la imagen de tolerancia que proyecta la ciudad –y a su turismo-, aún más lo sería el menoscabo de un lugar tan emblemático como el Barrio Rojo. Desde 2007 se han cerrado un tercio de los míticos escaparates desde los que las mujeres ofrecen sexo a cambio de dinero.

Y se siguen clausurando. El Ayuntamiento de Ámsterdam ofrece subsidios cuantiosos para el alquiler de estos céntricos espacios a empresas creativas y pretende de este modo “limpiar el barrio”. El teniente de alcalde de Ámsterdam, Lodewijk Asscher, así lo explica: “Queremos recuperar, reclamar y revitalizar el corazón de la ciudad. Habrá prostitución, pero estará bajo control del Gobierno y con una mejora de la situación de las mujeres”.

Cada vez más tiendas de ropa, zapaterías, librerías, incluso cadenas de radio, como la llamada Barrio Rojo, conviven con vitrinas iluminadas con neones rojos y pesadas cortinas de terciopelo –echadas o no, según haya o no un cliente dentro– donde mujeres gordas, flacas, viejas o jóvenes fuman, hablan por teléfono o sonríen a los viandantes vestidas con un sugerente biquini o lencería fina.

Cerca de la Iglesia Vieja un posible cliente americano regatea el precio estándar de 50 euros en una callejuela extremadamente estrecha donde se concentran las prostitutas de Europa del Este, mientras que una morena de pechos grandes y cintura de avispa abronca a una pareja de turistas por tratar de hacerle una foto. Parece ser que más de un turista ha acabado nadando en un canal empujado por una prostituta cansada de que la retraten. “Los turistas nos hacen sentir como si fuéramos animales de un zoo”, se queja una atractiva holandesa.

A Mariska Majoor, una exprostituta que en la actualidad dirige el Centro de Información sobre la Prostitución en pleno corazón del Barrio Rojo, no le parece que clausurar escaparates sea la mejor medida. “Creo que el cierre de las vitrinas supone la pérdida de un entorno de trabajo seguro y que no aportan la solución para los problemas que se quieren resolver”, señala.

La prostitución y los burdeles se legalizaron completamente en los Países Bajos en el año 2000, anteriormente esta profesión se ejercía desde una cierta alegalidad. Las mujeres ahora cotizan a la Seguridad Social, pagan impuestos y son consideradas pequeñas empresarias. El Ayuntamiento de Ámsterdam, por su parte, asegura que desde esa fecha ha aumentado el tráfico de personas a la metrópolis.

Además del cierre de estos escaparates, se quieren introducir nuevas medidas para el control de la prostitución, como aumentar la edad a partir de la cual se puede ejercer hasta los 21 años, la prohibición del turno doble y el establecimiento de un examen de idioma para las trabajadoras del sexo extranjeras. También se está debatiendo en el Parlamento la posibilidad de un registro de las prostitutas, para poder combatir con más eficacia la trata de personas. Pero, una vez más, estas medidas son cuestionadas por las trabajadoras a la hora de conseguir controlar un negocio que existe en Ámsterdam desde el siglo XVI, cuando los marineros abandonaban el puerto y se adentraban en las callejuelas del Barrio Rojo para buscar asueto entre las mujeres después de un largo viaje.

“El plan de registro es una barbaridad. Se convertirá en un motivo para trabajar de forma clandestina, con mucha más desprotección y mayores riesgos, ya que el anonimato es muy importante para las trabajadoras del sexo”, señala Mariska. “Me preocupa mucho que la sociedad holandesa se muestre cada vez más intolerante”, añade.