La guerra sucia del fútbol

El acuerdo sobre el reparto parecía un éxito. Los derechos audiovisuales, la mayor fuente de ingresos del fútbol español, iban a pasar de ser negociados por cada uno de los clubes a hacerlo de forma conjunta. Los clubes pequeños cobrarían así más. Entonces, los futbolistas y la Federación se plantaron. No se había contado con ellos. El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, lleva años con un plan para sanear las cuentas de los clubes de fútbol en el que se incluye una gran disciplina en el gasto, en adaptar los fichajes a los recursos económicos de cada club, en el pago de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social... Pero la asignatura pendiente eran los derechos audiovisuales, la principal vía de ingresos de los clubes. El Consejo Superior de Deportes se anduvo con pies de plomo a la hora de realizar el cambio. Sin embargo, este llegó a través de un decreto aprobado a pocas semanas de una convocatoria electoral. Cuando la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció la posibilidad de la huelga en una rueda de prensa en la que apoyaron con su presencia esta postura jugadores como Andrés Iniesta, Xavi Hernández o Íker Casillas, el Consejo Superior de Deportes explotó. Habló de “intereses espurios” que eran “a todas luces inconfesables”. Una amenaza de suspensión de los partidos cuando están en juego lideratos, descensos y ascensos en un momento en que el país se encuentra en pleno periodo electoral se convierte en una auténtica bomba. Para otros, un decreto sin contar con la AFE y que se aprobaba justo antes de la campaña electoral era una bomba de relojería. Los jugadores desvinculan esta huelga de otras reivindicaciones relacionadas con el trato fiscal que reciben sus ingresos, tal como habían señalado algunos medios de comunicación.

Ya se habían vivido antes en España varias de las conocidas como guerras del fútbol, desde que en los años ochenta del pasado siglo se desataran las primeras, protagonizadas por las cadenas de televisión autonómicas y, luego, por la irrupción de las televisiones privadas. La lucha por los derechos audiovisuales del fútbol ha sido clave para la supervivencia e incluso el motivo del nacimiento de alguno de estos canales. Para los clubes, los derechos se han convertido en su principal fuente de ingresos. Según los datos del último balance de la situación económico-financiera del fútbol español, realizado por el Consejo Superior de Deportes, los derechos de televisión son la principal fuente de ingresos: están ya cerca de los 800 millones de euros anuales frente a los aproximadamente 500 de los que provienen de la taquilla y los abonados. La crisis económica afecta en mayor medida a la evolución de los ingresos por publicidad y esponsorización, que rondan los 400 millones de euros anuales y que se han estancado en los últimos ejercicios. Lo mismo ha ocurrido algunos años con lo que entra en sus arcas proviniente de las taquillas, mientras que los ingresos por los derechos audiovisuales no han hecho más que crecer casi sin excepciones, hasta llegar a triplicar la cifra que se ingresaba en el año 2000.

Impuestos. En cuanto a los problemas de los futbolistas con los impuestos, entre los jugadores se ha criticado la actuación de la Agencia Tributaria, que ha revisado con lupa el uso de sociedades para gestionar sus derechos de imagen, entre otros elementos referidos a la tributación de los ingresos de estos deportistas. Hace tiempo que el Gobierno anunció que perseguiría las prácticas de ingeniería tributaria para pagar menos al fisco, como la interposición de sociedades en paraísos fiscales. Aunque la normativa señala que solo podrán considerarse como derechos de imagen (y por lo tanto tributar menos que como rentas del trabajo) el 15% del total del dinero que reciben, los inspectores de Hacienda creen que la normativa debe ser más clara, para que sus preceptos afecten a todos los ingresos de los jugadores y permitan la persecución de las prácticas para pagar menos impuestos. Aún había otros aspectos controvertidos, como el tratamiento del dinero que se paga a los representantes de los jugadores. Estos intentan no tener que cargar con los impuestos de unos pagos de los que se hace cargo el club, pero que, como son una prestación que recibe el futbolista, es este quien debe satisfacer los impuestos como, por ejemplo, el IVA.

Al final, el conflicto sobre el reparto de los derechos audiovisuales ha minado el plan del Gobierno para controlar las finanzas del fútbol español. El Ejecutivo pretendía, en primer lugar, que se desterrara la idea de que podían ponerse en práctica planes de saneamiento, como en el pasado, que supusieran elevadas quitas a la deuda que mantenían con Hacienda y la Seguridad Social. Tras la mejora de la salud financiera del sector el Ejecutivo quería impulsar esta industria. Los inversores que se reunían con el Gobierno querían, sobre todo, reglas claras y estabilidad. Los derechos audiovisuales, otra vez, no permiten que se consiga.