Euskadi olvida a sus sombras

El 23 de julio de 2011 los escoltas activos en el País Vasco y Navarra convocaron un acto de apoyo al colectivo ante el inminente final del terrorismo etarra. Después de 15 años protegiendo las espaldas de multitud de cargos públicos amenazados por la banda terrorista temían ser rechazados por una parte importante de la sociedad vasca, la que había llegado meses antes a muchos ayuntamientos de la mano de Bildu. Eran conscientes de que suponían una pieza incómoda, difícil de cuadrar en un futuro sin ETA. La crisis golpeaba con fuerza en todos los sectores y los mismos que durante años en la guerra habían servido de escudo a la democracia, se sentían daños colaterales de la paz.

El acto contó con la presencia y el apoyo de la clase política vasca y con ella llegaron las promesas: no se abandonaría a quienes habían defendido a los cargos electos de todo el País Vasco y Navarra. Entonces se barajaron distintas alternativas, desde la colocación en las cárceles una vez privatizada su gestión hasta que se encargaran de la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género. Ninguna de las opciones cuajó más allá de algunas excepciones. Su historia se fue olvidando y las reclamaciones nunca llegaron a buen puerto.

Lo cierto es que casi cinco años después su situación no ha mejorado. De los entre 3.000 y 4.000 escoltas privados que, según las distintas fuentes, llegaron a  trabajar entre Navarra y el País Vasco al servicio de cargos públicos, unos meses después del acto solo quedaban algo menos de la mitad en ejercicio. Los despidos se aceleraron y a mediados de 2012 ya eran apenas 200, asignados a cargos especialmente expuestos. Desde entonces la cifra ha ido menguando ligeramente. Eso deja más de 3.000 en la calle. La mayoría no ha conseguido aún integrarse en el mercado laboral y reclama al Gobierno una solución conjunta para el colectivo, algo que con el tiempo se ha ido desvaneciendo.

Según el Gobierno, s0lo 81 de los miles de escoltas que fueron despedidos entre 2011 y 2012 prestan servicio en la actualidad en cárceles españolas. En su respuesta a una pregunta parlamentaria el Ejecutivo explicaba hace solo unos días que nunca existió “un compromiso específico” para recolocar a estos profesionales, sino “una declaración de intenciones” que permitiera promover actuaciones para facilitar su reincorporación laboral.

Caravana a Génova.

Para llamar la atención sobre lo que consideran una traición, una asociación de antiguos escoltas, las Sombras Olvidadas de Euskadi, ha organizado una caravana hasta la capital. Los vehículos saldrán el próximo 8 de abril desde Bilbao y llegarán a Madrid un día después. Los últimos kilómetros los harán andando hasta llegar al ayuntamiento. Tienen planificadas protestas durante todo el día 9. Frente al Consistorio primero y en el Ministerio de Interior después. Su intención es terminar en Génova, ante la sede madrileña del Partido Popular.

La cara de la protesta es el presidente de la asociación, Manuel Jiménez, un cordobés de algo más de 40 años que durante ocho se convirtió en la sombra de jueces y políticos señalados por la banda terrorista. De aquella época recuerda las noches sin casi dormir o las semanas sin apenas ver a la familia. “No pasa nada. Era nuestra obligación y la cumplíamos”, explica.

Desde que en 1996 se permitió la protección de cargos público mediante escoltas privados, ninguno de los que tenían a su cargo sufrió una sola agresión ni mucho menos murió a manos del terrorismo. Nadie duda de que su trabajo fue ejemplar. “Nos dan la enhorabuena, pero eso no nos vale de nada. Solo pedimos que se nos reconozca todo ese esfuerzo y sacrificio con hechos, no con palabras”, subraya.

En 2011 fue víctima de un ERE. Regresó a Córdoba confiando en que pronto  encontrarían una solución colectiva para él y todos sus compañeros. Desde entonces no ha vuelto a trabajar. La salida más obvia, las empresas de seguridad, no es tan fácil. Los escoltas que trabajaron en el País Vasco están sobrecualificados. Después de años bregando con el terrorismo, resulta difícil ubicarles en un centro comercial vigilando la salida sin compra.

Del colectivo se calcula que solo un sector muy pequeño, en torno al 10%, ha conseguido reubicarse en el sector de la seguridad privada, emigrando al extranjero o cambiando de sector. El resto sigue en paro.

Desde el Gobierno apuntan, sin embargo, a una falta de voluntad. En la misma respuesta parlamentaria, el Ejecutivo señalaba que “conviene destacar la necesidad por parte de los escoltas de querer incorporarse a las empresas de seguridad como vigilantes, al ser este un trabajo diferente al que venían desempeñando y, en muchos casos,
 en ámbitos geográficos distintos a donde residían”.

A Jiménez todo eso le suena a excusas: “Nos dan largas. Lo llevan haciendo desde que empezamos a reclamar que cumplieran sus compromisos”. Hace solo unos meses montó la asociación junto a unos compañeros. Hoy son cerca de 200 socios, la enorme mayoría en paro desde hace varios años, y siguen buscando por toda España a escoltas que compartan su situación.

Desde entonces se han reunido con diversos altos cargos del Ministerio del  Interior. “Siempre sin resultado. Nos ocultan datos y nos transmiten que no hay ningún compromiso firme al respecto”. Su esperanza está en la tercera oleada de privatización de las cárceles que en los próximos meses tendrá lugar en las prisiones españolas. Aunque no existe aún fecha oficial para el concurso, confían en que la presión sobre el Ejecutivo permita que se dé prioridad a los antiguos escoltas a la hora de acceder a esos puestos. “A las personas, no a las empresas que los emplearon”, especifica. Son conscientes, sin embargo, de que las posibilidades son bajas.

Violencia de género.

El resto de opciones tampoco parecen demasiado halagüeñas. En el País Vasco los antiguos escoltas de la Unidad de Acompañamiento se reciclaron en la protección de víctimas de violencia de género. Bajo su protección ninguna mujer fue agredida en Euskadi. Desde las Sombras Olvidadas de Euskadi buscan no solo recuperar el servicio de escoltas en el País Vasco, sino extenderlo a toda España. “Ha habido muchas más víctimas por la violencia de género que por el terrorismo y sin embargo nadie quiere dar respuesta a este problema”, se queja Jiménez. En este caso el muro contra el que han chocado ha sido presupuestario. En plena crisis, con los recortes afectando prácticamente a todos los servicios públicos, nadie es capaz de comprometer una suma semejante para la protección de mujeres. Una y otra vez reciben la misma respuesta de todas las instituciones: “No hay dinero”.

El fracaso de estas dos opciones llevó a los escoltas a reclamar a finales del año pasado una oposición cerrada para que los escoltas que lo deseen puedan acceder a la Policía y Guardia Civil. De nuevo se encontraron con la negativa rotunda de Interior. “Argumentan que no se puede cambiar la ley, pero bien que lo hicieron en 1996, cuando era necesario para que empezáramos a proteger a cargos públicos y empresarios. Entonces no les pareció que fuese ningún problema”, afirma Jiménez. La protección de consulados o la asesoría ante el terrorismo yihadista son las otras opciones que han puesto sobre la mesa.

Su pelea ha llegado también hasta el ámbito parlamentario. Jiménez se ha reunido con la mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y ha recabado el apoyo de PSOE, Izquierda Unida, Unión, Progreso y Democracia y CiU. No les ha valido de nada. Les falta el del único partido que a día de hoy puede marcar las diferencias, el que soporta al Gobierno.

La caravana a Madrid pretende recuperar la visibilidad del colectivo. Los escoltas quieren dejar de ser sombras y que se cumplan las promesas que los mismos cargos a los que habían protegido les hicieron cuando el terrorismo de ETA parecía extinguirse y que años después, siguen sin cumplir.