Grandes casas, pequeños impuestos

Todos coincidimos en mayor o menor medida en que para salir de la crisis hace falta apretarse el cinturón; ahora bien, casi nadie desea que ese esfuerzo adicional caiga sobre sus espaldas. Son ya muchos los colectivos afectados por los recortes: desde funcionarios –que se lo digan a los 150.000 empleados públicos griegos- a pensionistas, pasando por los parados o, más recientemente y no libre de polémica, los profesores.

Ante esta situación, múltiples voces se alzan para pedir que este peso se reparta de una manera justa y equitativa, afectando en mayor medida a quienes más tienen o, dicho de otra manera, a aquellos que más pueden contribuir.

En algunos países como Francia o Estados Unidos han sido precisamente estos últimos quienes se han prestado voluntarios para contribuir a la recuperación con sus propios bolsillos. Hace días conocimos que al otro lado del charco este impuesto podría llamarse incluso tasa Buffet por el multimillonario inversor Warren Buffet, que fue quien propuso un aumento de la presión fiscal sobre las personas con mayores fortunas. Nuestro país, no obstante, es diferente. Por lo visto no solo carecemos de unas élites económicas comprometidas con la sociedad, sino que además contamos con un sistema fiscal que les ofrece múltiples subterfugios y vías de escape para evitar tener que pagar lo que realmente correspondería.

La última muestra de ello es la reciente recuperación temporal del impuesto sobre el patrimonio, cuya formulación acaba de ser puesta en entredicho por el candidato del PSOE a las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Ru-balcaba. Este gravamen, que en teoría afectaría a aquellas fortunas superiores a los 700.000 euros –excluyendo además 300.000 euros del valor de la vivienda habitual–, se ve trastocado en su efectividad por la existencia de numerosas figuras, entre las que destacan, qué duda cabe, las Sociedades de Inversión de Capital Variable (sicav).

Estas instituciones de inversión colectiva, que gozan de un tratamiento fiscal muy favorable, dan pie a numerosos fraudes en nuestro país. Y es que en muchas de ellas un único accionista posee el 99,9% del capital social, mientras que el resto de socios, indispensables para cumplir el requisito legal, se reparten el 0,1% restante.

Una mansión en la costa.

De esta forma, una sola persona o grupo familiar puede manejar al director de la gestora a su antojo. Ello le permite, por ejemplo, ordenar la compra de acciones para tomar el control de una empresa extranjera, domiciliada o no en un paraíso fiscal, cuyo único activo sea una casa. Una casa muy grande. Una mansión en la costa que podrán disfrutar a sus anchas y por la que no pagarán el IVA o el impuesto de transmisiones patrimoniales en su adquisición, y el socio mayoritario ni siquiera tendrá que tributar en el impuesto sobre el patrimonio.

El problema es que este ejemplo es muy real, y no es un caso aislado. Según nuestros cálculos, más de 2.700 sicav son sospechosas de tener carácter privado y servir a intereses particulares. Imaginen en cuántas mansiones libres de impuestos puede traducirse esta cifra.

Al igual que este, existen otros muchos trucos y mecanismos para evitar pagar por la vivienda en el impuesto sobre el patrimonio y disminuir sus cargas fiscales, siendo quizás el más extendido el de poner la propiedad a nombre de una sociedad patrimonial. Con estas condiciones, quién no querría ser propietario.

*Secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).