Papeles ultrasecretos

Cansado de conocer los pecados por la prensa, pero sin dar con el pecador –o los pecadores–, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha decidido atajar el asunto de las filtraciones de documentos y telegramas que ha habido en su departamento en los últimos años con la política del palo. Fuentes diplomáticas han asegurado a Tiempo que desde hace unas semanas se ha restringido “radicalmente” la distribución de documentos y telegramas considerados como secretos o muy secretos. Si antes este tipo de textos estaban siempre a disposición de secretarios de Estado y directores generales al menos en formato electrónico, ahora se han empezado a enviar únicamente al gabinete del ministro y desde ahí se decide a quién o a quiénes se les da ese tipo de información, quedándose al margen de estos cambios los informes menos problemáticos de carácter reservado o sin clasificar. Esta medida adoptada por Moratinos –“una forma de poner puertas al campo”, advierten las citadas fuentes– se ha tomado a la espera de que el Ejecutivo se embarque en la reforma de la ley de secretos oficiales.

No es algo que el PSOE haya incluido en su programa electoral para las elecciones de marzo de 2008, pero tanto Exteriores como Defensa han manifestado desde el inicio de la legislatura su deseo de cambiarla, aunque por causas diferentes. La citada ley, que data de 1968 y fue reformada parcialmente en 1978 antes de la entrada en vigor de la Constitución, pasa de puntillas sobre aspectos como la custodia, circulación y trato de este tipo de documentos, por lo que el jefe de la diplomacia creó en diciembre un grupo de trabajo, presidido por la subsecretaria del Ministerio, María Jesús Figa, para analizar este caso y plantear una reforma en profundidad de la legislación. Un portavoz de Exteriores insiste a esta revista en que la citada ley necesita una “actualización” que se adecue a los tiempos actuales y añade que “en breve” se aprobarán unas normas precisas que afectarán a los criterios de distribución y custodia de los documentos clasificados como tal. Por ejemplo, era tal el desbarajuste de estos últimos años, que la clasificación de un informe o telegrama en Exteriores lo hacía el autor del mismo según su propio parecer, algo que se corregirá con la nueva ley.

Sin embargo, no parece que Presidencia del Gobierno tenga voluntad de abrir el melón de esta ley de secretos oficiales, en un momento en el que toda la atención gubernamental está en cómo salir de la crisis económica y máxime cuando se crearían disputas entre varios ministerios en un intento por dejar el redactado final lo más próximo a sus intereses. Zapatero no lo mencionó entre sus objetivos legislativos para el año 2009, de ahí que Moratinos haya querido avanzar por su lado sin esperar a que se inicien las negociaciones interministeriales. Además, esta cuestión no es la única negociación a varias bandas en la que se ha visto involucrado Exteriores en los últimos meses.

Rivalidad con Cultura.

Así, el nuevo plan de acción cultural en el exterior está muy avanzado y la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, confía en que el Consejo de Ministros lo apruebe próximamente. La discusión de este plan se produjo después de que el anterior ministro de Cultura, César Antonio Molina, airease en público su malestar por el hecho de que la cultura española en el extranjero dependa del Instituto Cervantes, cuya red controla en exclusiva Exteriores. Los dos ministerios implicados ya se han puesto de acuerdo para crear una comisión nacional sobre la acción cultural en el exterior, que estará dirigida a partes iguales y no solamente por el titular de Exteriores como hasta ahora.

Asimismo, Cultura podrá participar con voz y voto en el nombramiento de los consejeros culturales y, por último, éstos podrán ser personas de reconocido prestigio cultural, y no diplomáticos como se exigía en la actualidad. Lo que a priori parece una victoria en toda regla del departamento que dirige ahora Ángeles González-Sinde, para Moratinos ha sido como un bálsamo, ya que, según explicó a los miembros de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) en una reciente reunión, se quería quitar la competencia cultural a Exteriores y este plan, al menos, reafirma el papel de coordinador de su ministerio cuando se negocie la acción cultural en el exterior. Pese a ello, los miembros de la ADE no las tienen todas consigo.

Sobre todo, ven con suspicacias que se vaya a abrir el grupo de consejeros culturales a personas ajenas a la diplomacia, siguiendo el ejemplo del cuarto turno en el sector de los jueces (tres vías para acceder a este estatus y una cuarta a la que pueden optar juristas de reconocido prestigio). Es, en definitiva, el miedo al intrusismo, por lógico que parezca que una persona del mundo de la cultura pueda ejercer de consejero cultural en una embajada española. “Los diplomáticos no pueden ser consejeros comerciales ni de turismo. Mientras otros cierran sus puestos, nosotros los abrimos.

Es como pegarnos dos tiros”, explica con cierta amargura un diplomático bajo condición de anonimato. Además, como dicha reforma está supeditada a un desarrollo de la futura ley del servicio exterior, algunos diplomáticos, sobre todo los más jóvenes, ven en esta tramitación legislativa el inicio del desmantelamiento de sus puestos de trabajo y que, en último caso, los embajadores políticos que hoy son una anómala minoría acaben teniendo un estatus reconocido por ley. “Un día es abrir la consejería cultural, luego vendrá la consular y más tarde le tocará el turno al consejero político”, alerta uno de ellos.

Dura condena

El último quebradero de cabeza para Moratinos ha sido la reciente decisión de un juzgado madrileño de condenar a la Casa Sefarad-Israel (dependiente de Exteriores como por ejemplo la Casa de América o la Casa Asia) a que cambie de nombre, por coincidir con una institución privada cordobesa que desde mediados de 2006 lleva por nombre Casa de Sefarad-Casa de la Memoria.

La condena, que ha sido recurrida y por tanto no es firme, ha supuesto un duro revés para las tesis del ministro –a la sazón diputado por Córdoba–, ya que no sólo obliga a su departamento a cambiar el nombre de este centro, sino que también tendrá que retirar toda la publicidad, soporte informático o elemento que distinga a la Casa Sefarad- Israel. Incluso la página web deberá ser modificada, aunque la Justicia tendrá la última palabra.