El retiro dorado de los consultores autonómicos

Los cafés que rodean la plaza mayor de Mérida tienen un ilustre cliente habitual. Un sexagenario de buena planta y bien conocido en Extremadura, Juan Ignacio Barrero. Ha sido presidente del PP extremeño, del Senado, varias veces diputado regional y nacional y candidato a la presidencia de la Junta. Después de tan variada vida política, en 2013 fue repescado por el presidente José Antonio Monago para formar parte del Consejo Consultivo de Extremadura, equivalente autonómico del Consejo de Estado y al que el Gobierno autonómico se dirige si quiere un dictamen para saber si una decisión suya se ajusta a la ley. Lo normal sería que estuviera formado “juristas de reconocido prestigio”, como disponen sus reglamentos. En algunos, como los de Andalucía, País Vasco, Navarra o Cataluña, es así. En otros abundan políticos retirados que, al ser nombrados por los Gobiernos y los Parlamentos regionales, inclinan la mayoría a favor del signo político que domina en cada comunidad.

La última adquisición ha sido Ignacio Astarloa, exdiputado nacional del PP, nombrado presidente del Consejo Consultivo de Madrid, donde entre sus ocho miembros no hay más que dos que claramente tienen más lazos con el Derecho que con la política. Joaquín Leguina mantiene su cargo de consejero nato como expresidente de la comunidad –cargo al que renunció Esperanza Aguirre–.También están la exministra Cristina Alberdi, un exconsejero socialista de Sanidad, un exdiputado del PP o incluso el secretario general del Club Financiero Génova.

La designación de Astarloa por el presidente madrileño, Ignacio González, ha vuelto a levantar las protestas contra la supervivencia de unos organismos de carácter consultivo, es decir, cuyas directrices no son de obligado cumplimiento  y que, según Unión, Progreso y Democracia (UPD), en la práctica solo sirven para colocar a políticos en retirada: “Están politizados, son un cementerio de elefantes y están duplicados, porque el Consejo de Estado tiene competencias para asesorar a las comunidades”. No es solo cosa de la oposición. En el plan para reducir la Administración los consejos consultivos eran unos de los “órganos auxiliares” llamados a desaparecer. Sin embargo, solo Cantabria ha eliminado el suyo. En el otro extremo, Cataluña tiene dos: la Comisión Jurídica Asesora, que trabaja para la Generalitat, y el Consejo de Garantías Estatutarias, que resuelve dudas y conflictos planteados por Parlament y ayuntamientos.

En el Consejo extremeño, a Barrero le acompaña, entre otros, el expresidente socialista del Parlamento regional y también exsenador Federico Suárez. Leguina no es el único presidente nato en un consejo consultivo, puesto que Francisco Camps fichó por el de la Comunidad Valenciana tras dimitir como presidente de la Generalitat. Allí vuelve a estar a las órdenes de quien fue director de su tesis doctoral y hoy presidente del organismo, Vicente Garrido, y trabaja junto a un expresidente de la Diputación de Valencia y exdiputado regional del PP. Dejando a un lado las afinidades políticas por las que son elegidos, en el Consejo Consultivo de Castilla y León solo hay un consejero con trayectoria jurídica, los otros tres son políticos, empezando por el presidente, Mario Amilivia, con décadas como diputado nacional, regional y senador y puestos en la dirección del PP castellanoleonés.

Presupuestos millonarios.

No existe un patrón común sobre el número de consejeros que deben formar este órgano –de los cuatro del de Castilla y León hasta los 14 del de Andalucía– y los presupuestos globales superan el millón de euros, con diferencias entre los 1,4 millones en Castilla-La Macha y los 3,14 del Consejo de Garantías Estatutarias catalán o los 4,2 del Consejo Consultivo madrileño. Sí son más homogéneos los sueldos de sus miembros, equiparados al de un consejero regional el del presidente, y al de un viceconsejero el resto del pleno. Según la ley de presupuestos, estos sueldos se equiparan con los de un subsecretario de Estado, rondando –y, en muchos casos, superando– los 60.000 euros al año, por asistir a plenos semanales de apenas unas horas. En Galicia, por ejemplo, el presidente cobra 5.185 euros mensuales y los consejeros, 4.888.

Los consejeros se limitan a revisar y votar el trabajo de quien de verdad lleva el día a día de los dictámenes: los letrados que trabajan en los consejos consultivos, funcionarios de carrera, que en algunos casos están obligados a pasar antes por puestos de responsabilidad técnica en la administración autonómica y quienes sacan realmente el trabajo que los consejeros refrendan después. “La redacción de los dictámenes la hacen los letrados, los encargados de buscar jurisprudencia, sentencias...”, explica la secretaria general de un consejo consultivo sobre el funcionamiento de “la mayoría” de ellos: “Es el sistema mayoritario en consejos como el de Castilla-La Mancha, Galicia, Castilla y León, Canarias o Extremadura”.

Así, el dictamen sobre si una ley o proyecto son conforme a la ley no recae sobre personas como José Sanroma, conocido como camarada Intxausti cuando era secretario general del partido maoísta Organización Revolucionaria de Trabajadores, al final del franquismo y antes de ingresar en el PSOE. Fue presidente del Consejo Consultivo castellano-manchego hasta que el cambio de Gobierno en la Junta reorganizó los equilibrios. Pasó a ser consejero y su secretaria y su chófer, cesados y sustituidos por personas de confianza del nuevo presidente, Emilio Sánchez, exconsejero de la Caja de Castilla-La Mancha a quien un juez multó con 20.000 euros por “infracción muy grave” en el control de la entidad.

No es así en todos los casos, explican las mismas fuentes. En los consejos consultivos del País Vasco o en Cataluña también hay personas conocidas por su faceta política como los exdiputados Pere Jover y Joan Ridao, pero su currículum hace palidecer al de otros designados por el número de cátedras, investigaciones, libros y artículos publicados. En este caso, dicen las fuentes, son los consejeros quienes llevan el peso de los dictámenes con el apoyo de los letrados.

En algunos consejos, los miembros tienen que tener una trayectoria jurídica reconocida. Otros no ponen ese límite, como el de Madrid, de manera que es más fácil la llegada de expolíticos. En otros casos, como el de Asturias, los nombramientos casi incumplen sus propias reglas, según las cuales no podrán ser vocales “quienes militen o ejerzan funciones directivas o ejecutivas en partidos políticos”: allí hay un expresidente y un exvicepresidente del Principado, un “representante de Izquierda Unida”, como se refiere la web de esta formación a otro de los vocales, y un exdelegado del Gobierno.

Hace unos meses, la discrepancia entre el presidente Alberto Fabra y el presidente del Consejo Consultivo valenciano por un nombramiento reflejó uno de los peores hábitos de estos organismos. Fabra designó consejero al ex secretario general, destituido meses antes por dejación de funciones y “absoluto desinterés durante el traslado de sede del Consell Jurídic, del que ni se enteró”, según se comentó entonces en la institución, y a quien “solo le preocupaba cómo iba a quedar su futuro despacho en el nuevo edificio”. No importó. Fabra mantuvo a un consejero fiel en un puesto que para el afectado, como para otros muchos consejeros, no es más que “un regalo”, como denuncia UPD.