La fase política de la jueza del caso ERE

La jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE en Andalucía, ha dado el primer paso que salpica oficialmente a los máximos responsables políticos de la Junta de Andalucía, encabezados por los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la época en la que se concedieron las ayudas para los afectados por despidos en sus empresas. Alaya les ha comunicado oficialmente que la investigación judicial de este caso existe, para que decidan si se personan en ella o si quieren declarar voluntariamente. Este sería el paso previo antes de, previsiblemente, remitir el caso al Tribunal Supremo. Chaves, por ejemplo, es diputado y goza de este aforamiento.

La jueza transmite la hipótesis en la que trabaja. Apunta en su auto judicial a la Junta de Andalucía en su conjunto y considera que hubo, supuestamente, una elaboración del presupuesto orientada a “eludir el cumplimiento de la ley de subvenciones, que sujetaba el procedimiento a estrictos trámites y los controles de la intervención”. Por ejemplo, la jueza encuentra indicios de modificaciones presupuestarias que permitieron el uso ilícito de fondos públicos. Alaya habla de utilización “palmariamente irregular” de modificaciones presupuestarias y de la creación de una “partida fraudulenta” en estas cuentas públicas.

Aforados.

En cualquier caso, la decisión de la jueza Mercedes Alaya de comunicar a los máximos responsables políticos que existe esta investigación no tiene que suponer que esté cerca el momento en que remita el caso al Tribunal Supremo con los indicios que pueda haber encontrado sobre estos aforados. La propia jueza señala que algunas de las actuaciones que ha ordenado y que no han concluido tienen relevancia respecto a los altos cargos a los que ahora señala, como Griñán y Chaves. Entre ellas están informes de seguimiento de empresas y también las próximas declaraciones que ha ordenado sobre la gestión del presupuesto de la Junta.

La posibilidad de que la cúpula política de la Junta de Andalucía se viera implicada judicialmente en el caso de corrupción más importante que afecta al PSOE era la espada de Damocles que esta formación tenía sobre su cabeza. Griñán y Chaves, además de expresidentes de la Junta, son el actual y anterior presidentes del Partido Socialista.

La decisión que ha adoptado la jueza es algo especial. En el auto en el que comunica los hechos a los anteriores responsables políticos en la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya avisa de que las investigaciones y declaraciones que están en marcha entran ya en el terreno de la gestión y ejecución de los presupuestos de esa comunidad autónoma. Según Alaya, la instrucción judicial está “entrando de lleno en la vertiente política de los hechos”. El caso de los ERE investiga el presunto desvío de fondos dedicados a los afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) en empresas, lo que supondría que se cometieron presuntos delitos de prevaricación y malversación, según la jueza del caso.

La decisión de comunicar a los diputados afectados por este caso judicial la investigación que se lleva a cabo no es habitual. A veces los cargos políticos implicados en casos judiciales solicitan prestar declaración porque han tenido noticias de estos a través de la prensa, pero los jueces no suelen realizar el trámite que ahora decide Mercedes Alaya.

El auto se conoció tras la toma de posesión del nuevo Ejecutivo andaluz, presidido por Susana Díaz, la sucesora de José Antonio Griñán, que dimitió a finales de agosto. La jueza explica en su auto que legalmente no puede imputar a personas aforadas pero, de forma contradictoria, al final del mismo ordena transmitir a estos aforados las actuaciones “en calidad de imputados”, lo que ha provocado que la fiscalía coloque su lupa sobre la legalidad de esta decisión.

Carga incriminatoria.

Alaya no señala aún cuáles son los indicios contra estos cargos, sino que anuncia que la investigación puede contener “cierta carga incriminatoria”, que no detalla. Según su interpretación de las leyes, los responsables políticos que ahora señala se encontrarían en una situación igual a la de un denunciado o querellado sobre unos hechos en los que el juez aún no se ha pronunciado antes de la imputación.

Además de a Chaves y Griñán, la jueza comunica los hechos también a José Antonio Viera y Manuel Recio, exconsejeros de Empleo; Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Economía y Hacienda; Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación; y Antonio Ávila, que ocupó varios altos cargos en la Junta de Andalucía, todos aforados. Recientemente la jueza decidió una de las imputaciones con más peso político del caso, como fue la de la exconsejera de Economía y Hacienda, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez.

El punto clave sobre el que pivota la posible responsabilidad de los dirigentes políticos de la Junta, comenzando por el expresidente José Antonio Griñán, es si el hecho de que no hicieran caso de las discrepancias que señaló la Intervención en 2005 les incrimina. Las que realizó en 2010 sí fueron asumidas por la Junta que, además, se presentó como acusación en el caso. El interventor general de la Junta también se encuentra imputado en el caso.

Los argumentos que contrapone Griñán se basan en que la Intervención discrepa cientos de veces de procedimientos administrativos y que el hecho de no estar de acuerdo con ese criterio no significa que exista ninguna complicidad con irregularidades. Además, Griñán subraya que la Intervención no detectó el fraude que luego se destapó, sino que el procedimiento de concesión de estas subvenciones no tenía amparo legal.

El caso de los ERE nació cuando la jueza Alaya encontró, en la investigación de otro caso, el de Mercasevilla, que la Junta de Andalucía concedía ayudas para los afectados por los expedientes de regulación de empleo con presuntas comisiones ilegales millonarias de por medio y con la aparición de personas a las que no les correspondía su inclusión en las ayudas. La cantidad supuestamente malversada sería de unos 140 millones de euros.

Principales implicados.

Los principales implicados han sido hasta ahora el exdirector general de Empleo, Javier Guerrero y el exsindicalista de la UGT Juan Lanzas, aunque existen más cargos de la Junta imputados, además de los responsables de las aseguradoras Vitalia y Uniter, que cobraron comisiones muy por encima de las del mercado por su participación en la tramitación de los expedientes laborales de las empresas en crisis.

Además del negocio que supuso el manejo de las subvenciones para las prejubilaciones de las empresas en crisis, la investigación ha sacado a la luz el retrato del principal responsable de las ayudas. Según el testimonio prestado por el chófer de Guerrero, este habría gastado grandes cantidades de dinero público en cocaína para su consumo. El chófer llegó incluso a confesar haber cobrado él mismo más de 6.000 euros por un informe sobre uno de los más importantes expedientes de regulación de empleo de Andalucía, el de Delphi, copiado de Internet. En este ERE perdieron su empleo 1.800 trabajadores de esta empresa de componentes de automoción en Cádiz, una provincia que hoy soporta un nivel de paro superior al 40%, según la Encuesta de Población Activa.

En el desvío de los fondos participaron hombres de paja de Juan Lanzas, que habría acumulado 13 millones de euros como fruto de su actividad de intermediario. También jugó un papel importante la aseguradora Vitalia, cuyos directivos fueron detenidos en la llamada operación Heracles. Esta operación, según la jueza Mercedes Alaya, estaba orientada a identificar a los “verdaderos beneficiados” de la presunta malversación de fondos públicos como intermediadora en las ayudas. Alaya señaló que el dinero recibido por Vitalia le permitió sobornar a altos cargos de la Junta, aunque solo acredita los pagos que realizó al exdirector general de Empleo Francisco Javier  Guerrero. La intrincada red de relaciones y contactos se completaba con los pagos que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras recibieron a través de sus corredurías de seguros.