Una marchante de arte entre rejas

El exclusivo gremio dedicado a la compraventa de cuadros en España es un sector elitista que bucea en las aguas de la alta sociedad y en el que imperan el silencio ante cualquier caso de estafa. De ahí que se cuenten con los dedos de una mano las denuncias entre coleccionistas y anticuarios. Y que sean una rareza condenas penales como la impuesta a María Concepción Romero por un delito de apropiación indebida que esta revista destapó a mediados de 2009 (ver “La Madoff española del arte”, en el número 1.411 de Tiempo).

Romero, conocida como Conchita entre los principales coleccionistas de arte de este país, vendió en los noventa decenas de cuadros a clientes de Latinoamérica, un mercado con un enorme auge en aquellos años de bonanza. Era una excelente rastreadora y muy minuciosa. Uno de sus clientes fue el magnate mexicano Carlos Slim. Luego se convirtió en asesora de Juan Abelló, uno de los mayores mecenas de España, y fue la gerente de la Fundación Arte Hispánico, un ente privado que reúne a las principales fortunas de España interesadas en el arte. Sin embargo, su buena estrella se apagó en 2008 al conocer a María Porto, esposa del exministro Francisco Álvarez-Cascos y reconocida intermediaria en el sector de pintura contemporánea.

Ambas pactaron la compra de un tàpies sin título de los años sesenta y valorado en 400.000 euros, pero la obra nunca llegó a su destinatario final. ¿Cómo se produjo la estafa? Romero le ofreció a Porto el citado tàpies a un 40% más bajo de su precio real. Una auténtica ganga que hizo que Porto abonase por anticipado 300.000 euros, a la espera de que se cerrase todo el engorroso papeleo y el propietario final del cuadro pagase con posterioridad. La confianza de Porto en Romero fue tal que la esposa de Cascos creó con ella una sociedad limitada llamada Vauvenargues para la adquisición, venta y distribución de otras obras de arte y antigüedades.

Y en esta especie de luna de miel laboral llegó el 22 de diciembre de 2008, la fecha fijada para la entrega del tàpies, pero ni Romero ni el citado cuadro dieron señales de vida. Porto interpuso una demanda contra su socia ante la brigada de patrimonio de la Guardia Civil, se dio de baja como administradora conjunta de Vauvenargues y comunicó su caso a la Asociación de Galerías de Arte de Madrid. Fue entonces cuando estalló el escándalo, aunque solo de puertas adentro, puesto que a la asociación no le pareció oportuno difundir la información a sus 40 miembros. La omertà seguía vigente.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Romero en mayo de 2011 a dos años de prisión y una multa de 6 meses con cuota diaria de 10 euros por este caso, una sentencia confirmada un año después. Al declararse insolvente, la pena de prisión aumentó en seis meses, pero su ingreso en el penal de mujeres de Alcalá de Henares no se produjo hasta abril de este año, tras una orden europea de busca y captura en su contra.