La carta de clemencia que Franco no atendió

Yo confío en vuestro amor por el prójimo”. Así apelaba la madre de José Luis Sánchez-Bravo Sollas al dictador Francisco Franco para intentar salvar la vida de su hijo al día siguiente de su condena a muerte. Franco no tuvo la piedad que le suplicaron en esa misiva y no concedió su indulto. Nueve días más tarde, Sánchez-Bravo cayó fusilado junto con otros cuatro condenados más a la pena capital.

Las cartas en las que los familiares de cuatro de los once condenados piden la medida de gracia a Franco se conservan entre los papeles de su archivo personal, depositados en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Tres de ellos fueron finalmente indultados. La petición que no atendió el dictador es seguramente la más trágica, pero no le hizo cambiar de opinión.

“Suplico a V.E. perdón y clemencia”, comenzaba su escrito la madre de Sánchez-Bravo. En la carta se recuerda que el condenado tiene solo 21 años de edad y a continuación se relata una durísima situación familiar, en la que la madre relata los graves problemas de salud que padecen sus hijos. Esta madre de cinco hijos relata que “tres de ellos están (sic) enfermos mentales” ya que padecen esquizofrenia. También añade que su hija “al enterarse de la noticia de su hermano se tiró de la ventana de un sexto piso, estando ahora ingresada en un centro psiquiátrico con los otros tres hermanos”. La madre de Sánchez-Bravo se muestra “desesperada” y expone a Franco que el condenado a muerte “tiene que ver con la misma enfermedad mental de mis otros hijos”. El último párrafo suplica: “Pide clemencia una madre que se encuentra sola sin nadie que le valga”. La carta termina con una frase que resume el poder omnímodo de Franco: “La vida de mi hijo la dejo en sus manos”. Franco no atendió la súplica y José Luis Sánchez-Bravo Sollas fue ejecutado el 27 de septiembre de 1975.

En el archivo privado de Franco se encuentran también las peticiones de indulto que hicieron llegar al dictador los familiares de Concepción Tristán y María Jesús Dasca, ambas embarazadas, y Manuel Cañaveras, que sí fueron indultados.

“Yo asistí junto con mi esposa y mis demás hijos al juicio. Hágase cargo del espectáculo de ver a mi hija negando absolutamente todo lo que se le acusaba, sin defensor a su favor, llorando cuando volvió la cabeza y nos vio allí, viéndose abandonada y sin fuerza”. Este párrafo describe las imágenes de este juicio histórico bajo el punto de vista del padre de la condenada a muerte María Jesús Dasca. De nuevo se trata de una persona muy joven, de 20 años, con lo que los familiares señalan que debido a esto “no es posible que le hagan recargar con una responsabilidad tan grave”.

La familia se hace valer al calificarse como “trabajadora, siempre adictos a todas sus leyes y mandatos, trabajando y criando a nuestros hijos” y presentan como atenuante que “si un día se llevaron a mi hija pequeña sin saber quiénes ni por qué y le inculcaron otras ideas siendo aún una niña de 16 años, si la metieron en otras ideas, yo creo que ni mi hija sabía lo que hacía”.

La carta a Franco apela también a su cualidad de padre. “Póngase en nuestro lugar –dice la misiva– para comprender este inmenso dolor que nos acongoja”, debido a que “nuestras propias autoridades le quiten la vida a esta hija”. Unos párrafos antes ya habían expresado el ruego de que “no hagan que unas familias españolas tengamos que guardar rencor a nuestros superiores”. Los padres de María Jesús Dasca también exponen que sea Dios quien decida sobre la vida de su hija, “pero cuando Él quiera” y no cuando lo decidan sumarios judiciales. “Nunca somos perfectos ni podemos saber que otra persona es merecedora de tal fin”, señala la familia antes de pedir que se le conmute la pena.

La familia de Concepción Tristán había pasado por el dolor de la muerte de la madre hacía nueve meses. La condenada a muerte también estaba embarazada, y era joven, 21 años. Los familiares hacen valer estas circunstancias y la repercusión que podría tener la condena en el nacimiento del niño. Temen que “pudiera nacer con defectos físicos o mentales, además de que en el futuro podría afectar al niño al criarse a falta de amor y el cariño de la madre (ese amor que solo una madre puede dar)”. La decisión está en manos de Franco. La familia termina apelando a la conciencia del dictador, del que esperan “su bondad infinita”.

La madre de Manuel Cañaveras también subraya la juventud de su hijo. Con 20 años, subraya que “no es consciente de sus actos”. En la carta que hizo llegar a Franco, utiliza argumentos que no fueron manejados por otras familias, como el de poner en duda las garantías del proceso judicial: “Prácticamente no han podido defenderse en el Consejo de Guerra, ya que todo ha sido tan rápido que no ha dado tiempo a reaccionar”.

Esta carta apela también a los sentimientos del dictador al hacerle ver “con nuestra mayor humildad y sencillez que tiene la vida de mi hijo en sus manos”. Los familiares, a diferencia de otras cartas, niegan las acusaciones al exponer: “Le puedo asegurar que mi hijo no ha sido en ningún momento ni en idea ni en acto el autor de los hechos que le han acusado”.

Como todas las familias, apelan a la empatía del hombre que tenía la última palabra sobre la vida de sus hijos: “Supongo que como padre se dará cuenta del sufrimiento en estos momentos”.

LA ÚLTIMA PÁGINA NEGRA DEL FRANQUISMO

por Antonio Rodríguez

Los fusilamientos de 1975 fueron el último estertor de un régimen acosado dentro y fuera de españa.

En septiembre de 1975, dos meses antes de que muriese el general Francisco Franco, se produjeron los últimos fusilamientos en España. Las ejecuciones ya habían desaparecido por aquel entonces de la Europa occidental, pero el régimen se agarró a ellas para dar un castigo ejemplarizante y mostrar firmeza. En realidad, fue su último estertor. La oposición interna llevaba varios meses poniendo en jaque al régimen con sus prolongadas manifestaciones. Hasta algunos militares se habían asociado clandestinamente en la Unión Militar Democrática (UMD) en su sueño por imitar la Revolución de los claveles, que había triunfado un año antes en Portugal poniendo fin a la dictadura de Oliveira Salazar. A este panorama interno en España se unió un terrorismo como no se había visto hasta entonces en el franquismo.

Para muchos estaba próxima la desaparición física del dictador, que no de su entramado político, pues estaba bien atado a esas alturas de 1975. Así las cosas, desde las estructuras más inmovilistas del régimen se quiso responder con un duro escarmiento contra aquellos que atentaban ciegamente. La cuenta atrás para las ejecuciones empezó el 26 de agosto, cuando el Consejo de Ministros aprobó una ley antiterrorista mucho más severa que la anterior y que contenía como principal novedad la introducción del carácter retroactivo. ¿Qué llevó al régimen a conculcar uno de los principios básicos del Derecho Penal, algo que hasta entonces había evitado?

La actividad terrorista se había incrementado de forma dramática desde 1973. En ese lapso de dos años, ETA había asesinado a más de 40 personas. Y no estaba sola, pues había surgido el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), el brazo armado del llamado Partido Comunista de España marxista-leninista (PCE m-l), una escisión del PCE que no comulgaba con la reconciliación nacional y la llegada al poder por vías pacíficas que pregonaba Santiago Carrillo. El FRAP defendía la lucha armada contra la dictadura y desde su constitución, a finales de 1973, había matado a cinco miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Nada más aprobarse la citada ley, el Gobierno decide que la Justicia militar asuma los expedientes de varios atentados de ETA y los FRAP que están siendo instruidos y que se juzguen mediante consejos de guerra sumarísimos. En este tipo de juicios no hay un mínimo de garantías procesales: las vistas apenas duran unas horas y las deliberaciones, en ocasiones minutos.

Todos los expedientes que se van a juzgar son anteriores a la entrada en vigor de la citada ley antiterrorista. Era el caso del atentado de ETA en Azpeitia en abril de 1974 en el que murió el guardia civil Gregorio Posadas. En agosto de ese año detienen al etarra José Antonio Garmendia como autor del atentado, pero en su detención se produce un tiroteo y resulta gravemente herido. Tras varias semanas en coma, queda en prisión muy disminuido física y mentalmente. Poco después es detenido Ángel Otaegui, acusado de “colaboración necesaria” al haber acogido a etarras que huían de la persecución policial.

El segundo atentado de ETA que se va a juzgar se había producido el 6 de junio de 1975. El policía Ovidio Díaz fallece durante un atraco a una sucursal del Banco Santander en Barcelona y a los pocos días es detenido Jon Paredes Manot, Txiki, que estaba organizando una estructura de la banda en la Ciudad Condal. Ingresa en la cárcel Modelo y desde el primer momento intuye su destino, ya que le encierran en la misma celda en la que había estado el anarquista Salvador Puig Antich antes de ser ajusticiado mediante garrote vil en 1974.

Por lo que respecta al FRAP, este grupo terrorista mata el 14 de julio de 1975 al oficial Lucio Rodríguez Marín y el 16 de agosto, al teniente Antonio Pose. Ambas acciones se producen en Madrid. La Policía detiene ese verano a un centenar de personas ligadas al FRAP y el Gobierno pone en marcha los consejos de guerra sumarísimos como castigo ejemplarizante. El primer consejo de guerra es el de Azpeitia y se juzga en Burgos el 28 de agosto. Comparecen Garmendia, muy disminuido por el tiroteo en su detención, como autor material, y Otaegui, considerado cooperador necesario. Para ambos se solicita la pena de muerte.

Los siguientes juicios son contra los miembros del FRAP y se fijan para el 17 de septiembre en el acuartelamiento madrileño de El Goloso. Los fiscales militares solicitan ocho penas de muerte por los dos atentados de Madrid. Mientras, los abogados defensores, todos contrarios al terrorismo pero también a la pena de muerte, solo tienen cuatro horas para preparar la defensa y deciden no presentar escritos para unos juicios que consideran una farsa. Su única arma legal es recurrir a viva voz la aplicación de la ley antiterrorista que había entrado en vigor después de los hechos que se iban a juzgar, pero son expulsados de la sala pistola en mano tras varias advertencias.

El último de los juicios se celebra en Barcelona el 19 de septiembre con un único acusado, Jon Paredes Manot, Txiki, quien reconoció su pertenencia a ETA, pero no la autoría del atentado. No se admitieron pruebas de la defensa como un informe balístico o la declaración de varios testigos. El consejo de guerra duró dos horas y las deliberaciones, aún menos.

Las once condenas de muerte son enviadas entonces al Consejo de Ministros, que las estudia el 26 de septiembre en medio de una fuerte presión internacional. En Suecia, el primer ministro socialista, Olof Palme, sale a la calle con una hucha pidiendo dinero para los familiares de los condenados. Desde el Vaticano, el papa Pablo VI solicita clemencia por escrito, como se hace también desde varias capitales europeas e instituciones como la Comunidad Económica Europea (CEE), con la que España está negociando un ventajoso acuerdo comercial.

El Gobierno de Franco conmuta la pena capital por reclusión a seis de los condenados: el etarra Garmendia y cinco miembros del FRAP, entre ellos dos mujeres embarazadas –Concepción Tristán y María Jesús Dasca–. Para los restantes cinco –Otaegui, Txiki, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz y José Humberto Baena Alonso–, desde El Pardo llegó la fatídica “E” de “enterado” y que significaba la luz verde para proceder a las ejecuciones al día siguiente.

Los titulares de la prensa española proclamaron la generosidad del régimen por haber indultado a seis de los once condenados. Los medios oficiales titularon “Hubo clemencia”, sin que se oyera una palabra disonante dentro del país.El régimen optó de esta forma por una fórmula intermedia entre la firmeza en la lucha contra el terrorismo y la magnanimidad que se pedía especialmente desde el extranjero. La presión internacional había surtido efecto en 1970 tras el llamado Proceso de Burgos contra 11 miembros de ETA, a quienes se les conmutó la ejecución por penas de cárcel.

Pero en 1975 las tornas habían cambiado y ese 26 de septiembre había al menos un condenado por cada asesinato. Franco se va a la cama dando la orden de que no le despierten. Y en El Pardo se cumplen a rajatabla sus indicaciones ya que nadie le avisa de que Pablo VI le ha llamado por teléfono a las 4 de la madrugada para pedirle clemencia. Esa mismo noche, Baena Alonso escribe desde la cárcel de Carabanchel la última carta a su familia: “Papá, mamá: me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero pero la vida sigue. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos, para ver la muerte de frente. Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo. Pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. ¡Mala suerte! Una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven pero estoy contento y convencido”.

La primera de las ejecuciones es la de Otaegui, a las 08.30 horas, en un campo de tiro de Villalón (Burgos). Ningún familiar le pudo acompañar. Recibió seis tiros y uno de gracia. Por su parte, Txiki pasa las últimas horas en la Modelo junto a su hermano y dos abogados. Antes de morir dejó en manos de un notario un testamento político dirigido al pueblo vasco y unos versos que él pretendía que fueran proféticos: “Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad”. A Txiki le trasladan a un bosque cercano al cementerio de Cerdanyola y a las 08.45, mientras entona el Eusko gudariak (el himno del soldado vasco) y da vivas a ETA, voluntarios de la Guardia Civil le fusilan con una particularidad: no disparan de una vez, con la típica ráfaga de un piquete de ejecución, sino tiro a tiro, hasta un total de doce, con el postrero de gracia.

En Madrid, a las 07.30 se pone en marcha la comitiva que va a llevar a los condenados del FRAP desde la cárcel de Carabanchel al cuartel militar de Hoyo de Manzanares. Los tres reos mueren por separado en el campo de tiro sin testigos, pese a ser una “ejecución pública” según la ley vigente. Sus abogados y familiares solo pueden oír los disparos desde las vallas del acuartelamiento: primero los tiros de fusil y luego los de gracia.

A continuación son enterrados en el cementerio de esta localidad madrileña con una macabra escena que relatan los escasos civiles allí presentes: las tres fosas habían sido excavadas esa misma mañana y los féretros fueron apilados sobre los montículos de tierra, lo que hizo que la sangre empezase a rebosar por las esquinas antes de darles sepultura.

En España no se produjeron manifestaciones de condena, más allá de la tensión que hubo en los funerales, pero en varias capitales europeas se extendió un enorme clamor contra el régimen de Franco. Hubo movilizaciones masivas en Italia, Francia y el Reino Unido. La embajada española en Lisboa fue incendiada por cientos de manifestantes y un total de 16 embajadores y representantes comerciales salieron de España en señal de protesta. El Gobierno de México pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para que se debatiese la expulsión de España de este organismo y Pablo VI condenó públicamente los fusilamientos en su homilía del domingo.

Ante la condena internacional, el régimen convocó una manifestación de adhesión al caudillo en la plaza de Oriente de Madrid. Fue el 1 de octubre, la última vez que se vio con vida a Franco, quien a duras penas y con signos evidentes de Parkinson dijo con un hilo de voz: “Todo lo que en España y Europa se ha armado obedece a una conspiración masónico-izquierdista, en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece”. Fueron sus últimas palabras en público. Franco cae enfermo el 12 de octubre y comienza su agonía hasta su fallecimiento el 20 de noviembre. Si las ejecuciones se hubieran postergado unas semanas, seguramente hubieran quedado en suspenso pues nadie en su nombre hubiera dado la “E” de “enterado”.

En julio de 1977, la amnistía dejó en libertad a todos los presos políticos, inclusive a los de ETA y el FRAP, organización que se disolvió ese mismo año, y en 1978 quedó abolida la pena de muerte en la Constitución. Al final, se cumplió el deseo de Baena Alonso.