El incierto futuro de Al Kassar

El próximo día 4 de octubre, la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional se pronunciará sobre la petición del Gobierno de Estados Unidos de extraditar al presunto traficante de armas sirio Monzer Al Kassar. Al Kassar, que reside en Marbella desde hace más de veinte años y está pendiente de obtener la nacionalidad española, fue detenido en el aeropuerto de Barajas el pasado 8 de junio. La policía española respondía así a una orden de busca y captura de las autoridades de Estados Unidos, que le acusa de un delito de tráfico de armas a Colombia, además de conspiración para matar a ciudadanos y oficiales americanos, conspiración para usar y adquirir misiles antiaéreos y blanqueo de capitales. Por todo ello, piden que cumpla cadena perpetua.

Tráfico de armas

La defensa de Al Kassar, representada por el abogado José Luis Sanz Arribas, pide que se deniegue la extradición porque está basada en “un delito totalmente inexistente, provocado por ellos y porque en el caso de que hubiera que juzgarlo tendría preferencia la jurisdicción española”. El eje de la defensa de Al Kassar se basa, precisamente, en desmontar la trama por la que se acusa a su cliente de participar en una operación ilegal de venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Todo fue un montaje de la Agencia Antidroga Americana”, afirma Sanz Arribas, quien recuerda que a finales de 2006, dos agentes encubiertos de la DEA propusieron a Al Kassar una importante operación de venta de armas. Durante muchos años, Al Kassar se dedicó a la intermediación en el comercio de armas aunque de forma legal, pero según su abogado dejó esta actividad en 1995, después de que la Audiencia Nacional le absolviera de un delito de suministro de armas a los secuestradores del barco italiano Achille Lauro, caso que instruyó el juez Garzón.

Aunque los agentes de la DEA aseguraron en su momento que se identificaron como miembros de las FARC, la defensa de Al Kassar mantiene que se presentaron como enviados del Gobierno de Nicaragua. Este hecho marca una gran diferencia: la venta de armas a un grupo guerrillero o terrorista es delito, pero no lo es si se hace de forma legal a un gobierno.

“Los intermediarios contactaron con Al Kassar a través de un amigo, que le pidió que se involucrara en la operación ante la suma de dinero que podían conseguir”, asegura Sanz Arribas. Estos agentes le proporcionaron los documentos necesarios para llevar adelante la operación. Cuando iba a producirse la última reunión, Al Kassar fue detenido a su llegada al aeropuerto de Barajas: los miembros de la DEA pidieron la orden a su país y advirtieron a Interpol para que lo detuviera.

¿Montaje?

El abogado de Al Kassar sostiene que toda esta trama “es un montaje” de EE UU para conseguir su extradición. “Estados Unidos lo ha visto siempre con recelo, es un hombre influyente en los países árabes, lo han tanteado varias veces para que trabaje para ellos, él los ha rechazado y por eso han querido someterlo”, denuncia el abogado. Por eso sostiene que se trata de una extradición “manifiestamente infundada”, motivo por el que puede ser denegada la petición. Sanz Arribas dice que los documentos que se presentaron para llevar a cabo la compraventa de armas eran auténticos, que el documento de destino final señalaba al Gobierno de Nicaragua y, por tanto, la compraventa iba a ser algo legal y no se iba a cometer ningún delito. Sanz Arribas considera que se trata de un “delito provocado” e incluso “inexistente e imposible”. Añade, además, que la fábrica a la que Al Kassar hizo el encargo –Romarm, empresa de Rumania– también confirmó con Nicaragua la autenticidad de los certificados. Sanz Arribas asegura que su cliente se puso en contacto con el inspector de policía José Villarejo Pérez para pedirle consejo una vez que sospechó de la operación, “lo que no tendría sentido si la compraventa iba a ser ilegal”.

En el caso de que se considerara que Al Kassar sí cometió un delito, su abogado cree que la jurisdicción española es la preferente, puesto que es en España donde han tenido lugar los hechos. También alega el arraigo en España del acusado, importante a la hora de la extradición.

Conversaciones grabadas

Además, la defensa de Al Kassar denunció hace unos días a los agentes encubiertos de la DEA por un delito de interceptación ilegal de comunicaciones a su cliente sin la autorización de ningún juez español. Sanz Arribas sostiene que fue mediante estas conversaciones grabadas cómo los agentes descubrieron que Al Kassar avisó al inspector de policía de la operación. Eso habría provocado que los agentes de la DEA precipitaran su detención en el aeropuerto, por temor a que su plan se viniera abajo, siempre según la versión de la defensa.

“El inspector al que acudió Al Kassar le aconsejó que no fuera solo a la reunión que iba a tener lugar en Madrid. Villarejo le puso en contacto con el comisario Enrique Castaño, al que tenía que telefonear nada más llegar a Madrid para que le acompañara a la reunión. Su detención en Barajas frustró esta llamada”, relata Sanz Arribas.

Monzer Al Kassar se encuentra en prisión preventiva en régimen de aislamiento en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Según su abogado, tiene “problemas de salud que se están agravando” por el régimen de aislamiento al que está sometido. En el escrito presentado a la Audiencia Nacional, la defensa de Al Kassar alega también que las cadenas perpetuas e incluso la pena de muerte a las que se enfrentaría Al Kassar en Estados Unidos vulneran sus derechos fundamentales a no sufrir penas o tratos inhumanos o degradantes, motivos también para denegar la extradición de una persona reclamada.