Los tres escuderos de la independencia

Cuando se acercaba la segunda mitad de la década de los 80 del pasado siglo, varios jóvenes independentistas catalanes habían puesto en marcha un movimiento de agitación popular al que pusieron por nombre Crida a la Solidaritat. La cabeza visible de este movimiento era Àngel Colom, que luego pasaría a ser secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), más tarde fundaría el Partit per la Independència (PI) y, por último, se integraría en Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), donde hasta hoy dirige la Fundación Nous Catalans.

El portavoz de la Crida en aquella época, sin embargo, tuvo una carrera menos mediática. Se llamaba Jordi Sánchez Picanyol y fue portavoz de la organización hasta su disolución en 1993. En esa fecha, ya se encuadraba en las filas de Iniciativa per Catalunya (ICV), los herederos del PSUC. Licenciado en Ciencias Políticas, entre 1996 y 2004 fue consejero del ente de la radio y la televisión públicas de Cataluña, cargo que simultaneó con el de director de la Fundación Jaume Bofill, vinculada a ICV. Ahí estuvo desempeñando diversos cargos hasta 2010, cuando fue fichado por Rafael Ribó, Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) para ser su adjunto. Ribó y Sánchez se conocían de hacía mucho tiempo, no en vano el primero había sido líder de ICV. En 2015, Sánchez dejó su cargo junto a su amigo y se postuló como presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Hoy es uno de los principales escuderos del proceso y hay quien le otorga el privilegio de ser una de las personas más influyentes de la política catalana, por la presión que ejerce sobre el Govern y la calle.

“Sánchez era un estudioso de referencia hace algo más de dos décadas, pero en los últimos años ha sufrido una fuerte radicalización en sus planteamientos. Por eso está al frente de la ANC”, dice a TIEMPO un rival político que le conoce desde hace años. Uno de sus hombres de confianza dentro de la ANC matiza esa afirmación: “En realidad, la que ha cambiado ha sido la sociedad catalana. Hoy, el sentimiento independentista está más arraigado y es lógico que los dirigentes políticos y sociales se muevan, adopten nuevos posicionamientos y asuman cuestiones que hasta ahora no parecían trascendentales”.

De lo que no cabe duda es de la influencia que ejerce sobre el Gobierno autonómico y sobre el propio proceso independentista, porque la ANC fue concebida para ser una especie de Crida a la Solidaritat del siglo XXI, aunque con una importante salvedad: el apoyo de otras organizaciones y de la Administración catalana es total, muy superior al que en su día tuvo la Crida. De hecho, la ANC es el principal instrumento que Convergència y ERC han utilizado los últimos años para movilizar la calle, transmitiendo la idea de una entidad no vinculada a ningún partido y transversal.

Jordi Cuixart y Jordi Sánchez dirigen la ANC y Òmnium. La alcaldesa Neus Lloveras se encarga de aglutinar a la Asamblea de Municipios de Cataluña

Y esa cualidad de agitación es fundamental en la etapa que ahora inicia el presidente catalán, Carles Puigdemont, que habla de acometer la última fase del procés. Las reiteradas negativas del presidente español, Mariano Rajoy, a negociar una consulta han encrespado los ánimos de los independentistas, que ahora estudian los resquicios para plantear un referéndum ilegal o una declaración unilateral de independencia. El lunes 29 de mayo, Puigdemont reunió a los partidos partidarios del referéndum y durante las próximas semanas, hablará con patronales, sindicatos, asociaciones, partidos y entidades cívicas o culturales para explorar cuál puede ser la mejor fecha de convocatoria del referéndum y la pregunta que se realizará en el mismo. En todo el proceso independentista, hay cuatro actores: el primero, son las instituciones. El segundo actor son los partidos políticos proclives a la independencia. Ahí se sitúan el PDeCAT (la antigua Convergència), ERC y la CUP, además de otros grupúsculos que se han integrado en la plataforma parlamentaria de Junts pel Sí (JxS). Entre esos pequeños partidos están Demòcrates de Catalunya, que engloba a los escindidos de Uniò, y el Moviment d’Esquerres Socialista (MES), escindido del PSC. El tercer actor es el Pacto Nacional por el Referéndum (PNR), un batiburrillo que pretende ser la referencia del espíritu del proceso, conformado por los partidos políticos y todos los actores sociales, políticos, sindicales, patronales, culturales y deportivos. EL PNR fue creado por Puigdemont para visualizar la transversalidad de las reivindicaciones independentistas, aunque en su seno hay fuertes tensiones porque algunas de las entidades rechazan la vía unilateral de la independencia. Y el cuarto actor es la “sociedad civil”, que se compone básicamente de tres entidades: la ANC, Òmnium Cultural y la Asamblea de Municipios de Cataluña (AMI).

“Los verdaderos escuderos del procés son las tres entidades civiles, que son las que han movilizado millones de personas durante los últimos años a favor de la independencia”, explica un diputado de la oposición. Y otro añade que “el PNR es un foro en el que se quiere utilizar más como propaganda que otra cosa, porque ahí están patronales y sindicatos, aunque su radio de acción es muy limitado. Como órgano creado desde el Gobierno, será incapaz de llegar a alguna propuesta por unanimidad por la propia naturaleza de las entidades que lo componen y que tienen visiones muy distintas de lo que debe ser el proceso”.

De lo que no cabe duda es de que de todo el entramado de organizaciones que trabajan a favor del referéndum solo ANC, Òmnium y AMI tienen un papel relevante en el procés. Y el nombre de Jordi Sánchez es fundamental en el organigrama: es el principal escudero de Puigdemont en este largo viaje y, de lejos, el agitador social que más peso tiene en el actual panorama sociopolítico catalán. Junto a él, se sitúa (aunque con menos peso) Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, empresario agitador que siempre ha sido activista radical. Cuixart es socio de esta entidad desde 1996 y antes de ser presidente fue tesorero y vicepresidente de Òmnium. Hijo de madre murciana y padre catalán, Cuixart fue también uno de los impulsores de la fundación privada Femcat, que reúne a empresarios alineados con el independentismo y donde recalan apellidos de relumbrón, como los Boixareu (Irestal), Massot (Vertix), Carbonell (Bonvent) o el mismísimo Josep Mateu, del RACC. 

Última etapa del procés

Entre sus patronos y miembros, como no podía ser de otro modo, están Josep Miarnau (Comsa), Jordi Bagó (Grup Serhs), Eloy Planes (Fluidra), Xavier Pujol (Ficosa), Ramon Roca (Ros Roca), Lluís Soler (Grup Quadis), Mireia Tomàs (Agrolimen), Joaquín Osorio (Rogasa), Jaume Alsina (Bonárea Agrupa), Joan Font (Bonpreu), Albert Esteve (Esteve), Joaquim Coello (Gamesa), Josep Martínez (Saba), Xim Raurich (Grup Tramuntana), Tatxo Benet (Mediapro), Núria Basi (Basi), Jordi Cornadó (Copisa), Josep Benito (Seidor), Joan Gummà (Segurvib15) y Jordi Mestre (Expohotels). Propietario de una empresa de fabricación de maquinaria para la industria, Cuixart abandonó su cargo de administrador único en la empresa hace un par de meses para centrarse más en la última etapa del procés.

La tercera pata de los escuderos es Neus Lloveras, presidenta de la AMI, alcaldesa convergente de Vilanova i la Geltrú. Hija del tenor Joan Lloveras, estudió –paradojas de la vida– en el Colegio Alemán de Barcelona (el mismo donde cursó estudios Jordi Pujol). En su infancia y juventud, vivió en Israel y Alemania. Curiosamente, es alcaldesa sin mayoría absoluta y gobierna con el permiso del PSC, al haber sido la lista más votada. El papel de Lloveras es fundamental porque los ayuntamientos pueden ser la punta de lanza del independentismo si Madrid decide pedir inhabilitaciones para el Govern o el Parlament. “El movimiento insurreccional de apoyo a la nueva legalidad y contra la legalidad española partirá de los ayuntamientos que, por su naturaleza, son órganos que el Gobierno central no puede controlar. Sería una insurrección desde abajo que pondría al límite la resistencia del Estado español si llegan a inhabilitar al Parlamento y al Gobierno”, asegura una fuente independentista.

Los escuderos son los que mueven la calle y velan no solo porque el proceso no se pare, sino porque no se desvíe del rumbo marcado. Están en primera línea y, aunque parezca que no tienen nada que ver con el Gobierno, despachan periódicamente con el president y se permiten dar consejos o advertencias públicas a los líderes electos. En otras palabras: son discretos, pero mandan mucho. 

Los vigilantes del referéndum

Pero, aún así, la ANC continuaría siendo la principal baza del procés. El pasado mes de abril, esta entidad aprobaba la hoja de ruta para 2017 y 2018 y, entre sus objetivos estratégicos, figura el de “mantener la unidad de acción de los partidos y de las entidades independentistas, del conjunto de la base social del independentismo como garantía del éxito del proceso hacia la independencia”. ¿Es la sociedad civil una especie de milicia al servicio del Gobierno de la Generalitat? Desde la entidad lo niegan, aunque subrayan que la ANC está muy concienciada.

“Queremos que se dé voz al pueblo catalán y que este se pronuncie en las urnas. Si en el referéndum gana el no, acataremos el resultado sin problemas”, dice una fuente interna de la ANC a este semanario. Pero entre sus objetivos estratégicos está también “movilizar a la sociedad catalana durante la fase de aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y la convocatoria del referéndum, en forma de respuesta popular activa y pacífica”.

La ANC y Òmnium Cultural fueron ya el instrumento para organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014, que acabó con la inhabilitación de Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau. Durante el juicio, los políticos (acusados de desobediencia al TC y prevaricación) intentaron echar balones fuera aduciendo que la organización había corrido a cargo de los 40.000 voluntarios que la ANC movilizó. Pero sin la colaboración del Gobierno jamás se podría haber llevado a cabo aquella jornada. Lo que pretende la “sociedad civil” es jugar un papel no solo de impulso del proceso, sino de parapeto para evitar que las instituciones catalanas puedan ser acusadas de sedición o traición.

En el caso de que JxS y la CUP aprueben la Ley de Transitoriedad Jurídica (que será presentada por los partidos políticos para que no se pueda acusar al Govern de haberla presentado), aunque sea anulada por el TC, los escuderos solo considerarán como vigente la legislación surgida de esa ley, reservándose el derecho de “amparar a las instituciones catalanas, dar apoyo a los diputados del Parlamento o activar la Asamblea de Cargos Electos de Cataluña (Aecat), si es preciso, para que se proclame la independencia y reclamar el apoyo de la comunidad internacional”. La Aecat sería un Parlamento bis donde cabrían los cargos electos independentistas de Cataluña. Con su activación –ya se ha empezado a organizar desde el seno de la AMI–, los escuderos tomarían el control de la situación.