Los hombres claves del procés

Jordi Sánchez, presidente de la ANC [Asamblea Nacional de Cataluña], se dirigió a los congregados ante la sede del Departamento de Economía, arengándolos con expresiones tales como: ‘El 1 de octubre votaremos; si nos quitan las urnas, las construiremos. Que nadie se vaya a casa. Será una noche larga e intensa’. Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pidió que la movilización no se detuviera. Ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a la ‘movilización permanente’ desde ese día a favor del referéndum y en contra de las actuaciones ordenadas jurídicamente para impedirlo”. Este épico relato es una copia textual de un párrafo del auto de prisión de los Jordis (como ya se conoce popularmente a los dos personajes citados) tras comparecer el pasado lunes ante la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional.

Ambos están acusados de sedición por haber llamado a bloquear varias sedes oficiales cuando la Guardia Civil estaba registrando despachos del Gobierno catalán por orden judicial el pasado 20 de septiembre. Y la noche de ese día, tal y como vaticinaba Sánchez, fue larga. Tanto que los agentes que estaban en el interior de la consejería no pudieron abandonar las instalaciones hasta las 7 de la mañana, cuando se desalojaron las inmediaciones.

En esa tangana, la actuación de los dos presidentes de entidades independentistas fue crucial. Ambos afirmaron ante la jueza que llamaron a una movilización pacífica. Pero tres coches de la Guardia Civil quedaron destrozados. La broma costó a las arcas públicas casi 146.000 euros. Pero lo más interesante fue que, durante esa jornada, los dos amigos “se erigieron como interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines, intentando negociar durante al menos cinco veces con las fuerzas de seguridad, planteando diferentes opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos, pero nunca aceptando aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos”.

De esta forma tan sibilina, los Jordis acabaron convertidos en un símbolo. Tras la detención, los partidos independentistas, así como diferentes líderes de otras formaciones (como Ada Colau, Joan Josep Nuet o Pablo Iglesias), les calificaron ya como presos políticos. Ninguno se había leído el impecable auto de la jueza, pero eso era lo de menos, porque las declaraciones públicas de los políticos no suelen regirse por la razón.

En realidad, el encarcelamiento sin fianza abona las tesis de los independentistas, que necesitan mártires de la causa periódicamente. Fueron mártires Artur Mas y sus consejeros Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, multados por haber organizado el pseudorreferéndum del 9 de noviembre de 2014. Y también Carme Forcadell y parte de la Mesa del Parlamento autonómico, que, en contra de las advertencias del Tribunal Constitucional, fomentaron el debate y la votación de leyes anticonstitucionales. O sea, de quebranto de la legalidad constitucional vigente. Ahora, la tensión ha subido un peldaño más con la entrada en prisión de los Jordis. 

El comité secreto

Paralelamente, un documento titulado Enfocats, que la Guardia Civil encontró en casa del secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, detallaba un plan para romper España y forzar una “desconexión forzosa” de Cataluña. El documento establecía un comité estratégico y un comité ejecutivo. El comité estratégico estaría formado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, miembros de grupos parlamentarios independentistas y los presidentes y vicepresidentes de ANC, Òmnium y la Asociación de Municipios Independentistas (AMI). “Destacando que los presidentes de la ANC y de Òmnium son Jordi Sánchez Picanyol y Jordi Cuixart Navarro, respectivamente”, dice el informe de la Benemérita. Ese comité tenía como misión “liderar el día a día de la implantación del plan estratégico”. Y el plan consistía en crear el caldo de cultivo óptimo para separarse de España. El documento reseñaba incluso que “la declaración unilateral de independencia generará conflicto que, bien gestionado, puede llevar a un Estado propio”. Y preveía incrementar paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado. Los tres actores que intervendrían en este plan serían el Gobierno de Cataluña, el Parlament y los agentes cívicos, en donde se encuadrarían ANC y Òmnium, encargados de movilizar la calle. Como tropa de choque quedaría la CUP, con sus cuadros bien entrenados para controlar los sectores y puntos estratégicos. Para las entidades cívicas se reservaba la presión social.

Así, no es de extrañar que Sánchez y Cuixart fuesen las personas de la sociedad civil que más pisaron la Generalitat en el último año y medio. En algunos círculos se ha llegado a afirmar que quien verdaderamente manda en Cataluña no es el Gobierno, sino ANC y Òmnium, al margen de la CUP, cuya hoja de ruta coincide casi al 100% con la de la ANC. Fuentes de la ANC, sin embargo, señalan a Tiempo que esta entidad “no manda”. “Solo somos garantes de que se cumpla el mandato popular. Además, no entramos en el día a día de los partidos ni nos entrometemos en sus estrategias”. Pero el aliento en la nuca de Carles Puigdemont avisa de que no le van a dejar desviarse de su cometido: declarar la república antes o después.

El major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, tras prestar declaración. Foto: K. Huesca y Andreu Dalmau/EFE

Los talibanes del cinturón rojo

Sánchez y Cuixart se convirtieron, así, no solo en los guardianes de la revolución, sino en el núcleo de un círculo de nacionalistas que es la reedición de los radicales que hace veinte años fueron conocidos como los talibanes, aunque entonces se trataba de los jóvenes independentistas de Convergència que auparon a la cúspide a Artur Mas. Ahora, los talibanes ya no son de CDC: son talibanes del cinturón rojo de Barcelona, de diversos partidos y copan puestos clave del procés. El obrerismo ha muerto: la patria es más importante.

Los nuevos talibanes, pues, son transversales. Jordi Sánchez, nacido en Barcelona, proviene del comunismo. Militó en el PSUC (el homólogo del PCE en Cataluña y germen de ICV) y en los años 80 fue el portavoz de la Crida a la Solidaritat, una organización que dirigió Àngel Colom, que luego se convertiría en secretario general de ERC, antes de fundar el Partit de la Independència y de integrarse más tarde en Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Licenciado en Ciencias Políticas, Sánchez fue director de la Fundación Jaume Bofill, consejero de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (la actual CCMA) y adjunto al Defensor del Pueblo, cargo en el que aún oficia su amigo Rafael Ribó, también proveniente del PSUC. En 2015, decidió abandonar su puesto de adjunto y se alzó con la victoria en las elecciones internas de la ANC, de la que es presidente desde entonces.

Se ha convertido, por tanto, en uno de los cerebros en la sombra que más influencia tiene sobre Carles Puigdemont. Su labor de agitación de las calles le ha valido el respeto y el temor de buena parte de la élite independentista. El estudioso hombre de izquierdas cambió su discurso ideológico de los años 90 del pasado siglo por un discurso identitario que antepone la nación y la patria a cualquier otro valor. Su labor de vigilante supremo queda reflejada en la hoja de ruta de la Asamblea Nacional de Cataluña, que establece que en caso de intervención de las instituciones catalanas por parte del Estado, la labor de la organización es “amparar a las instituciones catalanas, dar apoyo a los diputados del Parlamento o activar la Asamblea de Cargos Electos de Cataluña (Aecat), si es preciso, para que se proclame la independencia y reclamar el apoyo de la comunidad internacional”. Es decir, esta entidad, junto a Òmnium, sería la garante de un Gobierno en la sombra para culminar la independencia.

Un republicano en Òmnium

Su socio Jordi Cuixart no se queda atrás. Activista social, hijo de obrero catalán y carnicera murciana, es socio de Òmnium desde 1996 y fue militante de ERC. Durante su juventud participó en campañas a favor de la lengua y la cultura catalanas y en contra del servicio militar. Incluso formó parte del grupo de teatro Tàndem, de Santa Perpètua de la Mogoda, su localidad natal. Quienes le conocen dicen que no estudió en escuela, pero sí estudió de la vida y se formó como empresario. Aprendió inglés y francés y se dedicó a observar para crear, en 2003, su empresa, Aranow Packaging Machinery, dedicada a la fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, que tiene una facturación anual de 2,5 millones de euros y en la que cesó como administrador único hace unos meses. También es socio de Coop 57, una cooperativa de servicios financieros destinada a realizar operaciones de préstamos a entidades y cooperativas. En diciembre de 2015, Cuixart sustituyó como presidente a Quim Torra, flanqueado por Marina Llansana y por Joan Vallvé como vicepresidentes: una comunista y un convergente de toda la vida (Vallvé fue consejero de Agricultura con Jordi Pujol y recientemente tuvo que dimitir de GVC Gaesco por el traslado de la sede de esta empresa fuera de Cataluña, lo que era incompatible con su militancia en Òmnium). Los tres años anteriores, ya había oficiado como vicepresidente y tesorero de la entidad, a la que llegó en representación de la patronal independentista Femcat.

Esta organización reúne a un puñado de empresarios alineados con el soberanismo, como Felip Massot (Vertix), Josep Miarnau (Comsa), Jordi Bagó (Grup Serhs), Xavier Pujol (Ficosa), Ramón Roca (Ros Roca), Joaquim Boixareu (Irestal), Jaume Alsina (Bonarea), Joan Font (Bonpreu), Tatxo Benet (Mediapro), Joan Gummà (Segurvib 15) o Josep Benito (Seidor).

Òmnium fue fundada en 1962 por un puñado de burgueses catalanes para conservar el catalán como lengua autóctona. Ahora está en manos de un empresario de izquierdas, nacido y criado en el cinturón rojo barcelonés. Cuixart la cogió con 32 sedes y ahora tiene 59. Y la cogió con algo más de 50.000 socios y ahora presume de tener más de 73.000. ¡Todo eso en menos de dos años! El presupuesto ha crecido también de 3,5 a 4,5 millones de euros, aunque la cuenta de resultados flaquea: de algo más de 29.000 euros negativos en 2015, pasó a casi 186.000 euros negativos en 2016, de los que más de 74.000 son gastos en la campaña “Ara és l’hora”, en la que reclamaba la independencia. También tuvo que provisionar casi 140.000 euros por dos expedientes abiertos por la Agencia Española de Protección de Datos.

Nadie duda del subidón de Òmnium en la etapa del procés. El propio Cuixart declaraba en febrero del año pasado a un medio de su localidad natal que las entidades cívicas independentistas tienen “todo el papel” en la construcción del nuevo Estado catalán. “La fuerza de emancipación nacional nace de la base y va más allá de las manifestaciones que cada 11 de septiembre sacan millones de personas a la calle. Hay una voluntad muy clara de la gente de decir ‘basta’, que quieren, a partir de estructuras de Estado, comenzar un nuevo Estado donde el eje de la política sea la ciudadanía. Se nos abre un marco de oportunidades tan grande que no aprovecharlo sería un error”. Y en ello ha empeñado su existencia los últimos meses.

Los tuits de Pere Soler

El tercer miembro del selecto club de talibanes es Pere Soler, nacido en Terrassa y desde el pasado mes de julio director general de la Policía autonómica. En uno de los informes entregados por la Guardia Civil a la juez Carmen Lamela, se detalla una conversación de Soler con el director general de Patrimonio de la Generalitat, Francesc Sutrias (uno de los detenidos el 20 de septiembre), en la que el responsable policial le comunica que ya ha dado “las instrucciones necesarias al personal bajo su cargo para aumentar la contravigilancia sobre las personas más expuestas”. Con ello, subraya la Guardia Civil, “se evidencia que el jefe de los Mossos d’Esquadra está dando protección a las personas encargadas de preparar la logística del referéndum del 1 de octubre”. Exactamente todo lo contrario de lo que le habían ordenado los jueces. Soler es un hispanófobo convencido. El 23 de octubre de 2016, dejaba ir por Twitter una frase lapidaria: “Espero que nos vayamos ya, porque me dais pena todos los españoles”. Poco antes, dejaba otra perla: “Si España no fuese un país de pandereta, estarían ya investigados y dimitidos”. Y a Susana Díaz le espetaba: “Mira, Susana Díaz del PSOE, todos los catalanes, también los nacidos en Andalucía, si queremos nos vamos con o sin referéndum. ¿Queda claro?”. Fuera de las redes sociales, Soler es adusto y despierta antipatías. “Hace acto de presencia en las reuniones y no habla. No es amigo de discursos y la impresión que da es que no se entera de nada”, dice una persona que lidia periódicamente con él. Y otra le define como “muy lejano, distante. Es un huraño. Si no le saludas, no te saluda y en el cuerpo de los Mossos no se relaciona con nadie”.

La promesa de Trapero

Soler camina al mismo ritmo que su jefe, el consejero de Interior, Joaquim Forn, extalibán de CDC y hasta el pasado mes de julio mano derecha de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona. El nombramiento de ambos significó el despido del consejero Jordi Jané y del director general de la Policía autonómica Albert Batlle, hombres legalistas y no alineados con la línea dura de Puigdemont. Con Forn y Soler, el president se aseguraba tener una cúpula radicalizada en Interior, que blindase al major Josep Lluís Trapero, el hombre del que jerárquicamente dependen los Mossos. Trapero, que está en libertad con cargos –acudió a declarar a la Audiencia Nacional junto a los Jordis– fue llamado por Puigdemont en cuanto este fue nombrado presidente. “Mírame a los ojos y dime si me serás leal hasta el final. Dime que no me traicionarás”, le dijo el presidente catalán. El policía comprometió su fidelidad y el político quedó más tranquilo. Ambos eran viejos amigos y conocidos de las paellas en casa de la periodista Pilar Rahola, amiga de congregar radicales en torno a una buena mesa.

Trapero fue coherente: se mantuvo fiel a sus jefes, pero traicionó a todos los demás: jueces, fiscales, Policía Nacional y Guardia Civil. El chico nacido (como Cuixart y como Soler) en el cinturón rojo de Barcelona y criado en el bario de Singuerlín, en Santa Coloma de Gramenet, ascendió a golpe de hincar los codos. Cuando estudiaba en la academia de los Mossos, un compañero le preguntó por qué no se relacionaba con los demás. “No quiero relacionarme nadie, porque llegaré a jefe de todos y no quiero deber favores”, le contestó. Entró en la academia en 1989 y fue ascendiendo, consciente de que su destino era llegar a la cúspide. En 2012 viajó a la sede central del FBI, en Quantico (Virginia, Estados Unidos) para participar en el curso Latin American Law Enforcement Executive Development Seminar. Luego, supo ganarse la confianza de Artur Mas hasta ser nombrado director del cuerpo en abril de 2013.

Pero en su trayectoria hay sombras. Fue jefe de Investigación durante el escándalo del Palau de la Música. Y ocultó al juez Joaquín Aguirre datos relevantes sobre uno de sus amigos/confidentes, un narcotraficante de Castelldefels. Tras un año de torear al juez, este encargó un informe a la División de Asuntos Internos (DAI), que descubrió que, contrariamente a lo que el jefe policial decía al magistrado, conocía al narcotraficante: desde un teléfono de este había 1.661 llamadas a los Mossos y había recibido 775 desde dependencias policiales. Solo desde el teléfono de Trapero se verificaron 80 llamadas, mientras que el narcotraficante le había realizado a él 144. Ello ocasionó la apertura de un sumario para investigar a Trapero y la irrupción de Aguirre con una dotación del Cuerpo Nacional de Policía en la central de los Mossos en busca de las pruebas que le ocultaban. Cuando Trapero llegó a director de los Mossos, disolvió la DAI y el equipo de Investigación que él había dirigido y dispersó a sus integrantes por varias comisarías.

En las últimas elecciones autonómicas se le acusó de haber escamoteado un informe sobre actos violentos de personas vinculadas a la CUP, con lo que allanaba el camino para que los radicales pudiesen tejer una alianza con Artur Mas y con la plataforma Junts pel Sí. El prolijo informe detallaba acciones de comandos violentos dentro de los colectivos okupas e independentistas y contenía incluso detalles precisos sobre la autoría de un artefacto explosivo depositado en una cabina telefónica situada cerca del Camp Nou en el año 2010.

La influencia en el aparato de la Generalitat

El pasado 20 de septiembre, mientras miles de radicales asediaban la consejería de Economía en cuyo interior se encontraba una comitiva judicial realizando un registro–, un puñado de Mossos d’Esquadra hacían guardia afuera, impotentes para enfrentarse a tanta gente. Jordi Sánchez, presidente de la ANC, se dirigió entonces al jefe de la Brigada Móvil, que se encontraba allí y le pidió que retirase los efectivos. Ante la negativa del policía, el activista le replicó: “No te preocupes. Enseguida te darán la orden por el 111”.

Ese canal es el utilizado por los Mossos para las comunicaciones internas. Apenas un minuto más tarde, el jefe policial recibió una llamada del major Josep Lluís Trapero para retirarse del escenario. La anécdota denota la influencia de Sánchez en el aparato de la Generalitat. El jefe de los Mossos, por otro lado, se convirtió en un apoyo imprescindible para que el referéndum pudiese celebrarse: el día de la consulta, en vez de ordenar cerrar colegios, como le habían ordenado a él, dio fiesta a un tercio de la plantilla de la Brigada Móvil y reservó otro importante número de efectivos para vigilar el partido Barça-UD Las Palmas, que se celebró a puerta cerrada.

Cuixart, durante la noche del 20 de septiembre

El día que el presidente de Òmnium robó material a la Policía

El pasado 25 de septiembre, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, visitaba Badalona con el teniente de alcalde José Antonio Téllez, el mismo que el 12 de octubre de 2016 simuló rasgar un mandamiento judicial que prohibía abrir el Ayuntamiento al público en aquella jornada y luego reconoció ante el magistrado que lo que rompió fue una fotocopia. En esta ocasión, sin embargo, no simuló: una patrulla de la Guardia Urbana acababa de requisar a unos activistas material sobre el referéndum. Los dos dirigentes se dirigieron a la patrulla, junto a una veintena de personas, con actitud hostil y les exigieron el material intervenido, a lo que se negaron los agentes.

Entonces, Téllez y Cuixart sustrajeron el material del interior del vehículo policial y se lo devolvieron a sus compañeros. Cuando comprendieron la gravedad de lo que habían hecho –robar material incautado por orden de un juez– devolvieron el material a los policías y pidieron disculpas.

La diputada cupera Eulalia Reguart y Jordi Cuixart