Los lazos interminables de la Corrupción

Protagonistas de la investigación sobre el ático marbellí del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, aparecen en el caso Gürtel y también en la investigación sobre el espionaje al propio González. A su vez, ambos están relacionados con la operación Púnica y su derivada del Canal de Isabel II. Es una enorme trama cuya extensión parece no acabar nunca.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González tendrá que declarar el próximo mes de abril ante la jueza que lleva la investigación del ático de 500 metros cuadrados con jacuzzi y piscina privada que tiene en Marbella. Es la última novedad entre los principales casos de presunta corrupción en marcha. Las investigaciones judiciales todavía no conectan a unos con otros. El mapa de la España corrupta es grande, pero se podría decir que la coincidencia de personas hace que parezca un pañuelo. O que todo es la misma trama corrupta.

Alguna de las relaciones no han salido aún a la luz, aunque los investigadores siguen su pista. Una de las más recientes, según ha sabido Tiempo, es una nueva conexión entre la investigación alrededor del expresidente madrileño Ignacio González y el caso Gürtel. A ello hay que sumar que la jueza de Estepona que indaga alrededor de la compra del ático que González tiene en la urbanización Alhambra Golf, una de las más exclusivas de la Costa del Sol, ya ha preguntado a la Fiscalía si se inhibe en favor de la investigación del caso Gürtel que se sigue en la Audiencia Nacional, que a su vez también persigue la posible comisión de delitos de cohecho y blanqueo de capitales en una operación urbanística que podría estar relacionada con el origen de los fondos del ático. Algunos aspectos de la compra del inmueble tienen también que ver con el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid, el dinero en Suiza y otros negocios, entre ellos los urbanísticos, de la trama Gürtel. A su vez, protagonistas del caso de los espías tienen que ver con el caso Púnica, el del Canal de Isabel II y Gürtel. La telaraña parece no tener fin.

Dos nuevos nombres saltan ahora a la palestra como personajes muy significados en los casos que rodean a Ignacio González: Ildefonso de Miguel y Pedro Pérez. En el espionaje a González aparecen las imágenes de un seguimiento realizado al expresidente madrileño durante un viaje a Colombia. Tras este viaje, González y su mujer, Lourdes Cavero, visitaron la que finalmente se ha convertido en su propiedad en Marbella y que según su versión antes estaba alquilada a una empresa, Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware que, como se explicará más adelante, conecta con el caso Gürtel. En la escena grabada en Colombia, Ignacio González iba acompañado por Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II, y por un consejero de la constructora Martinsa, adjudicataria de una parcela que también se investiga en el caso Gürtel y en la que se pudo pagar una comisión ilegal de 15 millones de euros, a repartir entre varias personas. Los investigadores buscan pruebas de la relación entre esta operación urbanística y el ático de González.

Pero hay más. En el marco de la operación Púnica, que ha llevado a la cárcel al exvicepresidente madrileño Francisco Granados, se acaba de destapar el papel jugado por el Canal de Isabel II, la empresa de agua de Madrid, convertida en un gigante internacional. Una de las pesquisas en esta operación se refiere la contratación de trabajos para mejorar la reputación en las redes sociales de cargos del Partido Popular, entre otros de Ignacio González. Estos trabajos no serían pagados por el PP, sino por empresas como el Canal de Isabel II mediante una facturación ficticia con la empresa que realizaba los trabajos relacionados con la reputación, según los últimos testimonios aportados a la causa judicial.

En medios judiciales se apuesta por que las investigaciones alrededor del Canal de Isabel II, uno de los gigantes en la Comunidad de Madrid, y con negocios también en Latinoamérica, van a destapar asuntos que serán sonados. Por lo pronto, el nombre de Ildefonso de Miguel llama la atención. Quienes conocen las investigaciones que se llevan a cabo destacan la importancia que puede tener el hombre que fue gerente del Canal de Isabel II, señalado como una persona muy vinculada a Ignacio González y a las concesiones públicas. Cuando, hace pocos días, ha sido interpelado en la Asamblea de Madrid, De Miguel (que aparece en las imágenes de Colombia junto a González y el consejero delegado de Martinsa), ha negado irregularidades en el Canal de Isabel II así como que hubiera nada oscuro en el viaje a Colombia.

Hay otra relación muy llamativa en otro caso que publicó esta revista hace unos años. Se trata de la construcción, en los terrenos ocupados por unos depósitos del Canal de Isabel II en el centro de Madrid, de un campo de golf. La explotación de este campo se adjudicó a una empresa participada por un socio del hermano y del cuñado de Ignacio González. En ese momento Ignacio González era el vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidía el Canal de Isabel II. La concesión fue por 3,2 millones de euros cuando la base de licitación era de 1,5 millones. Pero es que además, aparece el citado Ildefonso de Miguel. Una empresa de su cuñado, Fernando Ruano, entró en la sociedad creada para gestionar la difusión de las nuevas emisoras de TDT que acababa de adjudicar la Comunidad de Madrid, proceso supervisado por Ignacio González. Esta empresa, a su vez, está relacionada con las que se beneficiaron de la concesión del campo de golf. Aún no ha cobrado importancia que en los años en los que Ildefonso de Miguel fue consejero de otra empresa pública madrileña, Arpegio, esta realizó las contrataciones que hoy investiga el juez Eloy Velasco también en el marco de la operación Púnica.

La investigación sobre el ático dúplex del expresidente madrileño Ignacio González tendrá que aclarar si esta propiedad tiene que ver o no con una comisión por la adjudicación de una parcela en Arganda. Se trata de una de las operaciones más importantes del caso Gürtel, que destapó la comisión por un solo amaño más importante en toda esta investigación: unos 15 millones de euros que habrían pasado por cuentas suizas de la red encabezada por Francisco Correa. Todos los cabos no están todavía atados, pero hay datos destacables para ordenar. Uno de los más importantes tiene que ver con la empresa que aparecía como dueña del ático de González: la sociedad Coast Investors. Esta, a su vez, era propiedad de Waldorf Overseas, una empresa radicada en Panamá y cuyo agente era el despacho Mossack Fonseca, dirigido por Ramón Fonseca, exasesor del presidente panameño. Se trata de un especialista en estructuras societarias para esconder los auténticos titulares de toda clase de bienes. Pues bien, da la casualidad que Mossack Fonseca es también agente de la entidad Golden Chain, a través de la que Francisco Correa cobró la millonaria comisión por la operación urbanística de Arganda, según los documentos del sumario del caso Gürtel a los que ha tenido acceso Tiempo. Mossack Fonseca & Company era también agente de otras sociedades de Correa en Panamá o Suiza, como por ejemplo Roseport Holdings, que era la dueña del yate de Correa por el que pagó 3,1 millones de euros. Sobre Ildefonso de Miguel probablemente se producirán nuevos descubrimientos.

Destaca también el papel de Pedro Pérez, que fuera presidente de Vía Digital, la plataforma de televisión por satélite de Telefónica que compitió en tiempos del Gobierno de José María Aznar con la otra plataforma, de Canal Plus. Pérez es considerado por todos un hombre muy cercano a Ignacio González. El propio Correa relató a eldiario.es que en Arganda del Rey realizó la operación de intermediación sobre la adjudicación de la parcela, “en la que entro porque Pedro Pérez (...) entiende que puedo favorecer que se adjudique Martinsa, como así fue”. Pérez, como señala Correa, “es amigo de Fernando Martín [dueño de Martinsa], y conocía mi amistad con Ginés López, alcalde de Arganda”. Además, Pérez aparece en el caso Gürtel en una cuenta en Suiza con Correa, el exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y el abogado Javier del Valle Petersfeld. Pérez ha negado ser uno de los titulares. En cualquier caso, en las citadas declaraciones de Francisco Correa a eldiario.es el presunto cabecilla de la trama Gürtel habla de una sociedad para invertir en bolsa compartida con Pérez, Arturo González y Javier del Valle Petersfeld. Esta se correspondería con Itelsa, propietaria de la citada cuenta en Suiza, y creada después de traspasarle fondos de la sociedad Free Town de Correa, tal como cuenta él mismo y acredita el sumario.

En el mismo relato, el cabecilla de Gürtel también cita una sociedad que realizaba negocios con recalificaciones inmobiliarias de Boadilla del Monte en las que participarían también Correa y Pedro Pérez, junto con otros de los presuntos miembros de Gürtel y Enrique Arnáiz, hermano del urbanista que redactó los planes de la zona, Leopoldo Arnáiz. Según la investigación judicial, la trama Gürtel se sirvió de la sociedad Narcisos 22 para cobrar comisiones en forma de parcelas que Correa confiesa que son labores de intermediación. El urbanismo en Madrid era controlado políticamente por Ignacio González. Leopoldo Arnáiz es el redactor de la mayoría de los proyectos de ordenación urbana de los municipios de esta comunidad. En el sumario del caso aparecen compraventas de suelo entre empresas de Arnáiz y Narcisos 22 en Boadilla, el epicentro del caso Gürtel. Además, acaba de conocerse que Arnáiz se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto delito de blanqueo de capitales por unas operaciones de estas mismas empresas que aparecen en el caso Gürtel, controladas por el urbanista a través de testaferros en un caso que lleva otro juzgado de Madrid y no la Audiencia Nacional. Testaferros de Francisco Correa coinciden también en las empresas de Arnáiz, tal como publicó esta revista.

Además, según los documentos a los que ha tenido acceso Tiempo, Pedro Pérez fue socio de Free Handicap, otra sociedad relevante en el caso Gürtel. Se trata de una empresa en la que también se encontraba Elena Sánchez, exmujer de Juan Costa, que fue ministro con Aznar. Free Handicap fue la empresa que se encargó de organizar el congreso del PP en Valencia que aupó a Mariano Rajoy a la presidencia del Partido Popular. Como ya destapó Tiempo, Elena Sánchez cobró 750.000 euros por la intermediación en el festival de música Summercase de Boadilla a través de su sociedad H. Eymorich. La funcionaria municipal a la que le encargaron coordinarse con Sánchez fue Ana María Garrido, que se apartó de los trabajos y terminó denunciando lo que después terminaría siendo, junto con las grabaciones que realizó el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas a Correa, el caso Gürtel.

José Luis Peñas señala a Tiempo que González estaba muy encima de las adjudicaciones de suelo público. También recuerda que el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, implicado en el caso Gürtel, le contó que en 2004 asistió a una comida en la que también se encontraban Francisco Correa, Pedro Pérez y Fernando Martín, presidente de Martinsa, en la que Pérez actuaba como enviado de Ignacio González. Hay otra conexión entre los casos Púnica y Gürtel, ya avanzada por Tiempo. En el sumario del caso Gürtel aparece un relato en un anónimo, pero también conversaciones telefónicas intervenidas y la declaración de José Luis Peñas, el hombre que grabó durante dos años a Francisco Correa, en el que aparecen dos protagonistas principales del caso Púnica: el exconsejero de Presidencia y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y el empresario David Marjaliza. En Boadilla del Monte existía una lucha de poder, según el sumario del caso Gürtel, sobre quién se llevaba las comisiones ilegales en la construcción de una residencia geriátrica. Francisco Granados y Luis Bárcenas intervinieron en este rifirrafe, según el anónimo y José Luis Peñas. Esta fue construida finalmente por la empresa Dico, del amigo de Francisco Granados, David Marjaliza. En la intervención telefónica de este mismo caso antes citada a Raúl Calvo, que fue representante del grupo Dico, comenta las relaciones empresariales entre Francisco Granados y David Marjaliza. Calvo también relata que el alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega (apodado como la Rata) se había metido en problemas por no llevar parte de comisiones ilegales a la sede central del PP en la calle Génova, según el relato que realiza también el exconcejal José Luis Peñas en un interrogatorio. Cuando se le pregunta sobre la persona concreta a la que se debía llevar el dinero a Génova, Peñas contesta que “en la conversación se habla de Francisco Granados, se habla de Dico, se habla un poco de... financiación de partidos políticos”. José Luis Peñas acaba de publicar el libro Uno de los suyos, en el que relata lo que vivió y habló con Correa y otros miembros de la trama Gürtel. Tras relatar una de las conversaciones con Francisco Correa en la que le recuerda las relaciones de algunas personas que conocen con la operación Malaya (el suegro de Correa, el constructor Emilio Rodríguez, fue detenido en esta operación) José Luis Peñas escribe: “Siempre los mismos nombres en el registro mercantil, las mismas direcciones, los mismos administradores... Tarde o temprano se termina atando cabos”.