Una última bala para detener el desafío catalán

Cataluña tiene unos derechos que no están en la Constitución”. La frase, pronunciada por Alfredo Pérez Rubalcaba esta misma semana, certifica lo que muchos piensan y cada día menos callan. Sin una reforma de la Constitución cada vez parece más difícil que el desafío catalán no acabe en un tremendo choque de trenes que haga saltar por los aires ambas locomotoras. Y con ella nadie certifica que se pueda evitar. El empeño del Govern de Artur Mas de buscar una vía secesionista y el cierre del Gobierno en torno al argumento de que la actual legislación no permite ningún otro encaje a Cataluña han llevado la cuestión a un callejón sin salida. Las posiciones de partida son tan distantes que parece imposible que la negociación pueda dar frutos sin un cambio normativo profundo, que, sin embargo, parece lejano.

El PP no parece dispuesto a emprender en este momento una reforma constitucional y las relaciones entre los dos grandes partidos auguran muchas dificultades para construir a medio plazo un consenso similar al de la Transición. Desde las filas populares alegan que en pleno momento de tensión no resulta conveniente modificar la ley fundamental del Estado. De igual opinión es José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos. A su juicio, aunque es necesario emprender una reforma en varios puntos, esta no puede hacerse presionados por una “parte mínima de la población”. La falta de entendimiento y la polarización de las posiciones desaconsejan abrir un debate territorial que, en su opinión, tal y como se ha planteado, iría contra los propios términos de la Constitución. También Antonio Torres, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED apela a la calma como un elemento fundamental en el debate constitucional. “Como decía Ignacio de Loyola, en tiempo de tribulación no hacer mudanza”, subraya.

No es la opinión generalizada. Otros constitucionalistas y expertos en ciencia política creen que la situación empieza a ser insostenible y es imprescindible tomar medidas. Para Luis Aguiar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es imprescindible un revulsivo, un debate abierto que ilusione a la ciudadanía y que le permita pronunciarse. “Una catarsis que haga a la gente volver a identificarse con el sistema político”, apunta. Según su análisis, la corriente independentista catalana tiene mucho que ver con unas instituciones anticuadas, incapaces de plantear un proyecto común a largo plazo.

Aplacar la vía soberanista.

Coincide con él Pablo Santolaya, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá de Henares, para quien el mero anuncio de que se abre un proceso de reforma constitucional ayudaría a aplacar el debate soberanista y crearía un ambiente más proclive al acuerdo que el actual. En este sentido, Ferrán Requejo, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra, sostiene que el debate sobre la conveniencia o no de una reforma es un argumento a favor del inmovilismo y el enfrentamiento. “Es una negativa constante: cuando hay tensión no debe reformarse para evitar conflictos y si no la hay, no se aborda para evitar crear un nuevo problema”, se queja. A su juicio, solo un cambio muy profundo y urgente en la Carta Magna que recoja un amplísimo autogobierno de Cataluña permitiría apagar la vía independentista. Cualquier otra cosa no sería “comprable” por una sociedad catalana que exige ver satisfechas sus exigencias ya.

Más allá de la oportunidad del cambio en este momento, todos coinciden en que es necesario retocar una Carta Magna que empieza a quedarse obsoleta. Y la cuestión catalana no es la única razón que  empuja a cada vez más expertos a defender una reforma constitucional profunda. El desarrollo de las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, las figuras de la moción de censura y la cuestión de confianza, la función del Senado, el referéndum consultivo, la provincia como circunscripción electoral o la organización territorial del Estado en su conjunto son algunas de las cuestiones que para muchos constitucionalistas presentan agujeros importantes.

El inmovilismo de los últimos 35 años ha provocado que se abran los debates con urgencia en lugar de haber previsto los conflictos y haberlos debatidos con calma. No solo con Cataluña. Varios de los expertos coinciden en que habría sido oportuno abordar el Título II, relativo a la Corona, en un momento de estabilidad de la institución y no cuando esta atraviesa sus momentos más bajos de popularidad y el Rey está convaleciente.

En realidad, la sacralización de la actual Constitución durante la Transición ha evitado que se modifique sustancialmente ninguno de los aspectos fundamentales de un texto redactado en 1978 como un revulsivo para dejar atrás la dictadura franquista. “Vivimos en la España actual con una normativa que se hizo para una sociedad de los años 70 del pasado siglo”, explica Pablo Santolaya. Desde entonces España ha cambiado, pero su ley fundamental no. Es una excepción, una rareza dentro de las democracias consolidadas que, en general, se han ido adaptando a los nuevos tiempos.

En los últimos 60 años la Constitución alemana ha sido reformada más de medio centenar de veces; la francesa, en algo más de medio siglo, cerca de 30; y la española, en 35 años, dos veces, y en ambas ocasiones se ha tratado de retoques mínimos, en pleno verano y por imposición europea. Es coherente con nuestra historia. Ninguna de las Constituciones que han regido en España desde la famosa Pepa de 1812 hasta la actual de 1978 fueron reformadas. Derogadas todas y alguna resucitada, pero reformada, ninguna.

Dos únicos retoques.

Solo la actual ha sido retocada y lo fue esquivando el debate político. En 1992 hubo que introducir dos únicas palabras que dieran a los extranjeros el derecho a ser elegidos en unas elecciones municipales (sufragio pasivo). Hace mucho menos, en 2011, la crisis forzó al Gobierno a ofrecer garantías a los mercados. El PP y el PSOE pactaron una reforma del artículo 135 que garantizara la estabilidad presupuestaria en todas las administraciones. En ninguna de esas dos ocasiones los españoles pudieron pronunciarse en referéndum pese a que es una opción contemplada en la propia Constitución (ver recuadro).

Es precisamente esa falta de participación uno de los problemas que identifica Luis Aguiar en la actual Carta Magna, a la que “el paso del tiempo y el manoseo de los políticos” han hecho ajena a los ciudadanos. “En una sociedad donde cada vez cala más el no nos representan es necesario que un referéndum vuelva a legitimar las instituciones que nos gobiernan”, coincide Pablo Santolaya. A su juicio, “la ilusión que generó la Transición por dejar atrás una dictadura no es ya suficiente legitimidad para justificar el sistema. No reformar la Constitución es un suicidio a medio plazo”.

No parece fácil que vaya a haber cambios profundos en los próximos años. Pese a que existe un consenso casi generalizado de que el actual texto está “agotado” el amplio consenso necesario está lejos de lograrse. Durante años, el PP y el PSOE sumaban la mayoría suficiente para lanzar el proceso, pero nunca lo han hecho. Con el actual espectro político, ambos partidos son imprescindibles para llevar a cabo cualquier reforma. En 2004 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero inició una reforma de mínimos mucho más modesta que la que proponen la mayoría de expertos. Se basaba en cuatro puntos: la no discriminación de la mujer en el acceso al trono, el Senado, la inclusión de la Constitución Europea y la denominación de las comunidades autónomas. Tras meses de negociaciones con el PP, se dejó morir en un cajón.

“Siempre han tenido un miedo cerval a cualquier reforma y las grietas se han ido acumulando hasta amenazar con derribar la casa”, dibuja Antonio Torres, para quien una solución puede ser abordar uno por uno los temas pendientes, sin necesidad de forzar un proceso casi constituyente.

Dificulta todavía más el proceso la exigencia repetida por los partidos minoritarios de que cualquier reforma cuente con un  consenso similar al del 78, algo complicado en pleno proceso de enfrentamiento con los nacionalismos. No está de acuerdo el profesor Vera, para quien el PP y el PSOE bastarían para lanzar el proceso. “No es necesario buscar unanimidades más propias de países totalitarios que de democracias”, explica.

Sin embargo, el actual mapa político que reflejan las encuestas haría más complicado el proceso. Si se confirmara la subida de Izquierda Unida (IU) y Unión, Progreso y Democracia (UPD), en 2015 serían cuatro (sin incluir a los nacionalistas) los partidos imprescindibles en esa reforma, un privilegio que ni el PP ni el PSOE quieren compartir.

Los próximos años veremos si los españoles somos capaces de alcanzar los consensos que hasta ahora no hemos logrado o seguimos avanzando en este siglo con una Constitución escrita en el pasado.