Nuevos borrokas: jóvenes, violentos y organizados

Varias ciudades españolas, sobre todo Madrid, han vivido en las últimas semanas violentos episodios, al término de la Marcha por la Dignidad y durante la huelga de estudiantes en la capital, o en la Manifestación por la Desobediencia de Barcelona. El 22 de marzo, al término de la Marcha por la Dignidad se produjeron altercados entre jóvenes violentos y la policía que se saldaron inusualmente con más policías heridos que manifestantes  –de 101 heridos, 67 eran agentes– y con 29 detenidos, de los que 28 fueron puestos en libertad con cargos un día después mientras uno permanecía en prisión provisional. Días después estaba convocada una huelga de estudiantes contra la nueva ley de educación que reprodujo a menor escala los incidentes del sábado anterior.

Desde que la crisis económica hizo su aparición y, con ella, las críticas a los políticos y su gestión, las manifestaciones han ido in crescendo. Tampoco es una novedad que estas demostraciones terminen con disturbios. Lo que sí es nuevo es el grado de violencia que se percibe. Fuentes policiales afirman que en Madrid, por ejemplo, donde es patente el incremento del número de manifestaciones, “el número de incidentes no se ha incrementado”, aunque sí es “evidente” que existe una “efervescencia sociolaboral” y una “escalada en las técnicas de violencia”. La forma de manifestarse ha pasado de los insultos, sentadas y otras formas de resistencia pasiva al lanzamiento de “piedras, palos, adoquines, tapas de alcantarillas o cohetes con punta de acero”.

¿Quiénes son los violentos? De acuerdo con el testimonio de varias fuentes policiales, los altercados son producto tanto de grupos organizados como de jóvenes que se dejan llevar por su ejemplo para descargar violencia en cuanto tienen ocasión.

Dentro del primer grupo, la policía trabaja con la constatación de que en los altercados que se produjeron el 22 de marzo en Madrid había miembros de dos colectivos: Resistencia Galega y una facción radical de la hinchada del Burgos Club de Fútbol, llamada Resaca Castellana.

Resistencia Galega es una vieja conocida no solo por la policía, sino también por los jueces. En un manifiesto de 2005, este colectivo apostaba por la independencia de Galicia justificando el empleo de la violencia para conseguirla. Así, se daban por buenas “acciones de castigo popular” contra símbolos de lo español como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En 2013, la Audiencia Nacional la definió como una “organización terrorista cuyo objetivo es lograr la independencia del territorio histórico de Galicia respecto de España, subvirtiendo para ello el orden constitucional, a fin de establecer unas señas de identidad gallega, en la defensa de la tierra y del medio ambiente, para lo cual justifican el empleo de la violencia contra las personas y los bienes como único medio de lograr su propósitos”.

Limpieza de nazis.

Resaca Castellana se define en su cuenta de Twitter con la siguiente presentación: “Burgos antifascista. Hemos limpiado las calles de Burgos de nazis. Hintxas del Burgos Club de Fútbol. Por una Castilla libre, antifascista y comunera”. Es el ala más radical de la hinchada del equipo de fútbol de Burgos, que se dio a conocer el pasado enero en las protestas vecinales del barrio burgalés de El Gamonal. En las redes sociales, Resaca Castellana se jactaba de haber protagonizado las protestas populares que paralizaron el proyecto del ayuntamiento para construir un túnel subterráneo y acusaba a grupos de extrema derecha de querer apuntarse un triunfo que no les pertenecía. Según la policía, sus miembros estuvieron entre quienes se encargaron de reventar las protestas de los vecinos, quemando contenedores y lanzando adoquines a los agentes. El grupo quedó debilitado debido a las detenciones que se produjeron durante las protestas en Burgos, pero ha vuelto a resurgir en cuanto ha visto una nueva oportunidad de ejercer la violencia. Es una pauta que han seguido otros colectivos, como el anarquista Comando Insurreccional Mateo Morral, responsable de la colocación de varias bombas caseras delante de la sede de unos juzgados de Madrid, en la catedral de La Almudena o en la basílica del Pilar de Zaragoza. “Aparecen y desaparecen. Son grupos que están latentes”, dicen fuentes policiales.

Estos son dos de los grupos de “ultraizquierda” que, según la policía, contribuyeron a reventar la manifestación del 22 de marzo y de las protestas en la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, uno de los detenidos en la Complutense es un vecino de Burgos, en la treintena y en paro, que participó en las protestas de El Gamonal, viajó a la capital en la Marcha de la Dignidad y decidió apuntarse también a la huelga de estudiantes. “Aunque en el fondo no están definidos, no se sabe muy bien, pero por las cuestiones generales que defienden, la desaparición del Estado y la anarquía, se les puede calificar así [de ultraizquierda], a diferencia de los grupos de ultraderecha”, dicen fuentes policiales. Son grupos “muy radicales”, que se ponen en contacto por medio de las redes sociales y que están muy bien organizados precisamente porque “son muy pocos”, unos 30 o 20 por grupo, unos cien a lo sumo, según la policía. A ellos, sin embargo, se suman cientos de otros jóvenes independientes, “muy desorientados”, generalmente en la veintena, más chicos que chicas. Y entre todos “consiguen reventar una manifestación de 50.000 personas”, como la de Madrid de hace unas semanas.

Desesperados.

Fuentes de la Policía Nacional y de la Delegación del Gobierno tienden a minimizar los motivos de estos jóvenes para liarse a adoquinazos contra los cuerpos de seguridad a la menor oportunidad. Fuera de España se tiene otro punto de vista. La consultora estadounidense IHS, especializada en proveer información a inversores en aspectos como economía, energía o riesgos geoestratégicos, publicaba esta semana una nota que advertía de los “crecientes riesgos de protestas violentas y enfrentamientos con la policía a los que dan lugar las manifestaciones en España”. Su autor, el analista Peppe Egger, que ha redactado informes sobre otros países como Grecia o Alemania, cree que los manifestantes forman parte de una “generación que tiene la sensación de que no hay futuro, no hay perspectiva. No hay trabajo para los jóvenes, y el ‘sistema’ no funciona para ellos”. En su opinión, los que hoy lanzan adoquines a la policía y rompen escaparates ya se manifestaron en el 15-M, con la diferencia de que “tres años después, muchos de estos jóvenes están más desesperados que en 2011”.

Las investigaciones policiales se centran ahora en saber si dentro de esta amalgama de grupos, pero sobre todo de individuos que, aunque alentados, actúan de manera aislada, existe un líder. “Quién es el líder aquí es la cuestión, quién puede estar manipulando a estos grupos, no se sabe si uno o varios”, apuntan fuentes policiales sobre el trabajo que tiene ante sí la Brigada de Información de la Policía Nacional

Averiguar si existen uno o varios líderes ayudaría a la investigación que ha emprendido la Fiscalía de la Audiencia Nacional para determinar si en los altercados del pasado 22 de marzo participaron grupos vinculados al “independentismo radical o al anarco-insurreccionalismo”.

Pero cuidado. Las cifras bailan y las interpretaciones de lo que ha pasado en los últimos días en las calles, también. La propia Policía Nacional advierte de que, por ejemplo, de las 54 personas que fueron detenidas en los incidentes que se registraron en la Universidad Complutense durante la huelga estudiantil, solo uno fue arrestado por delitos relacionados con el vandalismo. Las otras 53 detenciones se practicaron por ocupar el rectorado, no por resistencia a la autoridad ni por actos vandálicos.

De la misma manera, algunos políticos, como la alcaldesa de la capital, Ana Botella, no han dudado en calificar los hechos ocurridos al término de la Marcha por la Dignidad del 22 de marzo como actos de kale borroka. También la policía cree que lo ocurrido tiene mucho que ver con las escenas que durante años han presenciado en las calles del País Vasco. Sin embargo, Carmen Alba, delegada del Gobierno en Navarra, descarta que la kale borroka haya resurgido, al menos, piensa que no tiene nada que ver con los nueve detenidos con que se saldó la huelga de estudiantes en Pamplona. De ellos, siete eran estudiantes, cuatro de los cuales, menores de edad.

La confusión sobre los sucesos de las últimas semanas también ha alcanzado a los organizadores de la Marcha por la Dignidad. La idea partió de Andalucía, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), conocido por ocupar fincas o asaltar supermercados. A ellos se fueron sumando otros colectivos, como sindicatos o plataformas antidesahucios. Según la policía, algunos violentos utilizaron las mismas web para organizarse, sin tener nada que ver con los ciudadanos que legítimamente marcharon hacia Madrid. Uno de estos organizadores es el concejal de IU de Burgos Raúl Salinero, que fletó el autobús que salió de la ciudad castellana. “Te aseguro que no había nadie de esa gente (Resaca Castellana)”, asegura.

De momento, las espadas siguen en alto: las imágenes de policías heridos dan alas a los violentos, desde el ministro del Interior hasta el Príncipe Felipe han mostrado su apoyo a la policía y los ciudadanos siguen siendo convocados para salir a la calle, el terreno de batalla de estos grupos violentos que arrastran a otros jóvenes desencantados.