PSOE y Ciudadanos piden que les asesoren

En 2004, cuando alcanzó, casi por sorpresa, La Moncloa, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero empezó a promover la primera reforma constitucional  profunda de la democracia. Constaba de apenas cuatro puntos fundamentales sobre los que nadie esperaba que hubiera demasiada polémica: la eliminación de la preeminencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona, la reforma del Senado, la enumeración de los nombres de las comunidades autónomas y, por último, la mención a la Constitución Europea. Hubo entonces incluso un informe favorable del Consejo de Estado. Lo que parecía hecho, sin embargo, pronto se aparcó. El miedo a que una vez abierto el melón se colaran otros temas, especialmente territoriales, o a que los republicanos usaran el referéndum sobre la sucesión como plataforma para cuestionar la institución monárquica, la condenaron al cajón. En 2008, tras su reelección, Zapatero ya dejó claro que la cuestión había dejado de ser prioritaria y pronto nadie habló de ella.

A la postre, la única reforma que se puso en marcha con el apoyo cerrado de PSOE y PP fue la que, en pleno verano de 2011, convirtió en sagrados los pagos de la deuda a los acreedores, incluso por delante del gasto social. Esa reforma, que tantos votos quitó a los socialistas en aquellas elecciones, es la que motivó el primer anuncio de Pedro Sánchez de que en cuanto alcanzara La Moncloa daría marcha atrás. Y lo que comenzó como un anuncio limitado tiene cada vez más visos de convertirse en una propuesta de reforma de mayor calado.

17 expertos. Sánchez presentó esta semana al grupo de 17 expertos que redactará sus propuestas en un plazo de dos meses, para luego incorporarlas al programa electoral del PSOE. El líder socialista abogó por una “profunda” revisión de la Carta Magna con el fin de recomponer los “consensos rotos”, al tiempo que advirtió al PP y a Podemos de que “tan erróneo es no mover una coma como liquidar el marco de convivencia” aprobado en 1978. Frente a los que optan “por el inmovilismo o el rupturismo”, Sánchez apostó por la vía federal “que sea el suelo seguro de un nuevo consenso político y social en España”. En este sentido, rechazó “la enmienda a la totalidad” que propugna Podemos en su intento por “honrar a nuestros abuelos deshonrando el legado de nuestros padres” y subrayó que el objetivo del PSOE es que la nueva Constitución “mantenga el latido de un país que ha cambiado, y mucho” desde 1978, y que tiene “que cambiar, y mucho” en los próximos años.

También Albert Rivera ha puesto en marcha su grupo de expertos en Ciudadanos. Lo dirige el catedrático de Derecho Constitucional e ideólogo que hace diez años puso el germen del partido naranja, Francesc de Carreras. Junto a él, otros nombres conocidos, como el del catedrático de Derecho Administrativo y exeurodiputado de UPD Francisco Sosa Wagner, o la abogada Elisa de la Nuez.

Rivera ya ha anunciado que su reforma no será nada revolucionaria. Más partidario de arreglar lo que considera que no funciona que de construir un sistema nuevo (el “cambio sensato” que propugna), la propuesta de Rivera se basará en unos puntos concretos. Desde Ciudadanos quieren adelgazar y racionalizar la Administración, despolitizar la Justicia y mejorar el sistema de autonomías aclarando los límites institucionales. Además, introducirá los criterios de lógica administrativa que ya ha defendido con anterioridad el partido, entre otros la fusión de ayuntamientos y la eliminación de las diputaciones.

Propuestas incompatibles. Los socialistas y Ciudadanos no son los únicos que se plantean una reforma profunda de la Carta Magna. En realidad, la mayoría de los grupos políticos han expresado de una u otra manera su intención de cambiar algunos aspectos de la Constitución. Podemos, IU o UPD ya expresaron a principios de año la necesidad de actualizar la Constitución. Falta conocer las medidas concretas que llevarán en su programa electoral para la generales de finales de este año. En todo caso, aunque no pasan de borradores, las propuestas que hay a día de hoy sobre la mesa presentan un problema: muchas de ellas no son compatibles unas con otras. Y la aritmética que salga de las elecciones será mucho más complicada. Si resultó inviable cuando solo era necesario el acuerdo entre los dos partidos mayoritarios, parece casi imposible que entre los cuatro grandes partidos que probablemente saldrán de las generales (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) puedan pactar un solo texto.

El acuerdo será especialmente difícil en cuestión territorial, donde el federalismo del PSOE en nada se parece a las políticas territoriales que propugnan Albert Rivera o Pablo Iglesias, o al inmovilismo en el que sigue instalado el PP. Pese a todo, sigue habiendo quien ve posibilidades de consenso tras las elecciones generales. Miquel Iceta, candidato del PSC a la Generalitat, aseguraba esta semana que ve posible un pacto constitucional entre aquellos partidos que apuestan por un cambio: PSOE, Ciudadanos y Podemos. El tiempo y las negociaciones le darán o quitarán la razón.

Los expertos de Sánchez

Esta semana el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentó al grupo de expertos que asesorarán al PSOE en su reforma constitucional. El comité de sabios estará dirigido por el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Gregorio Cámara, y compuesto de otros 15 expertos juristas. Completan el listado Xavier Arbós y Elisenda Malaret, de la Universidad de Barcelona; Mariano Bacigalupo, Elisa Pérez Vera y Cristina Elías, de la UNED; Javier García Roca, UCM; Alberto López Basaguren, de la Universidad del País Vasco; y Amparo Rubiales, doctora en Derecho.