Bolivia y Chile apuestan por la distancia
Chile y Bolivia endurecieron esta semana sus ya distantes posiciones en torno al litigio fronterizo que los enfrenta en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) y que mantiene congeladas sus relaciones desde 2013.
«Chile está tomando la postura más difícil y dura», reclamó sin ambages el ex canciller boliviano Armando Loaiza, luego que la presidenta Michelle Bachelet anunciara que su país objetara la competencia de la CIJ para conocer el requerimiento boliviano.
En ambos países, enfrentados hace cien años por el deseo boliviano de recuperar un acceso soberano al Pacífico, las voces mediadoras son abierta minoría.
Aún más, la decisión de Bolivia de pedir en 2013 a la CIJ que obligue a Chile a negociar una cesión territorial es considerada un acto inamistoso en Santiago, donde no hay espacio político hoy para las voces que pedían años atrás un diálogo directo sobre el tema.
Ni el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre ni el líder conservador Pablo Longueira volvieron a enarbolar la idea del canje territorial que alguna vez izaron en 2010 en una seminario en el Congreso con la centro izquierda hoy en el poder.
La demanda interpuesta por Bolivia cerró en Chile paulatinamente las filas en torno a la postura más frontal, la que es rechazar la competencia de la Corte, alegando que existe un Tratado de Límites vigentes desde 1904.
Esta postura fue defendida por ex presidentes, senadores, diputados, asesores y ex cancilleres en sucesivas reuniones con Bachelet que derivaron siempre en declaraciones a favor de que Chile pidiera la incompetencia del tribunal internacional.
«Las relaciones entre Chile y Bolivia deben sustentarse en principios y valores permanentes», demandó esta semana la mandataria, quien cuestionó la decisión de su par boliviano, Evo Morales, incluso de antes de llegar al poder en marzo.
La posición chilena, que obliga a que las partes aleguen por la incompetencia de la CIJ en un proceso que tomará 18 meses, está cruzada por el anterior juicio marítimo limítrofe ante el mismo tribunal con Perú, en el que Chile perdió parcialmente en su alegato.
A diferencia de esa contienda legal, la diplomacia chilena no desea emitir ahora señales de acercamiento durante el juicio.
Además Chile asevera que la CIJ carece de competencia para dirimir sobre la contienda, pues el tratado limítrofe con Bolivia es anterior a la fecha de constitución del tribunal, 1948.
El reglamento de la CIJ establece de hecho que no puede conocer de temas anteriores a su fundación.
En Bolivia, donde el acceso al mar es una demanda transversal, constitucional e histórica, las posturas oficiales apuntan a construir un arco transversal de trabajo y respaldo a la iniciativa del presidente Evo Morales.
«No podemos decir que la batalla judicial va a ser fácil, porque sería una falta de responsabilidad", remarcó en ese contexto la abogada internacionalista boliviana Karen Longaric.
Pero la verdad es que aunque la CIJ otorgue la razón a Bolivia, no antes de cuatro a seis años de litigio, Chile no puede ceder territorios por su frontera norte sin antes consultar a Perú, como establecen acuerdos fronterizos entre Lima y Santiago.
Por ello, ninguna decisión a favor de Bolivia será una solución automática al conflicto.
Por otro lado, si la Corte otorga la razón a Chile las puertas para una negociación directa quedarán cerradas para siempre, opinó el canciller chileno Heraldo Muñoz.