El martirio de Cristina se prolonga

Han pasado casi tres años de martirio judicial para La Zarzuela por el caso Nóos, tal y como subrayó con cierta amargura el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en su entrevista en TVE del pasado día 4, víspera del cumpleaños del rey Juan Carlos. Ante las cámaras habló con la franqueza exhibida en los correos del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que recientemente han salido a la luz y en los que Spottorno aparece como uno de los pocos directivos del banco –si no el único– en poner reparos a inversiones de dudosa rentabilidad para la entidad financiera en la que trabajó desde septiembre de 2002 hasta marzo de 2011.

El caso Nóos estalló, en realidad, hace dos años y dos meses, ya que fue en noviembre de 2011 cuando el juez José Castro ordenó el registro policial de la sede barcelonesa en la que habían trabajado Iñaki Urdangarin y Diego Torres codo con codo. Pero Spottorno lo alarga hasta los tres años porque las pesquisas judiciales de la pieza separada número 25 del caso Palma Arena empezaron antes.

Spottorno disfrutaba de unas plácidas vacaciones con su familia en la costa andaluza cuando a principios de agosto de aquel 2011 don Juan Carlos le convocó a una audiencia privada en el palacio de Marivent. Apenas habían pasado tres semanas de un auto inocuo, de apenas dos líneas de extensión, en el que el juez Castro comunicaba a Diego Torres una citación judicial en calidad de imputado. La causa estaba bajo secreto de sumario en aquel momento de julio y por tanto no saltó a la opinión pública... pero en Zarzuela saltaron las alarmas. Urdangarin se dio cuenta en Washington, donde se había instalado en 2009 con su familia, que el cerco se estrechaba y que el siguiente en ser citado podría ser él.

Fue entonces cuando el Rey decidió relevar a su jefe de la Casa, Alberto Aza, y ofrecerle el cargo a Spottorno, una persona que conocía al dedillo el funcionamiento de la institución por su etapa previa de secretario general de la Casa entre 1993 y 2002. Se había marchado a Caja Madrid justo cuando Urdangarin había empezado sus incursiones empresariales de la mano de Diego Torres.

El interrogatorio a Aza.

Una coincidencia que con el paso del tiempo ha resultado vital, porque las indagaciones del juez llegaron hasta el propio Aza, quien el año pasado tuvo que enfrentarse a un interrogatorio del juez Castro, en calidad de testigo, después de que el magistrado abriese una nueva pieza separada –declarada secreta– para dilucidar si el duque de Palma había mantenido una reunión en La Zarzuela con el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tal y como afirmaba Diego Torres en sus declaraciones ante el juez. Por fortuna para la Casa Real, esta pieza separada no ha ido a más ya que no hay constancia de tal reunión en el registro de visitas de La Zarzuela y todos los testigos preguntados por el juez han negado tal cita. Así que el relato de Torres no ha tenido más padrinos.

Spottorno ha tenido que lidiar con el devenir del caso Nóos desde su regreso a La Zarzuela y a medida que ha ido conociendo las prácticas de los duques,  primero la “conducta no ejemplar” de Urdangarin y ahora la de la infanta Cristina, se ha dado cuenta de que la codicia que conoció en Caja Madrid no se circunscribía a la entidad financiera.

Su súplica para que el magistrado concluyera su trabajo y la Audiencia de Palma pueda fijar la apertura de juicio oral, ha caído en saco roto ante la contundencia del auto de 227 páginas en el que el juez Castro ha vuelto a imputar a la infanta por los supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Respuesta en 72 horas.

En La Zarzuela no se da puntada sin hilo, y las palabras de Spottorno en la citada entrevista fueron interpretadas por algunos como un intento para que el juez exonerase a la hija del Rey. La respuesta, ya se sabe, llegó a las 72 horas en un escrito que refuta el parecer del fiscal jefe de Baleares, la abogacía del Estado, la Agencia Tributaria y los abogados de todas las partes personadas en la causa, a excepción del sindicato Manos Limpias. Incluso el representante de Diego Torres secundó la opinión mayoritaria de apartar a la infanta del caso, para así lograr también la desimputación de su esposa, Ana María Tejeiro.

La Corona se ha abstenido en esta ocasión de entrar a valorar la segunda imputación de la infanta. En la primera, que cayó de improviso ya que el fiscal Pedro Horrach se había opuesto y que apenas ocupaba 18 folios, la Casa Real manifestó su “sorpresa” y dijo que se alineaba con la tesis del fiscal.

Tal movimiento provocó que un partido tan respetuoso con la institución monárquica como el PSOE pidiese contención a La Zarzuela y que no se cuestionase el trabajo del juez instructor. Ahora la Jefatura del Estado se ha limitado a expresar su “respeto” por la decisión judicial y a dejar que el abogado de la infanta, Miquel Roca, sea el que opine sobre la situación procesal de Cristina de Borbón.

“Lo que está en juego es la imputación, no si declara o no”, subrayó Roca a los periodistas insinuando que el ir a Palma de Mallorca  a declarar en calidad de testigo sería un trago menos amargo para la hija menor de los Reyes.

Retraso en la instrucción.

Fuentes cercanas a La Zarzuela reconocen a Tiempo que la nueva imputación retrasará la instrucción “entre tres o cuatro meses”, ya que los recursos de Roca y otras partes personadas en el caso obligarán a los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Palma a pronunciarse de nuevo sobre la situación procesal de la infanta. “Si la Audiencia confirma la imputación, la infanta irá a declarar, pero es absurdo no agotar todas sus vías”, afirman. Lo que no cambiará, por el momento, es la decisión de apartar a los duques de toda actividad relacionada con la Familia Real.

La decisión de diciembre de 2011 tras la imputación de Urdangarin afectó, de hecho, también a su esposa, que en aquel momento no era investigada. Pero los últimos nueve meses, en los que el juez Castro ha escudriñado hasta el más mínimo detalle bancario de la sociedad Aizoon, han colocado a Cristina en la misma situación.

El magistrado ha analizado la participación a partes iguales del matrimonio en la citada sociedad, que se alimentaba de los fondos procedentes de Nóos y a la que cargaron gastos personales sin que luego los declararan oportunamente en el IRPF de sus respectivas declaraciones de la renta como rendimiento de capital mobiliario. La incógnita no aclarada en el auto es si superan los 120.000 euros, ya que la Agencia Tributaria aceptó unas facturas de asesoría de Nóos. Un criterio que el juez no comparte. En todo caso, la última palabra en este prolongado martirio, tal y como lo definió Spottorno, la tendrá la Audiencia Provincial de Palma. “Si acaba procesado alguno de ellos o los dos, ya se verá entonces –señalan fuentes próximas a La Zarzuela–. Entre tanto, no habrá nada más”.

El futuro de la infanta.

La Casa Real ya precisó en diciembre de 2011 que, pasase lo que pasase, Cristina no puede dejar de ser infanta por su condición de hija del Rey. Es decir, no existe ningún mecanismo jurídico para dejar de ser infanta. Un portavoz añadió, además, que nadie de la Casa del Rey ha presionado a los duques de Palma para que se divorcien o para que ella renuncie a sus derechos sucesorios, dos posibles salidas con las que pagar el peaje del caso Nóos. Como lo primero está descartado a día de hoy, la renuncia es la única alternativa.

Aquí se plantean también dos escenarios, según ha podido saber Tiempo. Que Cristina –que ocupa la séptima posición en la línea sucesoria– renuncie únicamente a sus derechos, o que lo haga incluyendo también a sus hijos –Juan, Pablo, Miguel e Irene–. La segunda opción dejaría a sus vástagos como simples ciudadanos, al margen de cualquier tratamiento protocolario que ella siempre tendrá por ser infanta.

Para renunciar a sus derechos bastaría con que se lo comunicase por escrito a su padre, el Rey, y que la Casa Real remitiese tal decisión al Parlamento. A partir de ahí existen dudas jurídicas ya que no hay precedentes. La Constitución española establece en su artículo 57.5 que las abdicaciones, las renuncias y las dudas de hecho y de Derecho relativas a la sucesión “se resolverán” por ley orgánica. Desde la Transición, ningún Gobierno se ha propuesto legislar sobre esta cuestión, pero está claro que a nadie se le puede obligar a seguir en su puesto si no lo desea.

La mayoría de los expertos en Derecho Constitucional opinan que una abdicación o renuncia debería ser aprobada mediante ley orgánica, aunque sin seguirse el procedimiento habitual de debate y aprobación por cada una de las Cámaras. Ese camino llevaría meses de tramitación, por lo que la vía rápida sería mediante lectura única. Así, la aprobación de dicha ley necesitaría la mayoría absoluta del Congreso y solo la relativa del Senado. Por lógica, la renuncia por parte de Cristina a sus derechos sucesorios llevaría implícito también el abandono del título de duquesa de Palma que el Rey le concedió tras su enlace con Urdangarin, aunque formalmente es el monarca el único que puede retirar esta condición nobiliaria.

Llenar el vacío existente.

Una consecuencia del caso Nóos de cara al futuro es el deseo del Ejecutivo de Mariano Rajoy de aprobar un Estatuto para la Familia Real cuando las aguas se hayan calmado, aunque la temperatura está subiendo hasta tal nivel que se podrían acortar los plazos. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, guarda desde la imputación de Urdangarin un borrador del citado estatuto, cuya finalidad última sería la de llenar el vacío existente para evitar situaciones como las que han creado los duques de Palma con sus polémicos negocios.

En esta futura norma, que a priori no requeriría del visto bueno del Parlamento, se definirían el estatuto jurídico, el fuero, las funciones e incompatibilidades de sus miembros, subsanando de esta forma el limbo jurídico en el que se encuentra la Corona y sus miembros desde la aprobación de la Carta Magna en 1978. Pero ya se sabe que las cosas de palacio, van despacio.