Gürtel y el congreso que aupó a Rajoy

El sumario del caso Gürtel destapa unos documentos que relacionan a Elena Sánchez Álvarez, la mujer cuya empresa organizó el congreso de Valencia que renovó el liderazgo de Mariano Rajoy al frente del PP tras la derrota electoral de 2008, con una intermediación en el festival de música Summercase en Boadilla del Monte (Madrid), por el que cobró 750.000 euros, investigada en Gürtel.

La investigación judicial ha destapado que Elena Sánchez, a su vez, pagó a una empresa relacionada con el exdiputado Jesús Merino, uno de los imputados en la trama. Además, una funcionaria del Ayuntamiento de Boadilla declaró como testigo ante el juez del caso sus sospechas sobre la organización del festival de música Summercase, que tuvo que coordinar con Elena Sánchez en lugar de con los promotores musicales del evento.

La investigación judicial ha seguido la pista de los pagos a la empresa Everland, en la que tiene participaciones el diputado del PP e imputado en el caso Gürtel Jesús Merino. El hilo de la investigación llegó hasta los pagos que hizo a esta firma, administrada por la mujer de Merino, la empresa H. Eymorich. La documentación que la administradora de Eymorich, Elena Sánchez Álvarez, envió al juez señala que pagó unos 25.000 euros a Everland y que realizó estos pagos por el asesoramiento recibido en el contrato que realizó con los promotores musicales del festival Summercase. En la documentación que ha tenido que enviar a la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria, Elena Sánchez incluye parte del contrato realizado por ella con los promotores, la empresa Sinnamon Records. En estos papeles se especifica que Elena Sánchez cobrará un 20% de los patrocinios del festival en 2008. En concreto, 650.000 euros por un patrocinio de Telefónica Móviles, 60.000 por otro de Coca Cola y otros 40.000 de Nokia. En total, 750.000 euros.

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Cesión de espacios.

Una de las testigos del caso, llamada a declarar por el juez Pedreira, relató también el papel de Elena Sánchez en el festival Summercase. Se trata de Ana María Garrido, que fue directora de Juventud del Ayuntamiento de Boadilla, quien relató que le ordenaron coordinarse con Sánchez para la organización del citado festival. El concierto se realizaba en una parcela municipal de unos 100.000 metros cuadrados por la que los promotores no pagaban nada al Ayuntamiento.

Este extremo fue denunciado en el Ayuntamiento de Boadilla por el concejal de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo, quien calculó que debido a esta circunstancia el municipio dejó de ingresar unos 400.000 euros. Además, el Ayuntamiento tuvo que pagar unos 250.000 euros en horas extras de la Policía Municipal y el dispositivo de Protección Civil que movilizó. Alternativa por Boadilla ha instado al Ayuntamiento a que reclame a Sinnamon estos gastos. Aunque el consistorio lo ha hecho ahora, no ha obtenido resultado, porque la promotora prácticamente ha desaparecido.

La testigo Garrido, según su relato al juez, se apartó de los trabajos y de la coordinación con Elena Sánchez porque su percepción es que “cuando se hace una cesión de ese suelo para una explotación durante diez años y no se paga ningún impuesto es que ahí, una de dos, o hay financiación ilegal para otro tipo de cosas o hay una comisión de por medio”, y concluye diciendo: “Lo que está claro es que el procedimiento es irregular, ¿no?, porque no se cede una parcela de 100.000 metros cuadrados a una empresa porque sí. Y ya cuando me entero de que esta mujer es la mujer de Juan Costa es cuando pienso: ‘A mí esto no me parece cristalino. Yo me retiro”. Costa fue ministro con Aznar y hoy ya está separado de Elena Sánchez.

El mismo testimonio de Garrido señala que es el alcalde ya dimitido Arturo González Panero el que presenta a Elena Sánchez como la persona que va a coordinar Summercase, y avisa al juez de que “existen unos correos electrónicos de esta señora, de condiciones..., o sea, del convenio que se firma entre el Ayuntamiento y Sinnamon”. Y añade que aunque Elena Sánchez no figura en la firma del convenio, “ella es como que está en la retaguardia, es la que organiza todo”.

Los responsables del PP acudieron al ejemplo del congreso de Valencia para ilustrar que desde Génova (la sede central del PP) ya no se contrataba a las empresas de Correa para la celebración de sus eventos.

El Ayuntamiento de Boadilla es protagonista de otros hechos que pueden llevar a imputar al tercer alcalde consecutivo de esta ciudad de los alrededores de Madrid. Tras la imputación y posterior dimisión de Arturo González Panero y su sustituto, Juan Siguero, la acusación del PSOE ha pedido al juez que llame a declarar como imputada a la actual regidora municipal, Mercedes Nofuentes, por haber firmado la concesión de la construcción del Parque del Deporte y la Salud a Constructora Hispánica por unos 30 millones de euros. La acusación se basa en un informe policial en el que desmenuza la operación y que concluye que la organización de Francisco Correa cobró 900.000 euros, como mínimo, como comisión por la adjudicación.

La policía se basó en la documentación que pudo obtener en el análisis de una hoja de cálculo en uno de los pendrive requisados en los registros del caso. La policía señala también cómo algunos de los técnicos que dieron el visto bueno a la adjudicación a Constructora Hispánica consiguieron pasar de ser personal eventual a ser nombrados para ocupar diferentes cargos en el Ayuntamiento. Alternativa por Boadilla ha hecho público que la alcaldesa Nofuentes tiene un sueldo anual de unos 81.000 euros.