¿Qué ha pasado con el Rolls Royce de Gerardo Díaz Ferrán?

A buen seguro los españoles aún tienen en su retina grabadas las imágenes de los carros llenos de dinero que nos mostró la operación Emperador, el kilo de oro que guardaba el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, o los caballos purasangre y las excavadoras llenas de alijos de droga que dejó la operación Miniyó en marzo de 2012. Una vez que se apagan los focos, estas operaciones tienden a caer en el olvido, pero una buena gestión de los bienes decomisados puede aportar cuantiosos beneficios económicos al Estado.

El pazo Bayón, en Galicia, ha sido hasta hoy el bien más rentable. Tras ser expropiado al narcotraficante Laureano Oubiña, en 2008 salió a la venta con un valor de tasación de ocho millones de euros y finalmente se adjudicó en 15. Es sin duda el mayor logro del Fondo de Bienes Decomisados, que desde 1995 se encarga de subastar lo incautado en las operaciones antidroga. “El objetivo es que estos delitos reviertan en la sociedad”, explica Andrés González Canelo, subdirector de gestión del Plan Nacional sobre Drogas y encargado de supervisar el Fondo. En 2011 aportó 27 millones de euros a la lucha contra las drogas, y a falta de cerrar las cuentas de 2012  se espera “una cifra similar”, puntualiza.

España ha sido pionera en la puesta en marcha de un sistema que devuelve a la sociedad el dinero que mueve el narcotráfico. El 30% de lo recaudado se invierte en la lucha contra el tráfico de drogas (en 2011 se destinaron tres millones de euros a la Policía Nacional y la Guardia Civil), y con el 70% restante se financian campañas para reducir su consumo, gestionadas en su mayoría por ayuntamientos, comunidades autónomas y varias ONG. “Algunos países latinoamericanos nos están copiando”, explica González Canelo. Incluso a nivel europeo se ha creado, siguiendo el ejemplo español, la Oficina de Recuperación de Activos, que trabaja para que el dinero generado por actividades delictivas revierta en la sociedad. Y no solo el del narcotráfico, también quiere incluir los beneficios obtenidos por delitos patrimoniales, o de blanqueo de capitales. Esta es precisamente una asignatura pendiente en España. Los bienes incautados en operaciones contra la corrupción, el blanqueo de dinero y otros delitos también se subastan, aunque no existe un criterio fijo sobre cómo han de invertirse. Una parte del dinero recaudado se destina a hacer frente a la responsabilidad civil de los acusados; el resto se ingresa en la cuenta del Tesoro Público y en ese mismo instante se funde con el resto de partidas.

Ni el Ministerio de Hacienda (encargado de elaborar los Presupuestos Generales, y, por tanto, de cuantificar ingresos y gastos), ni la Agencia Tributaria, ni siquiera el Tesoro, cuentan con un registro de los ingresos que suponen estas subastas. Según han explicado portavoces de estos organismos a Tiempo, estos computan simplemente como un ingreso más, sin que estén destinados a ningún fin concreto. “Solo existe una contabilidad en el caso de los delitos de narcotráfico”, explican desde Hacienda, y aseguran que resulta complicado llevar un registro de estos ingresos, ya que las ventas suelen dilatarse a lo largo de varios ejercicios presupuestarios.

La legislación española exige esperar hasta que haya una sentencia condenatoria firme antes de subastar los bienes. Pero este proceso suele dilatarse en el tiempo, haciendo que los bienes pierdan valor. Según el último informe del Fondo de Bienes Decomisados, en 2011 el 44% de los objetos tuvieron que ser abandonados; la mayoría eran vehículos y embarcaciones que con el paso del tiempo solo servirán para el desguace.

Venta anticipada: pros y contras.

“Al retrasar la subasta se pierde mucho valor en determinado tipo de bienes”, lamenta González Canelo. De hecho, desde la Audiencia Nacional confirman que todavía tienen bienes de Mario Conde sin subastar, a pesar de que el exbanquero salió en libertad condicional en 2008. “Las posesiones de Prado y Colón de Carvajal se vendieron hace poco, más de diez años después de la operación”, explican estas mismas fuentes, en referencia a un palacete y un aparcamiento situados en Sevilla, subastados en 2011.

Sin embargo, desde el Fondo confían en que esta situación cambie. Desde hace dos años existe un protocolo de actuación que permite a los jueces autorizar la “venta anticipada de bienes” y organizar la subasta antes de que termine el proceso judicial. Agilizar las ventas se considera prioritario en un momento en el que los Presupuestos son cada vez más escuetos, máxime teniendo en cuenta que el dinero que llega desde el Fondo se ha convertido en el principal sustento de muchos planes de lucha contra la drogadicción. Además, el Estado se ahorraría los elevados costes que supone mantener los bienes en el depósito (mantenimiento, amarre de las embarcaciones...).

Muchos jueces son, sin embargo, reacios a autorizar este tipo de ventas anticipadas, por si se diera el caso de declarar inocente al encausado. González Canelo quita hierro a esta posibilidad e incluso lo ve beneficioso, porque los encausados recogerían el dinero, “en lugar de un trasto viejo del depósito”. Pese a las reticencias, el Fondo ya prepara la primera gran subasta de venta anticipada para este año. Y aunque sus responsables prefieren no hacer público el nombre de la operación policial, explican que en su día desmanteló la “mayor red de narcotráfico y blanqueo de capitales de España”. Permitió incautarse en marzo de 2012 de cientos de vehículos de alta gama, gran cantidad de maquinaria industrial, 28 purasangres, más de 50 inmuebles y joyas valoradas en más de un millón de euros. Apenas un año después, podrían aportar suculentos beneficios a las arcas del Estado.