Los privilegios de los diputados

La polémica sobre las bebidas alcohólicas de alta graduación que se dispensan en el Congreso ha terminado, finalmente, con los gin-tonics y otros destilados al precio que paga el común de los mortales en la calle. O más bien, en el bar. El caso empezó a finales de mayo, cuando la Mesa del Congreso –que esta legislatura ocupan el PP, el PSOE y CiU– aprobó la convocatoria de un concurso para el periodo 2014-2017 por un máximo de 2,18 millones más IVA para la explotación de los restaurantes y cafeterías de la Cámara Baja, una concesión que hasta ahora tenía una de las empresas del vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández.

El Congreso fijó los precios de antemano: 0,85 euros por un café o una infusión, un poco más de los 80 céntimos que pusieron en un brete al anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el programa Tengo una pregunta para usted. Un desayuno con café y barrita a la plancha o un cruasán por 1,05 euros. Y los citados
 gin-tonics, a 3,50 euros. La sorpresa para muchos ciudadanos es que la diferencia con el precio real se cubre con otra asignación de 4,2 millones. Es decir, con fondos públicos.

“No saquen las cosas de quicio”.

Pese al revuelo creado por esta subvención a las bebidas alcohólicas, el presidente Jesús Posada obvió la crisis económica en la que vive el país al subrayar que el pliego de condiciones era el mismo que siempre. “No saquen las cosas de quicio”, rogó el presidente a aquellos que miran con lupa hasta el mínimo gasto superfluo. Una semana después, la misma Mesa del Congreso que aprobó el pliego rectificó parcialmente el texto al excluir las bebidas alcohólicas de alta graduación de la tarifa de precios.

La lista de privilegios de la que han disfrutado los diputados hasta ahora ha menguado en los últimos años, aunque algunos se resisten a ello. En Andalucía, por ejemplo, los miembros de la Mesa han estado esta semana en el ojo del huracán por subirse las dietas de alojamiento y manutención en 400 euros para el presidente de la Cámara autonómica, el socialista Manuel Gracia, y en 500 euros para los portavoces adjuntos: cuatro socialistas, cuatro del Partido Popular y uno de Izquierda Unida.

El hervidero de comentarios en las redes sociales ha forzado a los tres partidos a dar marcha atrás en una decisión que se había adoptado el 20 de marzo sin ninguna publicidad, de tapadillo y con la clara intención de que no saliese a la opinión pública. Y todo ello teniendo en cuenta que el sueldo base de un diputado en Andalucía es de 3.020,29 euros, cantidad a la que hay que sumar complementos por los diferentes puestos que ocupan y dietas semanales en concepto de transporte, alojamiento y manutención, que varían entre los 200 y 500 euros a la semana.

En Cataluña, por ejemplo, se acaba de poner fin a las prebendas que disfrutaban sus diputados autonómicos en las carreteras con peaje y en el AVE, un gasto que oscilaba entre los 200.000 y los 400.000 euros al año en el presupuesto del Parlament. Esta institución dejará de pagar a partir del 1 de julio los peajes por las autopistas catalanas, así como los viajes de media o larga distancia en tren hasta Barcelona. Dos facturas que recaerán a partir de ese momento en el grupo parlamentario al que pertenezca el beneficiario, ya que cada diputado cobra actualmente (y lo seguirá haciendo en el futuro) un complemento mensual por desplazamiento y alojamiento que varía en función de su lugar de residencia: 1.543 euros para los que viven en el área metropolitana de Barcelona, 2.006 euros si viven a más de 80 kilómetros, 2.154 si están entre 81 y 190 kilómetros y 2.172 euros si tienen su residencia a más de 191 kilómetros.

El caso de Rajoy y sus ministros.

Los diputados nacionales, por su parte, reciben una indemnización mensual por este mismo concepto, a razón de 870,56 euros si han sido elegidos en la circunscripción de Madrid y 1.823,86 si son diputados de fuera de la capital. Así, un diputado de una circunscripción distinta a la madrileña suma al sueldo base de 39.394 euros otros 21.886 en concepto de indemnización.

Sus ingresos totales son 61.280 euros, con una retención media del 30%. Pero dicha retención no se produce sobre el total de esta cantidad –en cuyo caso el sueldo neto sería de 42.896 euros–, sino que un 35% de ella no tributa IRPF, con lo que el ingreso anual de sus señorías que vienen de fuera de Madrid alcanza los 49.461 euros.

Del citado complemento de alojamiento y manutención se benefician Mariano Rajoy y nueve de los trece ministros que compaginan su trabajo con el acta de diputado. La ley prohíbe percibir dos sueldos públicos, de ahí que los miembros del Ejecutivo no cobren emolumentos como parlamentarios, pero el citado suplemento tiene exención fiscal, a diferencia del del común de los trabajadores, y por tanto es compatible con el sueldo de presidente o ministro.

Esta especie de sobresueldo se produce a pesar de que Rajoy vive en La Moncloa con todos los gastos pagados para él y su familia, y que ministros como Jorge Fernández Díaz (electo por Barcelona), Cristóbal Montoro (Sevilla), Fátima Báñez (Huelva) o Ana Pastor (Pontevedra) afirman en sus respectivas declaraciones de bienes que disponen de una vivienda en propiedad en Madrid.

En el caso del titular de Interior se da la circunstancia, además, de que vive en las dependencias de su Ministerio por cuestiones de seguridad, por lo que tal complemento carecería de sentido. Sin embargo, Fernández (como en el pasado hicieron otros ministros-diputados con vivienda oficial como Miguel Ángel Moratinos o Carme Chacón, por ejemplo) no puede renunciar a esta dieta del Congreso por alojamiento y manutención, según advierten fuentes de la Cámara Baja a Tiempo. La única posibilidad es que Rajoy y sus ministros donasen este dinero después de recibirlo, como hace el diputado Toni Cantó (UPD) desde el inicio de la legislatura.

Pero ese dato solo se puede conocer por la declaración de la renta de cada diputado. Una información que, por el momento, no es pública, pese al gesto de Rajoy de mostrar recientemente sus declaraciones de 2004 a 2011. Siete años en los que fue jefe de la oposición y, por tanto, no estaba bajo los condicionantes de José Luis Rodríguez Zapatero o sus ministros y pudo percibir dos sueldos: el de presidente del PP y el de diputado.

Otro de los privilegios de los diputados son unas condiciones de jubilación atípicas en comparación con el resto de Europa o Estados Unidos, que les permiten retirarse con el 80% de la pensión máxima con apenas siete años de presencia en el Congreso. O con el 100% si permanecen un mínimo de 11 años, el equivalente a casi tres legislaturas. O incluso prejubilarse a los 55 años, tras 11 de permanencia en el Congreso, con el 60% del sueldo y una indemnización por un máximo de 24 meses cuando cesen en su escaño.

Hasta hace dos años solo setenta exparlamentarios de los más de 3.000 que habían pasado por el Congreso o el Senado habían recibido esta pensión complementaria, que se aprobó en los inicios de la Transición para aquellas señorías que hubieran vivido en el exilio y se incorporasen al régimen de la Seguridad Social a una edad muy avanzada. La Cámara Baja destinó en 2012 algo más de 2,5 millones de euros al pago de pensiones y complementación de ingresos a exparlamentarios, así como a sus viudas e hijos menores de 25 años.

Planes de pensiones.

Las Cámaras aportan, asimismo, el 10% de la asignación del diputado o senador a un plan de pensiones privado. También es irrenunciable, como pudieron comprobar Cayo Lara y Alberto Garzón, de Izquierda Unida, al inicio de la legislatura al anunciar que su intención de prescindir de él, y se benefician igualmente todos los empleados y ujieres que trabajan en el Parlamento.

Al ser elegidos, los diputados reciben por último un kit tecnológico que incluye un móvil de última generación tipo iPhone, una línea ADSL en su domicilio para estar conectados a Internet y, desde esta legislatura, una tableta iPad que ha sustituido al ordenador portátil que tenían antes. Al final de la pasada legislatura, y bajo la anterior presidencia de José Bono, se tomó la decisión de comprar 400 iPad y otros 225 iPhone por casi medio millón de euros para los 350 diputados, quienes tuvieron que devolver sus ordenadores, a no ser que pagaran 100 euros por quedarse con él.

La sorpresa vino un año después, a finales de 2012, cuando, tras reponer 30 iPad extraviados o robados, la Mesa decidió que únicamente repararía los que resultaran averiados. Y solo una vez. Asimismo, se procedió a la desactivación de los aparatos cuya pérdida hubiese sido denunciada ante la sospecha de que los estuvieran utilizando familiares de los diputados.

En cuanto al transporte de sus señorías, aquellos que no disponen de coche oficial –solo lo tienen el presidente y los miembros de la Mesa– cuentan con una tarjeta anual de taxi con 3.000 euros de saldo. En el pasado, los bono-taxis eran de 250 euros mensuales, pero en los meses inhábiles –enero, julio y agosto– muchos diputados apenas hacían uso de esta tarjeta y el dinero sobrante se devolvía. Por ello, en septiembre de 2010 se modificó la normativa para que los beneficiarios pudieran disponer de estos 3.000 euros a lo largo del año. Las otras ventajas se dan tanto en los trayectos del AVE como en los vuelos de Iberia. Los viajes en tren siempre son en clase Club o similar, mientras que para el avión existe una tarifa bonificada con esta compañía que ofrece asientos de preferente con un coste como si fuera de turista. Esta tarifa no es aplicable al resto de compañías.

En los viajes institucionales, las Cortes se hacen cargo de los gastos de alojamiento y desayuno, mientras que los almuerzos y cenas son pagados con las dietas que perciben los parlamentarios. Además, las habitaciones de hotel tienen que ser “dobles de uso individual” y si llevan acompañante, el sobrecoste lo abona el diputado o senador.