El ocaso del Valle de los Caídos

El proyecto megalómano que el dictador Francisco Franco inauguró en el Valle de los Caídos hace exactamente 50 años ha comenzado un lento y progresivo ocaso que plantea muchas incógnitas sobre su futuro. El pasado 30 de septiembre la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley (pactada entre el PSOE y el resto de grupos de izquierda) en la que se instó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a elaborar, en un plazo máximo de seis meses, un censo de todas las personas enterradas en Cuelgamuros y a facilitar “económicamente” la exhumación y traslado de aquellos cuerpos que reclamen sus familiares en el futuro. Con una celeridad de la que casi no hay precedentes, sólo un día después, el 1 de octubre, el Ministerio de Justicia y Patrimonio Nacional firmaron un convenio de colaboración, según ha podido saber Tiempo, para proceder a la digitalización del registro de enterramientos en el Valle de los Caídos. Un hecho de enorme trascendencia, porque se trata del primer paso que da el Ejecutivo para la citada exhumación de cadáveres en este controvertido lugar. Y es que desde 1959 sólo hay un precedente de exhu- mación de cuerpos (unos combatientes navarros del bando nacional), pese a las peticiones que ha habido estos últimos años de familiares de republicanos.

La Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, dependiente de Justicia, no ha perdido el tiempo desde el 1 de octubre y ya sabe el número de inhumaciones realizadas el siglo pasado, así como los cuerpos depositados y el número de identificados que serán incluidos en el futuro mapa de fosas que dejó la contienda. En total, existen 33.847 restos documentados en los tres libros de registro de muertos que los monjes benedictinos han guardado con celo estos últimos años. Una cuestión distinta -y bastante peliaguda- es lo que se va a hacer con los no identificados. La cifra que históricamente se ha barajado se sitúa en torno a 15.000 personas, pero en la práctica podría superar las 40.000, tal y como recordó el diputado popular Jorge Fernández en la citada Comisión Constitucional del Congreso. Todas estas personas sin nombre son muertos republicanos que en la década de los sesenta fueron desenterrados de sus fosas anónimas y llevados en cajas al mortuorio del Valle de los Caídos, sin el consentimiento de sus seres queridos. A su llegada se apuntó el lugar de procedencia de las cajas, pero hasta ahora nadie ha podido determinar el número exacto que hay de desconocidos.

De modo que si el Gobierno los quiere identificar mediante técnicas de ADN, el proceso se alargará irremediablemente. “Sería una tarea de varios años, porque se tendría que buscar a los familiares”, asegura el diputado socialista Juan Antonio Barrio, uno de los legisladores que más empeño ha puesto para que la ley de la memoria histórica se aplique en este lugar ligado al franquismo. Para Fernando Olmeda, autor de El Valle de los Caídos: una memoria de España, los familiares que reclamen a sus deudos, sean del bando nacional o del republicano, tienen el “legítimo derecho” de que les sean entregados los cuerpos y puedan darles sepultura donde crean oportuno.

Una pequeña parte

En todo caso, Olmeda declara a Tiempo que los exhumados serían una pequeña parte de los 33.847 cuerpos que hay allí censados. “Hay algunos del bando vencedor que van pidiendo los cuerpos, pero son una minoría muy pequeña. También hay republicanos, pero de los identificados no hay tantos. Y de los no identificados... pues sería complicado”. Por lo pronto, el PSOE ha aceptado esta semana una enmienda a los Presupuestos de 2010 para que se destinen dos millones de euros más a las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El Ejecutivo había reservado inicialmente 1,5 millones de euros para este cometido, y en una reciente respuesta parlamentaria a Gaspar Llamazares (IU) subrayó que “está trabajando ya de forma intensa” para aprobar el protocolo que fije las normas para las exhumaciones en general, tal y como le obliga la ley de la memoria histórica.

Todos estos pasos -algunos sin mucha publicidad- preocupan al PP. No por el fondo del asunto, ya que defienden el derecho de cualquier familia para conocer el paradero de sus seres queridos, sino por las formas. En opinión de Fernández, la elaboración de un censo de muertos del Valle de los Caídos cho- ca con la legislación sobre cementerios públicos y lugares de culto, cuya competencia se reparten a partes iguales las entidades locales y autonómicas. Y a su juicio, en el caso de Cuelgamuros, deberían tener voz y voto la Comunidad de Madrid, presidida por el PP, y el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, igualmente del PP. Pero donde Fernández pone más el acento es en la posibilidad de que el Gobierno esté vulnerando la ley orgánica de protección de datos con este censo, ya que la citada norma exige la privacidad de los nombres y apellidos de una persona en una lista como ésta, en cuanto un familiar así lo pidiese.

Caída de fragmentos

A esta polémica se le une otra de más calado, la del progresivo deterioro de este conjunto arquitectónico tan expuesto a las inclemencias del tiempo, con temperaturas que van de los -15ºC en invierno a otras más propias del trópico cuando llega el verano. Los problemas más acuciantes se localizan en los Evangelistas y las Virtudes que hay en la base de la imponente cruz de granito, así como en la Piedad que preside la entrada a la basílica, donde la humedad ha ido penetrando poco a poco en las piedras hasta atacar el acero con el que se sujetan. El resultado, según Patrimonio Nacional, es que en los últimos años se han desprendido “fragmentos” que han llevado a que el anexo de la base de la cruz se haya cerrado al público. En septiembre se llevó a cabo la última de las revisiones de las esculturas, pero los técnicos aún no han decidido qué hacer con ellas. La restauración sería costosa, argumenta Patrimonio, porque se tendría que montar un andamiaje completo y usar una maquinaria especial para retirar los bloques afectados, reforzar la estructura interna y sellar las juntas. Por el momento, no se plantea retirar las esculturas, pero Juan de Ávalos, hijo del escultor del mismo nombre que las erigió, estima lo contrario: “No hay ningún interés en que eso se mantenga.

Hay media España a la que le gustaría que se caiga y si no se hace nada, se caerá. Soy absolutamente pesimista”, indica a esta revista. Es más, cree que hay un proceso deliberado para “irlo cerrando poco a poco por culpa del deterioro”, algo que Patrimonio Nacional niega con vehemencia. “Las labores de rehabilitación son constantes”, apunta una portavoz de esta institución, para quien el cierre de la basílica es impensable: “En estos momentos no existe riesgo estructural”. Sin embargo, De Ávalos estudia interponer una demanda contra el Estado para reclamar un pago por los derechos de autor de las esculturas que su padre colocó en la base de la cruz. “Sería mucho dinero [en caso de indemnización], lo suficiente para restaurar el Valle”, advierte el también escultor, tras quejarse de la falta de transparencia del Ejecutivo en torno a la conservación del lugar.

Ahora que podrán empezar las exhumaciones y que el deterioro va en aumento, algunos se plantean por el sentido de esta mole de granito. El escritor y periodista Olmeda cree que la solución pasa por crear un museo sobre la historia del Valle de los Caídos. Quizás así se podría recordar a todos ellos... menos uno, Francisco Franco: el único no caído durante la fratricida contienda.