La reforma del aborto enfadará a todos

A diestra y a siniestra. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afronta una reforma que tiene la “virtud” de que “enfadará a todos”, según resume un miembro del Ejecutivo ante una iniciativa que ha ido levantando ampollas en Moncloa, en el grupo parlamentario y en el Partido Popular. Eso entre los suyos. Enfrente se encontrará además, por distintos motivos, a la Iglesia y a las organizaciones abortistas, además de a colectivos tan activos como Femen.

Cambio de actitud.

Gallardón se planteó esta reforma como una vía para reconciliarse con los sectores más conservadores de su partido, que han visto en él ciertas “veleidades progresistas”. Así, mientras el PP recurría ante el Tribunal Constitucional la reforma del Código Civil que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, él andaba, como alcalde de Madrid, casando a parejas de homosexuales.

Pero con su llegada al Ministerio de Justicia optó por la ortodoxia, anunciando una reforma que endurecía, con mucho, la ley de supuestos del año 1985, de modo que cuestionaba de frente el tercer supuesto sobre malformación del feto, al tiempo que proponía la creación, por ejemplo, de comités clínicos públicos que supervisarían a aquellas mujeres que se acogieran al primer supuesto, referido a daños físicos o psicológicos para la madre. En el primer caso, Gallardón se parapetaba tras la Convención de la ONU de 2006 sobre los Derechos de Personas con Discapacidad que, a ojos de varios miembros del grupo parlamentario, “ha malinterpretado”, creando un gran revuelo “que solo es responsabilidad suya, pues el programa electoral es muy claro al respecto”, afirman desde la sede nacional de la calle Génova.

La crítica deja traslucir la existencia de no muy buenas relaciones entre el cuartel general de los populares y Gallardón. En Génova “hay una cierta decepción con el ministro, ya que no cuenta con el partido, no informa de lo que hace” y esto es tanto más grave en la medida en que cuestiones como el aborto provocan tsunamis que los dirigentes del PP necesitan contrarrestar de alguna manera. Pero en contra de lo que se dice desde el cuartel general popular, la verdad es que el programa con el que se presentaron a las últimas elecciones generales tenía el don de la inconcreción en este capítulo. Se limitaba a comentar que cambiarían “el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de los menores”. Por ello, Ruiz-Gallardón usó como guía el recurso de inconstitucionalidad que presentó su partido en junio de 2010 contra la Ley Aído, del que ahora nadie asume la paternidad.

La factura de la reforma.

El caso es que el ministro “se ha visto obligado a ir dando marcha atrás en sus primeras declaraciones sobre la ley de supuestos” y ha aceptado que las malformaciones del feto sean un argumento para poder abortar, lo que, sin duda, “alterará al sector más conservador del partido, con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a la cabeza” y otros que, como el embajador de España en el Reino Unido, Federico Trillo, o el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, han sido muy batalladores para limitar la ley del aborto. De hecho, Mayor Oreja llegó a reclamarle personalmente a Rajoy que no diera “un paso atrás en la defensa de la vida”. Junto a ellos están los sectores antiabortistas y la Iglesia, el ala derecha a la que Gallardón no logrará dar satisfacción.

Por el otro lado, las cosas tampoco pintan bien para el titular de Justicia, que correrá con el desgaste de una reforma en la que Sanidad “se ha puesto de perfil”, lamentan en el Ministerio. No se le puede negar la interlocución con las asociaciones de clínicas abortistas, que ha corrido a cargo del secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, que las ha vuelto a citar el día 2 de diciembre, pero la batalla y la contestación social a esta reforma, sin olvidar a las activistas de Femen, está más que servida y ese es uno de los motivos por el cual el ministro guardó la reforma en el cajón a la espera de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, le diera el plácet conforme a criterios de oportunidad política.

La marcha atrás del ministro en una cuestión tan delicada como la de las malformaciones del feto vendrá acompañada de algún tipo de contraprestación económica en el bien entendido de que, en una sociedad moderna, ninguna mujer debe verse abocada a la interrupción del embarazo por problemas socioeconómicos. Un 30% de las mujeres que abortan aluden a dichas dificultades, aunque otra cosa es que dejaran de interrumpir su embarazo en caso de recibir algún tipo de compensación fiscal o ayudas directas de la Administración. La intención inicial era acompañar la reforma del aborto de un plan de apoyo a la maternidad, que sí corresponde al Ministerio de Ana Mato, aunque la crisis se ha llevado por delante las mejores intenciones.