Familias frente al banquillo

La persecución de mis apellidos es clara. Y esa persecución está relacionada con el proceso político en Cataluña”. La declaración de Oleguer, el más pequeño del clan Pujol, es el argumento al que en los últimos meses se ha aferrado toda su familia para justificar su constante entrar y salir de los juzgados en los últimos años. No es una estrategia novedosa. Su padre, Jordi Pujol, utilizó la misma excusa en los años 80 para tumbar las acusaciones de apropiación indebida, falsedad en documento público y maquinación para alterar el precio de las cosas que presentó el Ministerio Fiscal contra él y otros 17 directivos por su gestión al frente de Banca Catalana.

El expresidente de la Generalitat decidió envolverse en la senyera y denunció una operación de Madrid contra Cataluña. Una causa general contra una nación. Dejó entonces una frase para la posteridad: “El Gobierno de Madrid, el Gobierno central concretamente, ¡ha hecho una jugada indigna! Y a partir de ahora, cuando se hable de ética, de moral y de juego limpio, podremos hablar nosotros, pero no ellos”. En ese mismo momento, el presidente guardaba ya en Andorra una fortuna de origen, cuanto menos, sospechoso. Aunque ha tratado de justificar los fondos con una herencia, ni su hermana ni su cuñado han respaldado la versión. Su procedencia, a día de hoy, sigue siendo un misterio. Es, en todo caso, el germen de un escándalo que ha acabado por llevar a media familia Pujol hasta el banquillo de los acusados.

Solo un hijo libre de cargos.

Años más tarde, bajo los mismos apellidos se acumulan decenas de imputaciones por varios de casos de corrupción. Diez de sus miembros, Jordi Pujol, Marta Ferrusola, los hijos de ambos Jordi, Oriol, Oleguer, Marta, Mireia y Pere (todos menos uno, Josep) y las esposas de los dos primeros, mantienen abiertas en la actualidad causas con la Justicia. La que en su momento fue la “honorable” primera familia catalana soporta ahora a diario los reproches (e insultos) de los mismos ciudadanos que mantuvieron a CiU en la Generalitat más de dos décadas.

No es la única saga que podría celebrar una multitudinaria cena familiar en los juzgados. En España buena parte de la corrupción se trama en la intimidad del hogar, gracias a las relaciones personales entre hermanos, hijos o padres, o surge de empresas familiares poco transparentes. Eso ha llevado a clanes enteros ante la Justicia. Los Pujol son el ejemplo más claro y actual, pero no son los únicos apellidos que han copado los telediarios en los últimos años. Los Ruiz-Mateos, que acumulan varias causas judiciales entre el padre y alguno de sus hijos, o los Núñez también cambiaron repentinamente los despachos por los tribunales.

Ninguna causa ha golpeado tanto, sin embargo, a la imagen de familia perfecta como la de los Pujol. Cuando en julio del año pasado, el ex president confesó que mantenía fondos en el extranjero desde hace 30 años, se abrió la veda contra toda la familia. El sindicato Manos Limpias le denunció junto a su esposa por delito fiscal, blanqueo de capitales y media docena más de cargos. Su empeño por identificarse como el “único responsable” no le sirvió para dejar fuera del escándalo a Marta Ferrusola ni a sus hijos. A mediados de diciembre la responsable de Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Beatriz Baflagón, imputó a la pareja y a tres de sus hijos, Marta, Mireia y Pere por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Además ha pedido que declare el mayor de los hermanos, Jordi, encargado de gestionar la fortuna durante los años 90.

Aunque no se conoce el montante total del dinero presuntamente defraudado, un informe policial habla de “ingentes cantidades” y algunas informaciones apuntan a movimientos millonarios en las cuentas bancarias de los Pujol. Solo entre diciembre de 2010 y enero de 2011 Marta Ferrusola y sus hijos movieron entre bancos más de tres millones de euros. Esas cantidades se quedan en nada, sin embargo, comparadas con algunas estimaciones de la fortuna que los Pujol podrían tener acumulada en el extranjero. Un informe policial desvelado en agosto del pasado año cifraba en 1.800 millones de euros el patrimonio de todo el clan, de los que unos 500 podrían haber pasado por Andorra.

Antes incluso de la confesión de su padre ya estaban imputados Jordi Pujol Ferrusola, y su mujer, Mercè Gironès. El origen de la investigación está en la denuncia de su exnovia María Victoria Álvarez Martín, que acusó a Pujol Ferrusola de viajar con frecuencia entre Cataluña, Andorra y Madrid para traer y llevar “bolsas y maletas llenas de billetes de 500 y 200 euros”. La investigación del juez Pablo Ruz detectó indicios de que entre 2002 y 2012 el primogénito de los Pujol había cobrado unos 7,5 millones de euros a empresas contratistas de la Generalitat por servicios de asesoría e intermediación, además de otros 10 millones por operaciones de compraventa amparadas, según la Policía, por dirigentes de CiU.

Las aspiraciones políticas de Oriol.

El primero en manchar la imagen familiar fue, sin embargo, Oriol, el quinto hijo del expresidente y el único que había seguido sus pasos. Secretario general de CiU hasta el año pasado, Oriol estaba llamado a ocupar tarde o temprano el puesto de su padre al frente del partido, primero, y de la Generalitat, después. Eso ya nunca sucederá.

En el verano de 2012, dos años antes de que estallara el escándalo de la supuesta herencia de su padre, un informe de la agencia tributaria aseguraba que Oriol Pujol había sido “colaborador necesario” de una trama encaminada a amañar los concursos de concesión relacionados con las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos catalanas. La Justicia le imputa un delito de tráfico de influencias dando cobertura política a la operación.

La presión sobre el partido por sus implicaciones internas acabó por enterrar la carrera política de Oriol. Sus gestiones habían llegado demasiado arriba. Llegó incluso a tratar algunos temas con Artur Mas, gestiones por las que, según la Policía puedo cobrar hasta 500.000 euros.

No obstante, ninguna de las cuantías que se han manejado en el caso Pujol o en el de cualquiera de sus hijos alcanza las cifras que rodean al benjamín, Oleguer. La Policía sospecha que en distintas operaciones pudo blanquear cerca de 3.000 millones de euros. Con solo 35 años, Oleguer ya adquiría a través del grupo Drago Capital edificios a una importante empresa de comunicación por 350 millones de euros o multitud de oficinas bancarias por algo menos de 2.200 millones de euros.

Como otros de sus hermanos, tras la confesión de su padre en torno a la herencia regularizó 750.000 euros que tenía en cuentas andorranas, según él, el único dinero que poseía en algún paraíso fiscal.

El único hijo no imputado por ningún delito, Josep, no se ha librado sin embargo de algunas informaciones, cuanto menos sospechosas. En verano se filtraba, al hilo del escándalo familiar, que en 2011 fue sorprendido por la gendarmería en la frontera entre Chile y Argentina en una furgoneta llena de billetes. Aunque la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía cuenta con todos los datos de la operación, hasta ahora no existe ninguna reclamación contra el tercero de los hijos de Pujol.

La caída de los Ruiz-Mateos.

Pero si una familia ha sufrido los escándalos hasta convertirla en apenas una sombra de lo que fue, esos son los Ruiz-Mateos. Empresario de éxito vinculado a los últimos años del franquismo, José María Ruiz-Mateos, el patriarca de la familia, saltó a la fama con la expropiación de Rumasa por el Gobierno español en 1983. Queda para la historia su imagen vestido de Superman y atizándole un puñetazo al entonces ministro de Economía, Miguel Boyer.

Desde entonces, ha resucitado y vuelto a caer varias veces. Su último y más espectacular intento de reflotar la compañía, con Nueva Rumasa, se saldó en 2011 con un concurso de acreedores y la reclamación por estafa de cientos de pagarés por el importe de varios millones de euros.

Hoy, el empresario, de 83 años, pasa por uno de sus peores momentos. Enfermo y acosado por decenas de causas judiciales, trata de asumir en sus propias carnes toda la responsabilidad. La estrategia es similar a la que ha puesto en marcha el expresidente Pujol: asumir las culpas para evitar salpicar a sus hijos. Tampoco él lo ha conseguido.

Además de los coletazos de Nueva Rumasa, los hijos de Ruiz-Mateos acumulan denuncias por su gestión al frente de otras empresa familiares. Los seis varones (Zoilo, José María, Alfonso, Javier, Álvaro y Pablo), porque las siete mujeres (Socorro, Patricia, Almudena, Begoña, Nuria, Rocío y Paloma) renunciaron en 2004 a todos los derechos de la herencia en beneficio de sus hermanos. Con ellos iban evidentemente las responsabilidades de la gestión. Aunque todos ellos han tratado de desviar cualquier consecuencia penal de las empresas al padre, conscientes de que a su edad es difícil que vuelva a entrar en prisión, su estrategia no ha conseguido hasta el momento eludir la acción de la Justicia. Sirve como ejemplo el caso de los ERE de Andalucía. La jueza Alaya sospecha que los hijos del empresario (y el padre, también imputado) cometieron malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias para conseguir ayudas para varias empresas vinculadas a la familia. Están imputados en el caso los seis varones.

Pero las causas se han acumulado durante los últimos años y los hijos no dejan de entrar y salir de los tribunales. La quiebra de las Bodegas Garvey, el impago del IVA en la compra de un hotel, facturas falsas para ampliar una línea de crédito... así hasta varias decenas de causas pendientes.

La decadencia de los negocios familiares no solo ha provocado problemas con la Justicia. El propio núcleo familiar se ha resentido con el tiempo y se han producido enfrentamiento entre los hermanos. Poco después del concurso de Nueva Rumasa una de las mujeres, Begoña, reclamó a los varones una cantidad multimillonaria como compensación por la herencia perdida. Su reclamación se suma a la de cientos de acreedores que en total exigen a la familia el pago de varios miles de millones de euros. 

La decadencia imparable de los clanes de los Ruiz-Mateos y los Pujol, aunque las más espectaculares por el prestigio que llegaron a acumular y el número de imputados que suman entre su prole, no son las únicas familias donde la corrupción se ha vuelto un problema común.

Núñez, del Barça a la cárcel.

Otra de las familias conocidas durante el final del siglo pasado que han acabado visitando los juzgados (y la cárcel) es la del empresario y expresidente del Fútbol Club Barcelona, José Luis Núñez. Tanto él como su hijo, también llamado José Luis, tuvieron que ingresar a finales del año pasado en prisión tras diez años de juicio y varios más de recursos infructuosos. Ambos están condenados por delitos continuados de cohecho y falsedad documental. Los Núñez sobornaron durante años a inspectores de Hacienda a cambio de que estos hicieran la vista gorda en las revisiones fiscales. Los importes defraudados, a los que no se ha hecho frente, fueron millonarios.

Otro Núñez, menos conocido que el expresidente culé, que ha arrastrado a su familia a los juzgados es el empresario leonés José Martínez Núñez. Tanto él como sus dos hijos, José Luis y  Maribel, han tenido que enfrentarse en varias ocasiones a la Justicia por diversas acusaciones que iban desde el contrabando al blanqueo de capitales o el fraude contra la Hacienda Pública.

Las cuentas con la Justicia de la familia han abarcado todo tipo de negocios, desde la compraventa de hoteles hasta las descargas no declaradas de materiales en Galicia. Sus nombres estuvieron ligados incluso a la trama Gürtel por la organización del viaje del papa Benedicto XVI a Valencia y la contratación de servicios a Aena, pero finalmente su caso se archivó.

Aunque cada vez más olvidado, hubo un momento en España en que el nombre de Sandokan (Rafael Gómez) se asociaba de forma automática a la corrupción. Fue una de las caras más conocidas de la operación Malaya, una de las mayores tramas de corrupción urbanística municipal de España. Por ese caso se le condenó a seis meses de prisión, pero no es, ni de lejos, el único en el que se ha visto implicado.

Junto a su mujer y sus cuatro hijos (Rafael, José María, Manuel y Esther) mantiene cuentas millonarias pendientes con la Hacienda Pública. Los seis están imputados por fraude. También su yerno, administrador de varias de las empresas familiares, se ha visto salpicado. Junto al matrimonio, ha tenido que responder por un delito de desobediencia al negar información de las empresas a la Justicia. El año pasado se calculaba que la deuda total de Sandokan con la Hacienda Pública rozaba ya los 70 millones de euros.

Pese a todas las imputaciones y problemas con la Justicia, Sandokan formó en 2010 un partido para presentarse a las elecciones en su Córdoba natal y logró media decena de concejalías, convirtiéndose en el principal partido de la oposición, solo por detrás del PP. Este año ya ha anunciado que volverá a presentarse.

Pese a que lo más común es que sean los hijos quienes se vean implicado junto a sus padres en las causas por corrupción, también hay casos en los que quienes se ven tentados son los hermanos o los cuñados.

Desde que comenzó el caso Nóos se ha comparado en multitud de ocasiones la responsabilidad que puede tener la infanta Cristina, y esposa de Iñaki Urdangarin, con la que afecta a la mujer del otro socio, Diego Torres, Ana María Tejeiro. Lo cierto es que la búsqueda de responsabilidades no se limita al matrimonio. Los cuñados de Torres, Marco Antonio, contable del Instituto Nóos, y Miguel Tejeiro, asesor fiscal, están, igual que su hermana, imputados en la causa. Ambos comparten junto al matrimonio las imputaciones de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, estafa, falsedad y delito fiscal.

Todo parece indicar que los apellidos sí que influyen en la corrupción. Lo que no está tan claro es que las imputaciones que acumulan varias importantes familias del país sean tanto debidas a la persecución de un clan, como a los negocios que se fraguan en las casas familiares y la cultura que sus miembros han aprendido de su entorno. Eso, como siempre, será la Justicia la que lo determine.