Las zonas oscuras del nuevo fútbol español
Accionistas con pasado turbio, dinero público en apoyo de clubes o la presencia de fondos de inversión con intereses en más de un equipo son asuntos a resolver en plena reforma del fútbol profesional en España.
El Gobierno está muy interesado en la entrada de inversores extranjeros para competir en igualdad financiera con otras ligas. También subraya la importancia del fútbol en la imagen de España. Pero hay casos que pueden enturbiar la buena imagen que se pretende trasladar. Un inversor ruso salpicado por la operación Malaya se hizo con el club de fútbol de Marbella. Sobre el que fuera presidente del Racing de Santander, Ali Syed, pesa una orden de búsqueda y captura en Bahrein, según alerta el presidente de la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (Fasfe), José Ángel Zalba (que ha sido presidente del Zaragoza y organizador del Mundial de España de 1982).
Sobre casos como los del Racing o el Marbella, el Consejo Superior de Deportes (CSD) dice que comprobará escrupulosamente que cumplen con los requisitos que se exigen a los accionistas de los clubes, más duros que los que se piden para las sociedades mercantiles normales.
Otro asunto delicado es que las normas no permiten la presencia del mismo inversor en el accionariado de más de un club, pero el Consejo Superior de Deportes solo pide una comprobación mediante una declaración, un certificado, del implicado, sin que se compruebe su veracidad en el Registro Mercantil, según ha sabido esta revista. Recientemente el Gobierno de la Comunidad Valenciana estuvo a punto de convertirse en accionista de varios clubes a la vez debido a la ejecución de avales de estos. El CSD, tras conocerlo por las noticias que aparecieron en la prensa, pidió una certificación que declarara que no había llegado a producirse ese hecho.
Saneamiento.
El Gobierno quiere regular el papel de los fondos de inversión para darles transparencia, aunque ve con buenos ojos que, gracias a la financiación que aportan a los clubes, ayuden a controlar sus presupuestos. En la actualidad los fondos pueden tener relaciones financieras (prestando dinero, por ejemplo) con varios clubes, o tener intereses en jugadores de diferentes clubes, lo que puede afectar a la imagen de limpieza de la competición.
El presidente del CSD, Miguel Cardenal, ha señalado, tajante, que no habrá más planes de saneamiento del fútbol, ni con dinero público ni con un incremento del dinero de las quinielas. Sin embargo, no están previstos cambios en las normas para evitar el apoyo del dinero de autonomías, ayuntamientos o diputaciones. Considera el CSD que tendrán que ser los votantes de estas zonas los que pidan cuentas a sus responsables políticos por dedicar fondos públicos a estos fines en plena crisis económica.
Los clubes acumulan una deuda total de 4.000 millones de euros, una deuda que ha crecido en una década un 360%, y sus gastos financieros, de 120 millones anuales en los clubes de primera, parecen insostenibles, aunque es verdad que los ingresos por derechos de televisión han crecido incluso más. Ahora se quiere reducir en 1.000 millones. Pero la situación económica ponía en peligro la supervivencia del fútbol profesional en España. El Gobierno consiguió un acuerdo con los clubes para reducir la deuda con Hacienda y Seguridad Social. Los acuerdos incluyen una comisión que realiza un control exhaustivo de las cuentas. Este no permite la inscripción de nuevos jugadores en la competición si el club no demuestra que es capaz de afrontar sus gastos.
El presidente de los pequeños accionistas, José Ángel Zalba, está “ilusionado” con la nueva línea señalada por el Consejo Superior de Deportes, que baraja que la forma jurídica de las sociedades anónimas deportivas (SAD) no sea obligatoria. Zalba cree que las SAD han sido “un fracaso total”, que ha conseguido “expropiar el fútbol a los aficionados” para ponerlo en manos de accionistas privados y que, al final, “tengan que poner dinero las comunidades autónomas, los ayuntamientos o las diputaciones” para salvarlos de la desaparición.
El Gobierno, por su parte, está interesado en la entrada de inversores extranjeros y, para ello, quiere acabar con la laxitud en la aplicación de las normas que había antes. Esta seguridad también ha sido reclamada recientemente por las empresas que tienen los derechos televisivos. Por eso también se considera que no debe extrañar que se liquiden sociedades anónimas deportivas con problemas económicos graves o que no se hagan trampas, como antes, en el desembolso total de las acciones, ya que antes hubo clubes a los que se admitió presentar un dinero que luego retiraban.
El fútbol español, como se puede comprobar en el reciente caso de Leo Messi, tiene aún abierta la herida de lo que pagan sus jugadores, sobre todo sus grandes estrellas, a Hacienda. El Gobierno anuncia que va a perseguir, con inspecciones de Hacienda, las prácticas de “ingeniería tributaria” para evitar el pago de impuestos, como la interposición de sociedades en Holanda o maniobrar con los derechos de imagen.
Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, defiende que se aclare la norma para que “incluya una cláusula antifraude clara”, que comprenda todos los ingresos de los jugadores. También cree que “la llamada Ley Beckham debería eliminarse”. Se trata de una norma que se creó a raíz del fichaje por el Real Madrid de este jugador por la que los jugadores extranjeros que jugaran en España podrían tributar como no residentes, un 24% en lugar de un 56%, durante los primeros seis años de residencia en España.


