Inés del Río y 135 etarras más

Incómodo, preocupado... tenso. Era la recepción del 12 de Octubre en el Palacio Real y en el semblante del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se podía adivinar que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, sobre el caso de Inés del Río iba a ser un varapalo para España.

El Gobierno ya sabía en esos momentos que una mayoría de jueces de Estrasburgo iba a tumbar la doctrina Parot. Faltaba por conocer el contenido de la sentencia, la esperanza de la letra pequeña a la que agarrarse para arrimar el ascua a su sardina. “Saldrá [la sentencia] más pronto que tarde”, repitió el ministro a cada uno de los invitados que se le acercaba preguntándole por lo mismo. Pero en sus ojos se vislumbraba el pesar de la derrota.

En el Ministerio del Interior ya estaban preparados para lo peor. “Si hay una sentencia contraria a la doctrina Parot, en tres días van a salir todos los etarras que tienen que salir. La Audiencia Nacional no creo que ponga trabas”, adelantó a esta revista un alto cargo.

El Ejecutivo, además, no podía hacer nada si el TEDH tumbaba la interpretación jurídica que el Supremo hizo en 2006 para impedir que los presos con largas penas de cárcel redujesen sus condenas en un tercio, gracias a los beneficios penitenciarios del Código Penal que estuvo vigente entre 1973 y 1995. “No es el Estado el que debe acatar la sentencia”, subrayó la misma fuente tras conocer el veredicto de Estrasburgo. “No depende de nosotros. Está en manos de la Justicia: la Audiencia Nacional para el caso de terrorismo y los tribunales ordinarios para los delincuentes comunes”, sentenció.

¿Qué margen de maniobra tiene entonces el Ministerio del Interior? Lo único que puede hacer es impedir actos de exaltación del terrorismo cuando los etarras liberados vuelvan a sus pueblos del País Vasco y Navarra, y hacer que los 30.000 euros que el Estado tiene que pagar a Inés del Río por daños morales se descuenten de las indemnizaciones que esta debe entregar aún a sus víctimas en concepto de responsabilidad civil.

La propia Audiencia Nacional le preparó el terreno al bloquear esa cantidad económica, tras una petición de la Fiscalía en este sentido, y determinar que ese dinero se destinará “al pago de las responsabilidades civiles decretadas a favor de las víctimas”, e incluso al derecho de subrogación del Estado.

“La resolución es clara”.

La excarcelación de la reclusa, condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, fue ordenada por los 17 magistrados de la Sala de lo Penal en un auto de respuesta al dictamen de la Corte Europea que no incluía subterfugios. “La resolución es clara y concluyente: incumbe al Estado asegurar la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve posible, ya que se encuentra privada irregularmente de libertad”, argumentaron los jueces españoles.

No hay más salidas alternativas contra una sentencia europea que es inapelable, de ahí que en el entorno del ministro Fernández Díaz haya causado sorpresa la reacción de algunas asociaciones de víctimas que han amenazado con manifestaciones en la calle si el Gobierno acataba el dictamen del TEDH. La primera de ellas se producirá este domingo y la han convocado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Voces contra el Terrorismo.

El único consuelo para el Ejecutivo popular es que las excarcelaciones de presos etarras serán escalonadas si la Audiencia Nacional revisa las reclamaciones caso por caso. En la actualidad hay 61 condenados de ETA que se podrían beneficiar de la sentencia de Estrasburgo a corto plazo, en un periodo máximo de uno o dos meses, según datos de Interior.

Todos ellos son presos a los que, al igual que a Inés del Río, se les aplicó en su momento la doctrina Parot. El último en entrar en esta lista fue Gabriel Urizar Murgoitio, condenado a finales de los años ochenta por varios asesinatos, entre ellos el del niño José María Piris, de 13 años, en marzo de 1980. Con la doctrina Parot iba a prolongar su estancia en prisión hasta septiembre de 2016, pero tras el fallo del TEDH saldrá a la calle en enero de 2014.

A este grupo de 61 presos se une otro de 75 que podrán beneficiarse por lo mismo en los próximos años, una vez que la doctrina Parot no les alcanzará por sus crímenes anteriores al cambio normativo de 1995. Ambas cifras suman 136, lo que equivale al 30% de los miembros de ETA que están encarcelados en España en la actualidad: 469 en total (ver gráfico).

Además, según Etxerat –la asociación de apoyo al colectivo de presos etarras–, un total de 22 excarcelados en los últimos años estuvieron más tiempo del debido en prisión, ya que se les alargó su tiempo de condena con la aplicación de la doctrina Parot (a la que ellos se refieren como “197/2006” para no identificarla con el terrorista Henri Parot).

Queda por ver, igualmente, si los etarras encarcelados en España pondrán fin a los ayunos que hacían colectivamente el penúltimo viernes de cada mes para denunciar la doctrina Parot. Una protesta un tanto sui géneris, según advirtió Instituciones Penitenciarias, puesto que los huelguistas ingerían en sus celdas los alimentos que habían comprado previamente en el economato de la prisión o que les habían llevado sus familiares a la cárcel.

Las cadenas perpetuas en Francia.

La sentencia del TEDH no tendrá ninguna consecuencia en el país vecino, donde no hay un máximo de años que limite el cumplimiento de la condena. Si bien existe la cadena perpetua, un preso puede solicitar la libertad condicional a partir de los 15 años y tantas veces como quiera. Un juez de aplicación de penas es el que acepta o deniega las solicitudes.

Actualmente hay cuatro presos de ETA condenados a perpetuidad en Francia: Jakes Esnal, Frederik Haranburu, Ion Kepa Parot (hermano de Henri Parot) y Mikel Carrera, alias Ata. Los tres primeros llevan 23 años en prisión, mientras que Ata fue condenado en abril a cadena perpetua, con 22 años de cumplimiento mínimo, por el crimen de Capbretón en 2007, en el que murieron acribillados los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero.