Arriesgados abortos en América

Mediodía en la avenida 18 de julio, la principal arteria de Montevideo, una mujer con gafas de sol acude a la cita convenida y propone su mercancía, ocho pastillas de misoprostol por 5.000 pesos uruguayos (unos 170 euros), y algunos consejos básicos para abortar sin problemas, en casa.

La misma escena se repite en el centro de Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago de Chile o Lima. En medio de la prohibición más total, el aborto con medicamentos se generaliza en América Latina. La clave la tiene el misoprostol, un fármaco del laboratorio estadounidense Pfizer indicado para las úlceras.

La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce ya oficialmente sus ventajas para evitar las muertes por aborto inseguro: unas pocas dosis de esta pastilla producen contracciones y la expulsión del feto en algunas horas. Además, gracias a sus propiedades anticoagulantes el misoprostol, conocido también como cytotec, evita las hemorragias.

En Montevideo las clínicas clandestinas de abortos han desaparecido casi completamente desde la irrupción del fármaco, que, además de más seguro, es mucho más barato que una intervención, que podía costar más de 500 euros.

Para entender la dimensión del fenómeno basta una búsqueda sencilla en Google: “conseguir misoprostol en Buenos Aires” o “misoprostol en Santiago de Chile, Bogotá, Lima, La Paz…”. Inmediatamente aparecen las indicaciones y, muchas veces, un número de móvil al que llamar para obtener las píldoras.

Coser y cantar en países que castigan el aborto con prisión y donde la despenalización ni siquiera está en la agenda política. Cuando el pasado mes de mazo la fumata blanca anunció que el próximo Papa sería argentino, las feministas de ese país empezaron a medir su lucha por la despenalización en décadas, en vez de en años.

Sandra Vázquez, ginecóloga del hospital Argerich de Buenos Aires, ha aprendido a nadar a contracorriente. Su servicio es único en la capital argentina: un puñado de médicos explican cada día a decenas de pacientes cómo abortar con misoprostol de manera segura.

En 2012 el centro médico dio asesoramiento a 142 pacientes, una gota en el océano, ya que se calcula que cada año se realizan en Argentina 500.000 abortos ilegales, según cifras de las ONG.

Derecho a informar.

Están al borde de la línea roja y lo saben. En Argentina, una ley de 1921 castiga con trece años de cárcel la interrupción del embarazo. A pesar de estar autorizado en caso de violación o peligro para la madre, resulta casi imposible aplicar esas excepciones en la mayoría de los hospitales del país.

Pero en el Hospital Argerich las cosas son muy diferentes. Sandra Vázquez y su equipo de veinte personas se amparan en el derecho a informar al paciente para recomendar el misoprostol a cualquier mujer que acuda a la consulta. Esta mujer alta y rubia, de 52 años, está totalmente tranquila: un equipo de juristas la asesora y respalda, hasta la fecha no ha tenido problemas con la justicia, aunque durante la conversación evoca “algunas citaciones a declarar”, sin más detalles.

Pero su trabajo está acotado: los médicos pueden recomendar el misoprostol y examinar a las pacientes antes y después de su utilización, pero no pueden prescribirlo ni recetarlo, esa es la verdadera línea roja. De este modo, las mujeres quedan abocadas al mercado negro y a la clandestinidad.

Forma parte de este entramado una ONG, Red Nosotras del Mundo, que ofrece todo tipo de información sobre el misoprostol y pone a disposición de las mujeres un teléfono que garantiza una “llamada anónima y confidencial”.

Pero sin respaldo médico, el misoprostol puede convertirse en un peligro para las mujeres. Y en Argentina llegar al hospital es todo un problema.