¿Qué le pasa a la justicia en España?

Las autoridades judiciales lo niegan y prefieren hablar de clichés instalados en la sociedad, pero la percepción sobre la Administración de justicia en España parece haber caído, desde hace tiempo, en una espiral de desconfianzas. El diagnóstico ha sido reconocido por la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, en el extenso informe que le presentó al Congreso de los Diputados hace una semana. Advierte sin rodeos del malestar persistente de la ciudadanía “por el problema endémico de los retrasos y dilaciones indebidas” en los expedientes.

El documento hace énfasis en que la aparente disfuncionalidad de la Justicia radica, entre otras cosas, en la escasez de personal, la inexistencia de juzgados especializados, el extravío o difícil localización de procesos y, claro, en la lentitud para ponerles punto final. Todo ello sumado al súbito incremento de litigios, fenómeno agudizado por “los conflictos derivados de la crisis económica”. Buena parte de las 34.674 quejas ciudadanas registradas por el Defensor del Pueblo el año pasado se relacionan con la Justicia. ¿Es tan grave el panorama?

A conclusiones no muy distintas llegó hace apenas un mes un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que quedaba retratada, si no la realidad, sí la percepción de esta. En cualquier caso, el balance para la imagen de la Justicia es preocupante. De acuerdo con la encuesta, el 82,6% de los españoles considera que los ricos, los poderosos, los políticos y los inmigrantes son los más favorecidos con las leyes y apenas el 24% cree que la Administración de justicia va bien o muy bien. Quizá por eso no sorprende que cinco de cada diez encuestados preguntados sobre si el funcionamiento de la Justicia había mejorado o empeorado en los últimos años respondieran categóricamente que se ha mantenido igual.

Aunque el estudio del CIS otorga una valoración positiva al grado de independencia de jueces y magistrados, otros porcentajes ponen el dedo en la llaga. Por ejemplo, el 77% de los ciudadanos considera que la Justicia necesita de procedimientos más ágiles, “porque una justicia lenta no es aceptable”; el 61%, que las herramientas con que cuentan los tribunales son insuficientes -cuatro de cada diez personas exigen más jueces-; el 49% dice que los pleitos legales “son tan caros que no compensa acudir a los tribunales”; y, por si fuera poco, el 36% está bastante de acuerdo con la afirmación de que los medios de comunicación determinan las decisiones de la Justicia.

Hay procesos judiciales muy mediáticos que languidecen en los tribunales -sostienen analistas consultados-, pero también es verdad que hay fronteras muy distantes entre las verdades periodísticas y las judiciales, es decir, las que merecen una primera plana y las que terminan en sentencias. El caso del juez Baltasar Garzón ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión sobre el desgaste de la imagen de la Justicia. El magistrado de la trama de corrupción del caso Gürtel ha sido enjuiciado antes que varios a quienes investigaba y que había metido entre rejas. Ni más ni menos, según el Tribunal Supremo, que por violación a las garantías constitucionales.

Respeto por la Justicia.

Ha trascendido que el suspendido juez de la Audiencia Nacional, próximo asesor del Gobierno colombiano en materia de derechos humanos, se habría mostrado indignado por este segundo juicio oral en su contra -el primero fue por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo-, y que lo habría calificado de “arbitrario”. Una reacción que ha provocado que distintos columnistas de prensa le cayeran encima exigiéndole el mismo respeto por los fallos judiciales que hasta hace dos años el propio Garzón reclamaba y defendía. Eduardo San Martín ha escrito en Abc hace poco: “Creemos en la Justicia y los jueces o no creemos ni en la una ni en los otros. Los instructores de las causas contra Garzón son tan jueces como él y habrá que suponerles, como mínimo, su misma probidad e independencia”.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, defiende en declaraciones a Tiempo la confianza de los ciudadanos en los tribunales y recalca que la percepción que retrata el informe del CIS constituye un cliché que no refleja la realidad: “Esas sensaciones responden a imágenes estereotipadas que a costa de repetirlas van calando en la opinión pública. Que las decisiones judiciales sean objeto de debate y de crítica es legítimo y saludable para una sociedad democrática, pero eso no significa que los jueces de este país resuelvan los conflictos conforme a criterios políticos, sino jurídicos”.

Bravo añade que la gente acude a los tribunales “sin pensar en etiquetas o desigualdades” y, en contradicción con un porcentaje considerable que cree que los medios de comunicación influyen en las sentencias de los jueces, señala: “Los medios desempeñan un papel esencial en toda sociedad democrática, pero la Justicia emana del pueblo, no de los medios, y son los jueces los encargados de impartirla”. En esa misma línea se pronuncia el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, con una salvedad: reconoce que la exacerbada forma de hacer política en España ha contribuido a ensombrecer la imagen de la Justicia.

Durante una conversación en su despacho de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes ha declarado a Tiempo que “nada se dice de los casos que se han resuelto de una manera rápida, como el del 11-M”. Aunque seguidamente ha dicho: “Niego que la Justicia sea lenta. Eso depende: si me pregunta por los juzgados civiles o mercantiles le diría que sí; si me pregunta por la justicia penal le diría que no”.

Juanes, un veterano en estas lides judiciales, opina que cuando un juez, por ejemplo, otorga beneficios procesales a un terrorista condenado es objeto de juicios sumarios paralelos por parte de la prensa o de la sociedad. Pero si las leyes lo estipulan hay que concederlos, queriéndolo o no. “Y hay algo grave también -dice con tono de revelación-: a los jueces no nos enseñan a vendernos bien ante la opinión pública y ese canal de comunicación hay que mejorarlo para que se vea nuestro trabajo”. En conclusión, advierte, “la Justicia es mejor de lo que parece”. Casi 8.000 expedientes se han digitalizado en la Audiencia Nacional siguiendo la ruta de la modernización judicial.

En cualquier caso la sensación general de la ciudadanía camina a contracorriente de las afirmaciones optimistas o de la idea de los clichés de los que habla Bravo. Por el contrario, las críticas siguen ahí, las quejas se evidencian latentes en despachos como el de la Defensora del Pueblo y el malestar se niega a desaparecer. ¿Percepción nociva o injusta?