Los diques contra el yihadismo

Esta misma semana que tanto ha convulsionado a Francia, una joven volvió a desaparecer en Ceuta sin motivo aparente. Rhimou Bghil Abdelsalam tenía 18 años y residía en la barriada del Príncipe Alfonso, de mayoría musulmana y donde el índice de pobreza cuadruplica al de las zonas acomodadas de la ciudad autónoma. La joven fue el pasado viernes a Marruecos, dos días después del atentado contra Charlie Hebdo, con la intención de “hacer unas compras” y no regresó a su domicilio, según ha confesado su madre al diario local El Faro.

La Guardia Civil se temió lo peor desde el principio porque la desaparecida es hermanastra de Mohamed A.A., uno de los cerca de veinte ceutíes que en su día se evaporaron y luego se supo que habían acabado en Irak o Siria para enrolarse en la Yihad. Así que se lanzó una orden internacional de búsqueda y captura. La huida de la joven duró cinco días ya que la Policía turca la detuvo el martes cerca de la frontera con Siria, cuando iba en el interior de una furgoneta junto a otras seis jóvenes.

La captación de chicas es una de las novedades surgidas tras la aparición en 2014 del Estado Islámico (EI), cuyo poder de enganche y afiliación es superior al que logró Al Qaeda en los tiempos de Osama bin Laden. Al menos una docena de españolas se han incorporado al EI como enlaces del grupo terrorista –un rol que desempeñó la francesa Hayat Boumedienne, esposa de uno de los terroristas de París– o como esclavas sexuales de los aspirantes al martirio yihadista.

En agosto, por ejemplo, se desencadenó la operación Kibera contra dos jóvenes melillenses que iban a cruzar a Marruecos y desde allí poner rumbo a Siria. Igual que Bghil Abdelsalam. Ambas habían sido captadas a través de las redes sociales, con el agravante de que una de ellas era menor de edad.

La Policía arrestó luego a principios de diciembre, precisamente en Ceuta, a una “reclutadora activa” que se encargaba de seducir a féminas para enviarlas a las zonas de conflicto. Aquel día hubo otros seis detenidos vinculados a esta red proselitista: un hombre y cinco mujeres que vivían en Melilla y Barcelona. El fenómeno está bastante extendido.

Mensajes como anzuelo.

El modus operandi para captar a estas chicas es bien simple. El trabajo ya no se realiza en las mezquitas, sino a través de Internet. Las reclutadoras colocan primero mensajes en la Red que sirven de anzuelo para las jóvenes. En ellos se suele denunciar la crisis de valores de Occidente y las supuestas violaciones que los Gobiernos europeos y norteamericanos cometen en Oriente Próximo.

La segunda fase se centra en la selección de candidatas. Las víctimas son redirigidas a foros privados de WhatsApp, la conocida red de mensajería gratuita por móvil a la que los policías no tienen acceso salvo con autorización judicial. En estos foros se imparte doctrina yihadista antes de pasar a la tercera fase, la del reclutamiento, en la que se pueden organizar encuentros personales. El último paso es organizar el viaje a Siria o Irak: primero con un pasaje de avión a Turquía, Jordania o Líbano, para desde allí desplazarse por tierra a la frontera y cruzarla de forma ilegal.

¿Y qué ocurre con los hombres? Unos 70 españoles o extranjeros con residencia en nuestro país están combatiendo o han combatido en las filas del EI, sobre todo en Siria, según expertos policiales. De ellos, una decena han regresado a la península, aunque la mitad se encuentran detenidos en cárceles españolas o marroquíes. Son datos inquietantes para el Ministerio del Interior, si bien su titular, Jorge Fernández Díaz, insiste en que otros países de nuestro entorno están en una situación mucho peor ya que unos 15.000 extranjeros se han unido a grupos yihadistas en los últimos meses.

En el caso del Estado Islámico, se sabe con certeza que 3.000 europeos se han afiliado (alrededor de 1.200 proceden de Francia, unos 550, de Alemania, y otros 500, del Reino Unido), de los cuales cerca del 20% (unos 600) han regresado a sus países de origen, como hicieron en su día los hermanos Kouachi después de un periodo de adoctrinamiento y radicalización en Yemen.

Los de segunda generación.

En España, lo único que proporciona tranquilidad es que la Policía y la Guardia Civil trabajan con cifras más bajas. La primera de las detenciones de retornados se produjo a comienzos de enero de 2014 en el aeropuerto de Málaga. Allí llegó Abdalouahid Sadik Mohamed, de 30 años, español pero con ascendencia marroquí, y que tras salir de Ceuta se enroló en la filial siria de Al Qaeda (el Frente Al-Nusra). Tras un periodo de formación militar participó en una de las acciones terroristas más audaces de la insurgencia sirio-iraquí en los últimos años: la huida de 1.500 reclusos de la famosa cárcel de Abu Ghraib, cerca de Bagdad, en julio de 2013 gracias a la colocación de varios explosivos en las paredes exteriores de la prisión.

Sadik Mohamed regresó a Siria tras la acción de Abu Ghraib y, posteriormente, a Málaga. Nada más pisar suelo español fue detenido, acusado de pertenencia a organización terrorista, y desde entonces se encuentra en prisión preventiva. Otro de los retornados detenidos es Abdelmalek Tanem, de 25 años y nacionalidad franco-argelina. Fue arrestado en abril del año pasado en Almería tras haber formado parte inicialmente de Al-Nusra y luego del EI.

Este fenómeno de la captación fue analizado por el Real Instituto Elcano en su último informe titulado Siria, Irak y la movilización terrorista en España, donde se subraya que “el estudio de las operaciones policiales llevadas a cabo en España desde 2013, aunque sin alcanzar los niveles registrados en otros países europeos, afecta principalmente a musulmanes de segunda generación nacidos y residentes en Ceuta y Melilla”.

En este sentido, en 2014 hubo una docena de operaciones policiales en las que se detuvieron a 47 presuntos yihadistas (33 en España, 13 en Marruecos y uno en Luxemburgo). A raíz de los atentados de París, en España se elevó el nivel de alerta terrorista y se dio orden de extremar la protección de varias decenas de infraestructuras críticas en todo el territorio nacional ante el temor de que alguien quisiera “emular” a los yihadistas de la capital gala.

Asimismo, se activó el equipo de emergencias informáticas del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio de Industria, ante la posibilidad de ser el blanco de ataques cibernéticos como el que registró el lunes el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses en su página oficial de Twitter.

Ya en el año 2000, Ayman al Zawahiri, por aquel entonces número dos de Al Qaeda, dijo que más de la mitad de la batalla que se estaba librando contra Occidente se desarrollaría “en la arena informática”. La proliferación de propaganda yihadista en la Red ha provocado que la práctica totalidad de los grupos terroristas tengan presencia en Internet, bien a través de páginas web, bien mediante perfiles propios abiertos en Facebook, Twitter u otros portales.

“En ocasiones indican que se trata de cuentas oficiales de la organización, otras veces dicen que son cuentas no oficiales y en otras no se dice nada, pero toda la información que se ofrece apoya concretamente a una determinada organización”, subrayó recientemente el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en sede parlamentaria.

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó al inicio de la legislatura la Estrategia de Seguridad Nacional, bajo el epígrafe Un proyecto compartido, en la que recoge los riesgos y amenazas del crimen organizado y el cibercrimen. A ello se añadió la Estrategia Específica de Ciberseguridad Nacional, que fue aprobada en diciembre de 2013. Más recientemente, el Gobierno fusionó en un solo organismo el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que hasta ese momento eran independientes.

Pero el mayor impulso se dará ahora con la batería de medidas que el Ejecutivo aprobará tras los atentados de París con el apoyo del PSOE. Además de las medidas a introducir en el Código Penal (ver recuadro bajo estas líneas), se pretende elaborar un plan contra la radicalización que sirva como “contranarrativa al relato del discurso yihadista que a través de las redes pretende incitar al odio, a la comisión de delitos y a reclutar, a la financiación y a la logística de organizaciones yihadistas”, en palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El Gobierno también propondrá regular seis aspectos dentro de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que hacen referencia a los procedimientos para la interceptación de las comunicaciones, agilizándolos en casos graves como los de terrorismo. También se regulará el acceso a los archivos de los operadores de servicio o el acceso ágil a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad.

Interceptar comunicaciones.

La intención del Ejecutivo es regular igualmente la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, así como los registros remotos sobre ordenadores, dispositivos electrónicos y otros sistemas informáticos. Para ello,  quiere mejorar la detección y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica si la investigación es por un caso de terrorismo. Es el aspecto polémico del plan antiyihadista porque el PSOE no quiere cruzar la línea de las comunicaciones sin autorización judicial. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha advertido que es inconstitucional, así que es difícil que prospere. Donde hay más espacio para el acuerdo es en dotar de cobertura legal a los ficheros de viajeros en aeropuertos, una propuesta paralizada desde 2010 por el Parlamento Europeo, pero a la que los atentados de París han dado una nueva dimensión, sobre todo desde los países que están a favor de esta medida, como es el caso de España.

“No es una medida de control de fronteras, sino que tiene por finalidad la prevención e investigación de eventuales delitos terroristas. Consiste en aportar unos datos a un banco de datos basados en perfiles de riesgo que, debidamente cruzados, establecen las garantías necesarias para prevenir e investigar un delito terrorista”, ha explicado el ministro del Interior. España contaría a finales de 2015 con toda la infraestructura tecnológica para ponerlo en marcha.