Los documentos inéditos del ocaso del franquismo

Franco calzaba un número 40, la misma talla para el cuello; tenía 57,5 centímetros de medida para sombreros y una talla 63 para los anillos. Hasta este detalle se puede encontrar al bucear por los documentos que se encuentran en diferentes archivos consultados por esta revista. Aún no se sabe todo de Franco y su dictadura cuando se cumplen 40 años de su muerte. Entre los documentos descubiertos por TIEMPO se encuentran algunos relacionados con la operación secreta para mantener el orden a la muerte del dictador, los que planearon la creación de un partido democrático desde el mismo franquismo y una referencia a los fondos que podrían haber recibido del régimen de Franco algunos partidos políticos durante transición a la democracia.

Mientras Franco vivía sus últimas horas, todo estaba medido al detalle para conseguir que no hubiera lugar a la improvisación en las honras fúnebres y el orden en las calles. Tanto preocupaba que se le bautizó como operación Lucero y estaba clasificada como secreta. Estaba preparada desde el 24 de julio de 1975, mucho antes de la muerte del dictador, como atestigua un documento original depositado en el Archivo General del Palacio Real. El jefe del servicio de inteligencia de Franco, entonces llamado Servicio Central de Documentación (Seced), por orden del presidente del Gobierno, redacta el día anterior a la muerte de Franco el último cambio en la cronología de estas honras fúnebres. Solo del apartado número 8 de la operación Lucero, que es mucho más amplia. Desde el 29 de octubre ya se estaban perfilando los últimos detalles. Una nota con esa fecha ordena los detalles de la visita del público a la capilla ardiente que se realizó en una reunión en la presidencia del Gobierno. El documento secreto que adelanta a Radio Televisión Española cómo se sucederán los acontecimientos. Un dato curioso es que estos se adelantaron un día sobre lo previsto.

Entierro y coronación. Así, por ejemplo, la proclamación del rey Juan Carlos estaba prevista para el día 23 de noviembre, cuando finalmente sucedió el día 22. Esto fue debido a que, contra lo planeado en un principio, el cadáver no estuvo dos días en el palacio de El Pardo, sino solo uno.

Dentro de esa carpeta de los actos con motivo del fallecimiento del dictador se conserva el documento sobre los detalles del embalsamamiento del cadáver y la licencia de sepultura, firmada a las 5.25 horas del 20 de noviembre de 1975 en el juzgado municipal número 30 de Madrid, donde se da cuenta del fallecimiento por “parada cardiaca y choque endotóxido peritonítico” y su “traslado a la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”. 

En vida, Franco recibió información de los intentos de atentado dirigidos contra él. Entre ellos se encuentra la información de julio de 1971 del proyecto del exiliado García Pernyera. En el documento secreto se habla de que noticias de La Habana señalan la preparación de este atentado, “aprovechando la temporada de pesca en el río Sella”, a la que concurría de forma habitual Franco. El documento señala que García Pernyera podía aprovechar para sus planes el hecho de que conocía a uno de los conductores de la Casa Civil de Franco. TIEMPO ya publicó un informe mucho más detallado de otro intento de atentado que pretendía bombardear el palacio del Pardo, residencia del dictador.

El acceso a las copias de los documentos del dictador que se encuentran en el archivo de Salamanca cuenta con la peculiaridad de que se ha restringido totalmente la investigación directa de los microfilms. La intención es que los investigadores no tengan acceso a documentos declarados secretos hace varias décadas. Sin embargo, estos mismos documentos secretos están en manos de la familia del dictador a través de la Fundación Nacional Francisco Franco. Aun así, alrededor de la fecha de la muerte del dictador hay documentación que desvela algunos secretos de aquellos días de cambio en España. Una nota informativa fechada un año antes de la muerte de Franco informaba de lo que habló un hombre “de mucha significación en el Partido Socialista” en una reunión de “varios amigos marxistas de nivel internacional”.

En el relato se describen, en el momento previo a la autorización del PSOE, contactos con el Gobierno de Arias Navarro en Ginebra. En el documento se encuentra subrayado el párrafo en el que se relata que el dirigente socialista que habla en esta reunión, cuyo nombre no desvela, asegura que el ministro Carro, íntimo colaborador del presidente del Gobierno franquista Arias Navarro, ha contactado con figuras del socialismo para que participen en un “estudio sociológico” sobre unas elecciones “más o menos democráticas”. Para ello, el dirigente socialista dice que “se asegura que a Tierno le han entregado más de cuatrocientas mil pesetas” y que “se habla de que a los demás también puede haberles pagado”. Del PCE se cuenta que habría recibido “mucho dinero” a través de México (luego habla de 200 millones de pesetas) para contrarrestar mediante propaganda la maniobra del régimen de implicarle en el atentado de la calle del Correo. Esta nota sobre el dinero que presuntamente recibieron del régimen franquista los partidos democráticos recuerda las afirmaciones realizadas por uno de los miembros del servicio de espionaje de Franco, Ángel Ugarte, en una tesis realizada recientemente por el profesor Ernesto Villar. Ugarte sostiene que los servicios secretos facilitaron fondos y también ayudaron a completar las listas electorales (ya que no contaban con suficientes candidatos) a todos los partidos excepto al PCE.

Las notas informativas de aquellos momentos filtran las palabras de dirigentes del PSOE y del PCE, como la percepción de que el atentado “ha sido una baza muy importante jugada por el Gobierno para ligar al PCE al extremismo” o que piensan que Fraga, a través de Pío Cabanillas y Arias Navarro, juega a intentar demostrar a Europa una auténtica democratización de España “y que si esta no se consigue más rápido es por culpa de la familia Franco y la ultraderecha”. Los dirigentes a los que se alude creen que el PCE juega a pactos con la derecha y que el atentado echa por tierra su labor, o que “existen muchos altos financieros” cerca de la Junta Democrática, la plataforma en la que se incluía el PCE. Los citados dirigentes hablan de que el Gobierno mantiene contactos con el PSOE y que este “está más o menos permitido” como maniobra contra la Junta Democrática.

Sucesión. Algunos documentos revelan un interés especial con el paso del tiempo. Uno de ellos, cuya portada, “Para despacho con su Excelencia”, deja claro que es enviado a Franco, le ofrece la información obtenida por confidentes de una cena celebrada el 27 de mayo de 1966 en el domicilio del abogado Joaquín Garrigues Walker a la que asisten el entonces príncipe Juan Carlos y otras once personas, entre las que se encuentran el catedrático Antonio Fontán, algunos empresarios importantes y personalidades como, entre otros, Hermenegildo Altozano, al que además de director del Banco Hipotecario, se señala como “conocido miembro del Opus Dei”. En la cena se comentan las posibilidades para encauzar la sucesión de Franco, en la que algunos defendían ya un referéndum previo a la restauración monárquica con una etapa previa de restablecimiento democrático. También se habló de lo que sería la España posfranquista, donde “todos los asistentes se mostraron de acuerdo en que no podía ser otra que un Estado de Derecho, con instituciones democráticas de tipo europeo y actual”. Entre los detalles de los que se habló se encuentran algunos que se han proyectado en la actualidad, como la elaboración de “una inteligente Ley Electoral para que se pudiera garantizar en la práctica el sistema de dos grandes partidos, socialista democrático y demócrata cristiano, con algún otro sector marginal o complementario”, según relata este informe dirigido a Franco.

Mucho más cercano a la muerte del dictador y el comienzo de la Transición es un documento de trabajo para la preparación de una asociación política, las entidades con las que el franquismo pretendió sin éxito sustituir a los partidos en una futura transición democrática. La tercera versión de uno de esos borradores está fechada en enero de 1975. En este documento se cita la transformación de la sociedad española como el impulso de un cambio imparable. También habla de una reforma política con una “continuidad sin rompimientos” y “dentro del marco de nuestras Leyes Fundamentales”, en referencia a las del franquismo. Se trataría de una asociación política claramente centrista, cuya definición coincide prácticamente en todo en lo que sería la futura Unión de Centro Democrático (UCD). Sus ideas se explican con una retórica muy especial: “Se consideran de centro y marginan tanto al continuismo inmovilista como a la aventura sin rumbo fijo, al derechismo meramente conservador y al revisionismo por el revisionismo; a la visión maquiavélica del poder y a la ingenuidad anarquizante”.

Es enero de 1975 y se señala ya la urgente llegada del momento de la sucesión de Franco. Los autores expresan el temor a que va a coincidir con la “seria crisis económica, social y política que está sufriendo el mundo”. En el documento se usan términos que serán habituales en la Transición, como la reforma política o la reconciliación nacional en la que “nadie podrá alegar la condición de vencedor o pretender la de revanchista”. Es llamativo que aún se considere al Movimiento Nacional como el marco constitucional, aunque se abogue por la apertura a una “participación popular directa”. También se recoge el reconocimiento de “la personalidad histórica, cultural y económico social de las regiones”. Se aboga claramente por unas fuerzas armadas que no intervengan en la vida pública, una separación Iglesia-Estado, la autonomía de los sindicatos o el derecho de huelga.

Lujo filipino. En aquellas fechas de crisis del petróleo, los reyes Juan Carlos y Sofía realizaron un viaje a Arabia Saudí, Filipinas y la India. En el fondo de la Fundación Franco se encuentra un informe realizado por el propio monarca en febrero de 1974 en el que destacan detalles como el interés en intercambiar materias primas por petróleo o la curiosidad de que le llamara la atención “el lujo y la frivolidad” en la que vivían el presidente Marcos y su esposa y un análisis: “A la larga no puede ser bueno”, lo que se comprobó profético con la caída del dictador filipino.

Los documentos de la Fundación Francisco Franco son accesibles desde hace pocos años en un archivo de carácter público, por lo que han sido poco estudiados por los historiadores. En ellos se puede repasar correspondencia entre don Juan y su hijo Juan Carlos, como una carta fechada en octubre de 1968 en la que intenta que no se dé la imagen de que la familia esté dividida. El contenido de la carta tiene algunos subrayados que destacan aspectos llamativos para el régimen de Franco. Uno de ellos llama especialmente la atención. Al terminar la carta, don Juan le habla a su hijo de la lealtad al pueblo español “cuya voluntad habremos, en último término, de acatar”.

Entre los documentos históricos puede leerse, por ejemplo, una carta del embajador de España en Berlín, Ginés Vidal, en mayo de 1943, en la que da cuenta de “la liquidación en masa de judíos” y las “matanzas terribles” en “un lugar hasta ahora ignorado llamado Treblinka” al Ministerio de Asuntos Exteriores español. En el archivo del Palacio Real se encuentran curiosidades como todas las fórmulas de juramento. Desde ministros a obispos. La de estos últimos es poco conocida en su totalidad. Comenzaba así: “Ante Dios y los Santos Evangelios, juro y prometo, como corresponde a un obispo, fidelidad al Estado español”. Los curas díscolos siempre fueron un dolor de cabeza para la dictadura, así que este juramento se ampliaba a “respetar y hacer que mi clero respete al Jefe del Estado español y al Gobierno” y concretamente a “no tomar parte en ningún acuerdo ni asistir a ninguna reunión que pueda perjudicar al Estado español y al orden público, y haré observar a mi clero igual conducta”.

Jesucristo Superstar. También describe bien la España de hace 40 años una carta enviada a Franco, firmada por los responsables de asociaciones, Fuerza Nueva, la “Cruzada de la Decencia” y el arzobispo de Zaragoza, entre otros, en la que se pide que intervenga ante “la escandalosa escalada de inmoralidad” que llena “kioskos, teatros y cines” y que “ha culminado con el hecho execrable de llevar a la Persona Divina de Jesucristo a las tablas y a la pantalla de una manera impía y blasfema”. Se refiere a la película Jesucristo Superstar, un escándalo en aquel 1975, donde el franquismo agonizaba.