¿Es justo subirle el sueldo a los funcionarios?

En medio de un contexto nacional marcado por la desolación económica, con un paro próximo al 20%, despidos masivos, quiebras de empresas, recortes de presupuestos y congelaciones salariales, ha causado un enorme revuelo que el Gobierno, tras un pacto con los sindicatos mayoritarios, haya aprobado la subida de un 0,3% del sueldo de los empleados públicos hasta final de legislatura. Este acuerdo, rubricado hace sólo unos días, en la víspera de la aprobación en Consejo de Ministros de los Presupuestos de 2010, se empezará a aplicar el año que viene y valdrá hasta 2012.

Entonces se revisará para compensar la pérdida de poder adquisitivo que previsiblemente supondrá para los funcionarios un incremento salarial tan escueto. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el último dato del IPC es del -1%, y que por tanto España se halla en una situación de deflación o bajada del coste de la vida, este aumento del 0,3% adquiere una dimensión mayor. Otro dato que alimenta la polémica es la contratación creciente por parte de las administraciones públicas. Según la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre de 2009, existen en España más de tres millones de empleados públicos (3.051.000). De ellos, 110.000 fueron contratados en los últimos doce meses, en lo más crudo de la crisis. Este dato contrasta con la situación de los asalariados del sector privado, donde durante ese mismo periodo se han destruido 1.200.000 empleos. Numerosos sectores sociales han cargado contra estas políticas, en especial las organizaciones empresariales. Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, afirmó recientemente en una entrevista radiofónica que “sobran funcionarios en España”. De la misma opinión es Victorio del Valle, director general de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que sostuvo hace unos días que era inadmisible “este sistema de personas no despedibles, cuando el conjunto de la sociedad española está reduciéndose el salario”.

“Mínimo personal posible”

La patronal catalana Pimec, en su informe anual sobre los empleados públicos en España, se expresa en términos parecidos. Sin llegar a pedir expresamente la reducción del funcionariado, afirma que la intervención de personal de las administraciones en la economía ha de ser “la mínima posible”. Sostiene que, cuando los servicios los tiene que prestar “forzosamente” el sector público, éste ha de atenerse a “criterios de eficiencia, esto es, emplear los mínimos recursos posibles (...) con el mínimo personal posible”. Modest Guinjoan, autor del informe, destaca además el enorme crecimiento del número de empleados públicos desde 2004 (20,6%), frente a los privados (8,5%), y pone como ejemplo a Cataluña, la comunidad con menos empleados públicos por habitante (40,1 por mil). Los sindicatos, por su parte, tampoco están entusiasmados por la subida del sueldo, aunque por causas muy diferentes. Para Luis Deleito, secretario general de la Federación de Empleados Públicos de USO, esta medida es “totalmente insuficiente”.

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Afirma que en las últimas décadas los funcionarios acumulan una pérdida del 20% de poder adquisitivo, y que la tasa de precariedad de los trabajadores públicos, que según su sindicato es del 25%, empieza a aproximarse a la de los trabajadores del sector privado. Por otro lado, frente a las acusaciones de políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de que “España tiene ejércitos de funcionarios administrando competencias duplicadas”, Deleito afirma: “Es posible que haya tareas duplicadas, pero eso es una cuestión de mala organización política. España tiene la mucha o poca burocracia que diseñan sus políticos”. En cuanto a los reproches por el aumento año a año del funcionariado, también en épocas de crisis, Deleito lo considera natural. “Si aumenta el tamaño del Estado porque aumenta el número de derechos y prestaciones al ciudadano, es normal que aumente el número de trabajadores públicos para poder garantizarlos”. Existen muchos autores, además, que denuncian la falsedad de la relación entre un alto porcentaje de empleados públicos y la falta de dinamismo económico. Uno de ellos es Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.

Según Navarro, el sector público en España “no es que esté sobredimensionado, sino que está subdesarrollado” por la falta de financiación pública. El motivo sería la escasez de ingresos estatales, debido a la baja presión impositiva y la magnitud del fraude fiscal, que según el Gobierno supera los 88.000 millones de euros (más del 8% del PIB). Y es que, según el último informe sobre competitividad del Foro Económico Mundial, Suecia, con un 22% de la población activa trabajando para el sector público, ocupa la cuarta posición del ranking. Le sigue Dinamarca, donde este porcentaje asciende al 26%. España, con sólo un 16% de trabajadores públicos, ocupa el puesto 33 de la lista.