Manos Limpias, de inquisidor a acusado

Los “satélites” del PP

Agolpe de manifestación y de demandas. Es su método de trabajo. El 11-M, el proceso de paz y las reformas estatutarias han sido sus revulsivos. Las asociaciones cívico políticas han ido ganando protagonismo en estos últimos meses y sus actuaciones se han multiplicado. Tanto que se han situado en el punto de mira. Hace unos días se conocía la noticia de que la Sala Penal del Tribunal Supremo consideraba que la conducta del sindicato de funcionarios Manos Limpias podía ser constitutiva de un delito de acusación y denuncia falsa, por dedicarse a la presentación de querellas carentes de “todo apoyo técnico jurídico”que entrañan “un manifiesto abuso de derecho y un fraude procesal”. Con esta decisión el Alto Tribunal tomaba cartas en el asunto y lanzaba una seria advertencia hacia todas aquellas organizaciones que han hecho de la denuncia popular su leitmotiv.

El origen de esta polémica proviene de una denuncia que presentó en octubre de 2006 Manos Limpias contra el juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez por presunta destrucción de pruebas en la investigación sobre el 11-M. Al Alto Tribunal no le ha bastado con archivar el caso, sino que ha querido ir más allá y ha solicitado al Juzgado de Instrucción que abra un proceso al sindicato para determinar si ha presentado una denuncia falsa. Lo que podría ser sancionado con una multa y, en el peor de los casos, con pena de prisión de hasta dos años.

Intimidación

Miguel Bernad Remón, secretario general del colectivo, anuncia que lo han recurrido de inmediato por ser “demencial: una intimidación vergonzosa y una decisión política indignante. Esto sólo ha sido que el fiscal general le ha dicho al fiscal del Supremo: ‘Hay que ir a por estos cabrones’. Así de claro”. Además, se ampara en que en el Código Penal señala que no se podrá proceder contra el denunciante hasta que no haya una sentencia firme. De modo que “no se podrá determinar hasta que concluya todo el proceso por los atentados del 11-M”.

Bernad cree que van a por él. Pero se defiende diciendo que si a alguien le tienen que pedir responsabilidades será al máximo órgano de su asociación, compuesto por 50 personas, que es quien toma las decisiones por acuerdo. Pero “van directa- mente contra mi persona porque saben que les estoy jorobando. Yo presento querellas porque los fiscales están mirando para otro sitio y lo hago en el ejercicio de la acción popular”. Algo que no comparte el auto del Supremo, para quien en todo caso ese papel le correspondería a su presidente, Francisco Jiménez, y no al secretario general, quien “sólo está facultado para certificar y dar fe de las resoluciones y acuerdos adoptados por la Asamblea General (...) y, sin embargo, viene ejercitando un importante número de acciones contra personas e instituciones relevantes de la vida pública española”.

Ultraderecha

Hace unos meses el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, tachaba a la organización de “ultraderechista”. Aunque luego pidió disculpas por sus declaraciones, en Manos Limpias no comprenden cómo hay personas que tratan de desprestigiar el sindicato “lanzando ese adjetivo. Creen que así le van a restar fuerza a nuestra acción y se equivocan”. Sin embargo, el secretario general tiene un pasado. Aunque quiere especificar que él nunca militó en Fuerza Nueva, reconoce que sí perteneció “al Frente Nacional en el año 1992”.Pero hay que recordar que es lo mismo porque Fuerza Nueva se disolvió en 1982 y, luego, volvió a resurgir con el nombre de Frente Nacional dirigido por Blas Piñar. Él se defiende: “Entonces ya se ajustaba a todos los parámetros del sistema constitucional y a nuestro sistema democrático”.

Una independencia dudosa

Además, el secretario general de Manos Limpias afirma que su entidad es “independiente, no está condicionada por ningún grupo de presión, ni recibe subvenciones, lo que nos hace ser libres para poder denunciar cualquier actuación irregular venga de donde venga, con independencia de la ideología de los individuos y de los partidos”. Algo que se ha puesto en duda en numerosas ocasiones al coincidir en sus planteamientos con los que defiende el PP. Desmiente mantener vínculos con los populares y afirma que ningún dirigente político se salva de sus denuncias por pertenecer a una determinada formación. Para que no les acusen de partidistas, asegura que han presentado varias denuncias contra alcaldes del PP y hasta contra Alberto Ruiz-Gallardón y Álvarez del Manzano por las torres que se han construido en los terrenos que pertenecían al Real Madrid. Explican que en ningún caso su obsesión por el 11- M o su lucha judicial contra ETA y el nacionalismo –que les ha llevado a proclamarse “el referente nacional, jurídico y jurisdiccional del País Vasco ante la pasividad de las instituciones”–, les ha desviado de los asuntos que siempre les han ocupado como, por ejemplo, el tema de “la corrupción urbanística, algo que afecta a todos los partidos”.

Listado

En su página web, Manos Limpias archiva la larga lista de denuncias que ha presentado en estos últimos 10 años. Su primera actuación estuvo relacionada con la Expo 92, instrucción que llevó a cabo Baltasar Garzón. Desde entonces no han parado de tener encontronazos con él porque “quería manejar el sumario a su antojo. Él quería acabar con ese tremendo escándalo de comisiones multitudinarias y lo cerró en falso, sin procesamientos de ningún tipo. Y, para que no interfiriéramos, nos exigió 200 millones de pesetas en el año 1997. Algo inaudito”, relata Bernad.

A pesar de su activismo, hasta 1995 no se decidieron a dar el salto, inspirándose en el movimiento italiano de Antonio di Pietro. “Fue como respuesta a la corrupción política y económica. A aquellas actuaciones presuntamente delictivas que quedarían impunes, si no hubiera alguien, en este caso una asociación, capaz de denunciarlas”, dice el portavoz de la entidad. En sus Estatutos figura que nacieron con el ánimo de “hacer cumplir los valores superiores de la Constitución”. Aunque en octubre de 2005, ampliaron sus fines a “la defensa del Estado de Derecho”y a “la de aquellas personas físicas y jurídicas que como consecuencia de una actuación de los poderes públicos se vean lesionadas en sus derechos fundamentales”.

Dicen que para ello disponen de un amplio equipo de letrados especializados que les permite abarcar multitud de campos sin tener que desembolsar cantidades importantes de dinero. “Dentro de nuestro colectivo tenemos abogados, procuradores, técnicos...Todos ellos tienen su trabajo personal y nos echan una mano puntualmente. Sin su ayuda sería imposible la ingente labor que realizamos, porque si contratas un abogado lo primero que te pide es una provisión de fondos que te deja tiritando”, cuentan.

Bernad sostiene que el “70% de las denuncias que la organización ha interpuesto han prosperado”. Pero no enumera un listado de éxitos. Sólo recuerda que gracias a sus denuncias se tomó cartas en el asunto del fraude de los cursos de formación de UGT y CC OO. Pero eso fue a finales de los 90. Desde entonces sólo presumen de la querella contra Atutxa, ex presidente del Parlamento vasco, por desobediencia al Supremo al no disolver Sozialista Abertzaleak. Pero, aunque ahora lo han recurrido, lo cierto es que el TSJPV le ha absuelto nuevamente.

En 2006 han realizado un total de 127 actuaciones que van desde la crítica por la política lingüística de Cataluña a una queja por el caso de Air Madrid. Y no han dejado títere con cabeza: desde jueces a políticos, no se han salvado ni los miembros del Gobierno –con Montilla y Bono a la cabeza–, ni el mismísimo jefe del Ejecutivo. Bernad explica que todas sus iniciativas judiciales se mantienen pendientes, en trámite o recurridas. Pero no hay condenas que les atribuyan un mérito. Es más, muchos de los casos que iniciaron durante el año pasado, ya se los han archivado. Sobre todo algunos de los más sonados: como la denuncia al jefe de Seguridad del PSOE por el chivatazo a ETA, que Garzón desestimó, o la querella que presentaron contra Zapatero, Patxi López, Rodolfo Ares y José Blanco por reuniones con Batasuna, que tampoco salió adelante. Algo que desde la organización contemplan como un absoluto fracaso.

Financiación

El sindicato, con sede en Madrid, asegura que cuenta con más de 6.000 afiliados. La cuota para hacerse socio, 60 euros, se paga anualmente.Y para cubrir los gastos mínimos también echan mano de las donaciones. Pero, según Bernad, ese terreno lo tienen muy “controlado. Nosotros a todo simpatizante le damos el número de cuenta corriente de Banesto o Caja de España y a ellas va su aportación con su nombre y el importe”. Ahora, para implicarse en la investigación del 11-M, el sindicato de funcionarios ha tenido que hacer “un llamamiento extraordinario”a los ciudadanos para recabar el necesario apoyo económico que les permita “sufragar un nuevo impulso investigador que, a través de actuaciones judiciales, pueda descubrir la verdad”.