Hepatitis C: cura cara y controvertida

En la última semana, la carrera contrarreloj en la que se ha convertido el tratamiento de enfermos de hepatitis C ha entrado en una fase de espera, a pesar de que el paso del tiempo es clave en la primera protesta en España para exigir un tratamiento médico, el llamado Sovaldi, con un tasa de curación de hasta el 90%. “La cuestión es que tenemos un sistema de salud pública excelente y la gente no está acostumbrada a que haya un medicamento y no pueda acceder a él”, dice el secretario de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), José Luis Calleja.

Esta semana empezaron a contar las tres semanas que tardarán los expertos reunidos por Sanidad para detallar el número de enfermos y su gravedad. Los nervios de estos siguen a flor de piel porque tanto ellos como las sociedades científicas consideran insuficientes los 5.000 o 6.000 tratamientos que el Gobierno se ha comprometido a pagar entre quienes estén en situación más crítica. Calculan que hay unos 900.000 afectados por una enfermedad que provoca unas 10.000 muertes al año. La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C calcula que hay entre 45.000 y 50.000 personas en estado grave y exige 800 millones de los Presupuestos de 2015 para pagar los medicamentos de última generación. La AEEH exige un plan que trate con rapidez a los enfermos más críticos. Si, tras esto, el resto de enfermos tiene un “tratamiento progresivo”, sería más “entendible”, dice Calleja.

Las protestas que estallaron a finales de 2014 llevaban gestándose todo el año, ante la inminente aparición de un nuevo fármaco, con tasas de curación del 90%. Dio sus primeros coletazos cuando en junio la UE descartó, con la abstención de España, unirse para negociar el precio con el laboratorio, como defendía Francia. Las movilizaciones se incrementaron en septiembre cuando, una vez aprobado el fármaco por las autoridades sanitarias europeas, el tratamiento seguía sin llegar a los pacientes. Entonces se creó la Plataforma de Afectados, que ha organizado concentraciones, marchas hasta La Moncloa y algunos de cuyos miembros permanecen encerrados en el hospital Doce de Octubre desde mitad de diciembre. En la misma semana en la que los expertos reunidos por Sanidad empezaron a trabajar, han aplazado la demanda que ultiman contra Ana Mato por no facilitar el tratamiento. Por su parte, la AEEH, integrada por médicos especialistas de toda España y que lleva meses pidiendo el tratamiento para sus pacientes, reconoce el “máximo prestigio” del presidente del grupo de expertos, el doctor Joan Rodés, pero cree que la ausencia del nuevo tratamiento contra la hepatitis C es un asunto “puramente” económico y si la conclusión de los expertos no se acompaña de una partida presupuestaria, no valdrá para mucho. Solo con dotación, dice Calleja, “será un buen documento y además, eficaz”.

No parece, sin embargo, que el texto vaya a incluir una cifra de lo que el Gobierno o las comunidades gastarán en el nuevo fármaco. Fuentes de Sanidad recuerdan que el pago por los tratamientos es competencia de las comunidades, que tienen la “obligación” de pagar el precio que acuerde el ministerio con cada laboratorio. Aquí aparecen las estrechas posibilidades de los presupuestos sanitarios autonómicos, con unas cuentas monitorizadas por Hacienda para cumplir el objetivo de déficit. En Sanidad apuntan que, de una forma u otra, todos los Gobiernos están diciendo que correrán con los gastos. Los médicos de la AEEH saben por experiencia que ha habido restricciones en hospitales por toda España. En plena protesta de los enfermos contra el Gobierno “por dejar morir” a enfermos de hepatitis C, lo consejeros autonómicos de Sanidad escucharon esta semana los planes del ministerio contra la hepatitis C en una reunión en la que sobrevoló la necesidad que tienen las comunidades de más dinero para poder pagar los tratamientos. Andalucía y Asturias, ambas gobernadas por el PSOE, pidieron un fondo especial para hacer frente a este gasto. El resto de comunidades, del PP, no fueron tan explícitas, aunque “todas están en la misma línea”, admiten en Sanidad.

En paralelo, el Ministerio de Sanidad sigue negociando con Gilead, el laboratorio propietario de la patente de Sovaldi. Cuando apareció en el mercado, su precio se calculaba en hasta 100.000 euros por persona. Cifras no confirmadas señalan que la negociación estaría hoy en unos 25.000, el mismo precio acordado en verano con el laboratorio Janssen para otro fármaco contra la hepatitis C.

En la negociación con el Gobierno para fijar el precio es habitual que la farmacéutica ponga una cifra inicial a partir de la que se negocia, con factores que encarecen, como el grado de efectividad, los costes de producción y los retornos necesarios para seguir investigando. En este caso, quizá sería para seguir comprando patentes, a lo que se dedica el laboratorio Gilead, propietario de Sovaldi, según el estudio La Bolsa o la vida elaborado por la Plataforma de Afectados, sobre una multinacional en manos de fondos de inversión que sobrecarga en más del 1.000% un fármaco que podría costar entre 50 y 100 euros por paciente.

En su negociación con Gilead, Sanidad guarda un as en la manga, para el que en este caso el tiempo corre a su favor. El ministro Alfonso Alonso sabe que pronto se dará luz verde a otros dos fármacos contra la hepatitis C. Entonces también negociará con sus productores y espera que cuantos más fármacos disponibles haya, más fácil será rebajar sus precios.

Los sectores médico e industrial no recuerdan un precedente en que un fármaco no estuviera a disposición de los enfermos, por caro que fuese. Un precedente similar sería el tratamiento del VIH. El medicamento de última generación cuesta 4.000 euros anuales por paciente. Creen que también merece la pena pagar el de la hepatitis C: 25.000 euros frente a los 200.000 que puede costar un trasplante de hígado.