Las empresas de la realeza

Los negocios privados han llevado a la infanta Cristina de Borbón a verse imputada en un caso judicial protagonizado por su marido, Iñaki Urdangarin, y a tener que declarar ante un juez. La relación de los miembros de familias reales y su círculo más cercano con empresas privadas es un asunto delicado, aunque en ocasiones, dentro y fuera de España, no hayan dado ningún problema.

Las infantas y sus maridos han realizado negocios y han tenido trabajos de distinta índole. La infanta Cristina se ha visto envuelta en el caso Urdangarin como propietaria de la mitad de la empresa Aizoon, involucrada en la canalización del dinero del Instituto Nóos. El juez José Castro intenta aclarar si la infanta fue responsable de los actos de la empresa.

Su hermana, la infanta Elena, abortó rápidamente una incursión en el mundo de los negocios, que comenzó con la sociedad Global Cinoscéfalos, de la que fue dueña de la totalidad de las acciones, y donde la acompañó su secretario, Carlos García Revenga, como administrador. Este se encuentra también imputado en el caso Urdangarin por el papel jugado en los negocios de los duques de Palma. La infanta Elena se hizo con esta empresa en noviembre de 2007, en las mismas fechas en las que se hacía pública su separación de Jaime de Marichalar y cuatro años después de que su hermana y su cuñado fundaran Aizoon.

A pesar de dejar inactiva casi inmediatamente Global Cinoscéfalos, la empresa no llegó a ser liquidada. Hacienda todavía requirió a esta sociedad en 2012 algunas deudas que mantenía con el fisco, unos 500 euros por no presentar cuentas y otra documentación. Curiosamente, en el caso Urdangarin, uno de los testigos señaló que la presencia de la infanta Cristina en la empresa tenía como objetivo servir como escudo ante Hacienda. Lo que ocurrió con Global Cinoscéfalos es significativo. En primer lugar, la decisión de la Casa Real de dar marcha atrás con esta sociedad no se tomó porque considerara que los miembros de la familia del Rey no pueden tener empresas, según quienes conocen aquella decisión. En segundo lugar, esta decisión no se concretó en la liquidación de la sociedad. No lo hicieron ni el propio administrador, Carlos García Revenga, ni los servicios jurídicos del Estado, que dan servicio a la Casa Real, ni el asesor jurídico de la Familia Real, José Manuel Romero, conde de Fontao. Romero, que no acaparó excesiva atención pública hasta que se conoció su papel de intermediario para que Iñaki Urdangarin recondujera sus actividades empresariales, tampoco conocía la existencia de Aizoon, según declaró ante el juez de este caso. El conde de Fontao tiene, además  de su despacho de abogados, presencia en varias empresas, entre las que destacan Explosivos Alaveses y Axon Capital e Inversiones.

Pero la infanta Elena ya había comenzado su actividad empresarial antes, como dueña de parte de las acciones de la guardería Micos, situada en uno de los mejores barrios del centro de Madrid. La sociedad nunca ha sufrido ninguna incidencia y en ella fue socia de la primera mujer y de dos hijos de Manuel Prado y Colón de Carvajal, quien fuera en su día uno de los hombres de confianza del Rey, antes de ser condenado en el que se conoció como caso KIO.

La presencia de miembros de la Familia Real puede ser fuente de problemas, como ha sucedido con la infanta Cristina en el caso Urdangarin. Expertos en la materia como Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, han defendido que los miembros de la Familia Real no corran este riesgo y se mantengan estrictamente de una dotación adecuada a través de los Presupuestos Generales del Estado.

La infanta Cristina, además de ser propietaria de la mitad de la empresa Aizoon, trabaja para la Fundación La Caixa. La Casa Real acaba de hacer público que no cobra nada de su presupuesto, ya que no asiste a actos oficiales, mientras que su hermana, la infanta Elena, cobrará 25.000 euros anuales como gastos de representación. De esta manera, la infanta Cristina tendrá que mantenerse solo de su trabajo, ya que la actividad de Aizoon ha quedado reducida a la nada.

Problemas para la Casa Real.

Pero la presencia en los negocios de otras personas relevantes en la Casa Real a veces ha traído problemas. Así  ha ocurrido con el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, sobre el que el juez del caso Urdangarin intenta aclarar si utilizó su cargo en La Zarzuela para beneficiar los negocios del marido de la infanta Cristina.

García Revenga, además, aparece también como consejero de la empresa Capcom International, dedicada al negocio de las telecomunicaciones e Internet. Quería comercializar un producto parecido al popular Skype y llegó a facturar unos ocho millones de euros anuales. La sociedad acaba de culminar un proceso de concurso de acreedores. En esta empresa acompañan a García Revenga algunas personas del círculo cercano a la Familia Real, como Felipe Rein Gómez Acebo, sobrino de la hermana del Rey, la infanta Pilar, o Laura Caprile, que fue compañera de colegio de la infanta Elena. En ese colegio, Santa María del Camino, trabajó como profesor García Revenga, y de ahí pasó a ser secretario de las infantas. García Revenga también tuvo otra empresa con su exesposa, Laucar Inversiones, actualmente inactiva.

En otros países europeos, los miembros de la realeza también mantienen una relación con los negocios más o menos pacífica. En Inglaterra, la presencia de la Familia Real en sociedades mercantiles es peculiar. La propia reina y el príncipe Carlos disfrutan de ingresos privados que se conocen con total transparencia, como son los que provienen de la explotación de las tierras de los condados de Lancaster y Cornwall. Además, el príncipe Carlos participa en la empresa Duchy Originals, que fabrica productos ecológicos, que dedica a la beneficencia. Un caso distinto fue el del príncipe Eduardo y su esposa, que tuvieron que elegir entre el negocio de una empresa de relaciones públicas o vivir estrictamente de la dotación real, la conocida como lista civil. Se decantaron por esto último.

Algo similar ocurrió en Noruega, donde la hija de los reyes renunció a sus títulos y dotación para dedicarse a los negocios (precisamente, lo contrario de lo que defiende en España el catedrático Torres del Moral). Cada país, además, tiene una política de transparencia informativa diferente sobre los asuntos económicos privados. En Dinamarca, por ejemplo, la Casa Real informa de las propiedades privadas de los reyes. En Holanda, por su parte, se prestó atención al pasado empresarial de la actual reina, Máxima Zorreguieta, de origen argentino, ya que una de las empresas en las que trabajó estuvo posteriormente investigada en un asunto relacionado con lavado de dinero. Finalmente, el dueño de la empresa quedó absuelto porque desconocía el uso que se hacía de la misma.

Volviendo a España, la actividad empresarial de Iñaki Urdangarin fue diferente de la que realizó Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena, que no fue dueño de ninguna empresa, sino que estuvo presente en los consejos de administración de algunas sociedades y en el patronato de varias  fundaciones. Los ingresos estimados que consiguió fueron de aproximadamente un millón de euros mientras fue marido de la infanta Elena. Tras su separación, Marichalar no ha variado mucho su situación económica y se mantiene en los consejos de administración o como asesor de las empresas Christian Dior, LVMH, Loewe, Art+Auction, Sociedad General Inmobiliaria y Waste Recycling Group.