Monarquía y república

El anuncio de la abdicación del rey Juan Carlos ha levantado una polémica pública acerca de la forma política del Estado, monarquía o república. Algunos sectores políticos, con mayor fuerza los herederos del comunismo español y con menos intensidad nacionalistas y algunos socialistas, han proclamado la necesidad de convocar un referéndum para decidir cuál debe ser la forma política del Estado. La exigencia se plantea sobre una doble premisa equivocada: en la transición política no hubo oportunidad de elegir entre monarquía o república; existe una identificación entre democracia/república, autoritarismo/monarquía.

Ambos razonamientos son erróneos. La forma política del Estado fue debatida y votada por los representantes del pueblo español, por la soberanía popular residenciada en el Congreso de los Diputados. El debate y la decisión estuvieron motivados por un voto particular presentado por el PSOE en defensa de la república, que por cierto irritó bastante a algunos de los que ahora enarbolan con cierto histerismo su fe republicana, semejante a la fe monárquica que exhibieron entonces. La opción republicana se votó en el Congreso y no contó con el apoyo de algunos de los que exigen ahora un referéndum sobre la falsedad de que nunca se decidió. Olvidan aquella votación de la soberanía popular, refrendada después por el pueblo español con cifras de apoyo hoy impensables.

En cuanto a la identificación de monarquía con ausencia de democracia es fácil deshacer el error para cualquiera con sentido común. Cuando la soberanía del pueblo reside en el monarca o es compartida por este y el pueblo, la monarquía no es democrática, pero cuando, como sucede en nuestra Constitución, la soberanía reside en el pueblo y solo en el pueblo, claro que un sistema monárquico es democrático. ¿O debemos considerar no democráticos los sistemas políticos de Gran Bretaña, Noruega, Suecia o Dinamarca? Estos países y España son prueba de que los partidos y la izquierda y la monarquía son compatibles siempre que los monarcas no interfieran en la vida política de la nación.

La pasión republicana de las izquierdas españolas se puede explicar por los aciagos años del siglo XX. La ilusión con que fue recibida la Segunda República en el año 1931, el golpe de Estado militar, la durísima guerra y la larga dictadura dejó en la conciencia de muchos españoles una imagen idealizada de la República, reforzada por la continua denigración a la que le sometió el franquismo. Hoy sabemos que no es fácil identificar aquel periodo histórico como una experiencia política global. En el conjunto de la Segunda República se pueden establecer cuatro etapas: la de la colaboración de clases (socialistas y partidos burgueses republicanos), la de la derecha extrema (con la entrada de la CEDA en el Gobierno), la brevísima del Frente Popular, y la etapa de la Guerra Civil. No es fácil sentir identificación con todas ellas. La simpatía sobre el conjunto de la Segunda República se debe a un proceso de idealización motivado por todo lo que vino después.

Además, como ha señalado en un brillante artículo el historiador Santos Juliá, no es posible defender la teoría de la “tradición republicana” de la izquierda española, pues tanto los socialistas como los comunistas dieron pruebas repetidas del desafecto que sentían por la República, y pronto, después de la guerra, aceptaron una salida a la dictadura con una fórmula política monárquica.

Nada puede ilustrar mejor esta tesis que las palabras escritas por Francisco Largo Caballero en 1945: “Una larga experiencia me ha demostrado que en la lucha social y política, los nombres no significan nada si no están refrendados por los hechos. Hace algunos años, en un mitin celebrado en el cine Pardiñas de Madrid, hablamos Besteiro, Saborit y yo. En mi peroración dije: ‘Si me preguntan qué es lo que yo quiero, contestaré: República... República... República”. Hoy, si se me hiciera la misma pregunta respondería: ‘Libertad... libertad... libertad’. Pero libertad efectiva; después ponga usted al régimen el nombre que quiera”.

Pero la dinámica suicida de la vida política española lleva a algunos a posiciones de la que se pueden derivar consecuencias peligrosas.

Cuando se ha planteado el refrendo parlamentario de la decisión de abdicación del rey Juan Carlos, algunos se opusieron a ello, votando negativamente en el Congreso. ¿Cuál habría sido el resultado de un hipotético voto negativo? ¿No aceptar su abdicación, forzarle a continuar? Claro que los que votaron No, añadieron unas enmiendas que pretendían revocar mediante referéndum la forma de gobierno del Estado, es decir, modificar la Constitución sin seguir el procedimiento constitucional de reforma. La mesa del Congreso nunca debió admitir a trámite las enmiendas, pero el miedo a la reacción de los que pretendían la violación de las normas le hizo aceptar un debate fuera de lugar.

Toda persona sensata conoce que una elección para la figura del jefe del Estado, aunque esta fuera indirecta, es preferible a un sistema basado en la herencia, pero sabe también que la realidad señala el camino más conveniente para facilitar la vida de las personas, cuestión mas importante que las preferencias políticas. Tras dos siglos de enfrentamientos fratricidas, al final de una dictadura de 40 años, los españoles tomaron la decisión de intentar por una vez una convivencia en paz con una Constitución aceptada por todos. En ese marco, la figura del Rey en la tarea de normalización de la actividad de los ejércitos tenía un papel fundamental. Y por si alguien tuviese dudas, una noche, la del 23 de febrero de 1981, ante la revuelta de una parte del ejército, el posicionamiento del Rey anteponiendo la democracia y la libertad fue de importancia capital para el mantenimiento de la libertad de los españoles. Parece que todo eso se ha olvidado por la cacería de un elefante y por las andanzas peligrosas del marido de su hija. Como ha recordado Javier Marías “en poco tiempo parece haberse olvidado no ya su actuación durante el 23-F, sino que fue el Rey quien traicionó al franquismo (por suerte) y se empeñó en instaurar la democracia”.

Se podrían esgrimir muchas más razones que describieran el oportunismo de los que se han enganchado sin motivo ni razón a una abdicación que sigue los preceptos de la Constitución para colocar de nuevo en la encrucijada a España.

Ante posiciones tan poco responsables acudo a las palabras de un hombre sabio, moderado y republicano, Ramón Rubial, que en plena euforia de todos por el triunfo de los socialistas en 1982, dijo: “Menos alegrías compañeros. Lo intentamos en el 17, el 31, el 34 y el 36 y en todas esas ocasiones fracasamos. Dimos con nuestros huesos en las cárceles y el exilio. Hemos sufrido una dictadura de 40 años. En esta ocasión no podemos volver a fracasar. Tenemos que conseguir que la libertad sea algo irreversible en la futura historia de España. Este es el objetivo”.

Esta es una correcta posición de izquierda, garantizar, en la búsqueda de la igualdad, que la libertad no quede al albur de populistas con etiquetas de derecha o de izquierda.